Seis causas tramitadas ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso figuran en una denuncia por una eventual prevaricación judicial, tras las rebajas de condena otorgadas por el Ministerio de Justicia a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
El abogado de la Fundación Fuerza Ciudadana, Raimundo Palamara, pidió esclarecer las responsabilidades de quienes aplicaron los criterios cuestionados, aunque reconoció que existen interpretaciones contrapuestas sobre la normativa.
Tras la polémica por las rebajas de condena otorgadas por el Ministerio de Justicia a agresores sexuales de menores durante la gestión del ministro Fernando Rabat, una denuncia por eventual prevaricación judicial incluye seis causas eventualmente conocidas por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, relacionadas con estas rebajas.
La acción fue presentada por la Fundación Fuerza Ciudadana y busca establecer si hubo jueces que dictaron resoluciones contrarias a una ley expresa y vigente, sabiendo que la infringían, conducta que, de comprobarse, constituiría una “prevaricación judicial”.
El conflicto se relaciona con la reforma de 2022 que restringió estas rebajas para condenados por delitos sexuales contra menores. La discusión es si esa prohibición también corresponde aplicarla a quienes cometieron los delitos antes del cambio legal.
El abogado de la fundación, Raimundo Palamara, confirmó la inclusión de las seis causas vinculadas con Valparaíso y pidió que el Ministerio Público esclarezca las responsabilidades de quienes aplicaron los criterios cuestionados.
El representante de Fuerza Ciudadana pidió que se investigue con el mismo criterio a todas las personas que aplicaron la interpretación cuestionada, considerando que ya existe una indagatoria sobre las actuaciones del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y del exsubsecretario Luis Silva.
Sin embargo, el abogado reconoció que existen posiciones jurídicas distintas. A su juicio, el Congreso no resolvió con suficiente claridad cómo debía aplicarse la modificación a hechos y condenas anteriores, razón por la que la organización optó por presentar una denuncia y no una querella.
En esto, el abogado penalista Ariel Manríquez explicó a La Radio las sanciones que podrían aplicarse si se acredita ese delito.
Respecto del alcance de las rebajas en la región de Valparaíso, una revisión de decretos conocidos por el medio “Interferencia” habría identificado 15 beneficiados que cumplían condena en recintos penitenciarios de Valparaíso.
Cuatro casos correspondían a Limache, cuatro a Petorca y cuatro a Casablanca; los tres restantes se distribuían entre el Complejo Penitenciario de Valparaíso, la cárcel de Los Andes y el Centro de Estudio y Trabajo Camino La Pólvora.
En lo inmediato, la denuncia quedó a cargo de la Fiscalía Centro Norte, que deberá determinar si los antecedentes permiten establecer responsabilidades penales por las decisiones cuestionadas.
Fuente: BioBioChile
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