La denuncia por eventual prevaricación judicial contra los integrantes del comité que evaluó las rebajas de condenas a abusadores sexuales de menores enfrenta cuestionamientos jurídicos. Expertos advierten que acreditar este delito sería complejo, principalmente porque la instancia cumple funciones administrativas y sus integrantes no tienen la facultad de conceder directamente los beneficios.
Aunque la Fundación Fuerza Ciudadana busca establecer eventuales responsabilidades penales por la aplicación de estas rebajas, académicos sostienen que una interpretación errónea de la ley no es suficiente para configurar prevaricación y que, además, debe considerarse el papel que desempeñó la comisión en el procedimiento.
La denuncia presentada por la organización contra los integrantes del comité que evaluó las rebajas de condenas abrió un debate sobre la posibilidad de perseguir penalmente a quienes participaron en el procedimiento.
Y es que, pese a los cuestionamientos por la aplicación de estos beneficios a condenados por delitos sexuales contra menores, especialistas advierten que existen obstáculos jurídicos para acreditar una eventual prevaricación judicial.
Uno de ellos es Neftalí Carabantes, académico de la Universidad Central, quien explicó que no basta con demostrar que existió una interpretación equivocada de la normativa, sino que también debe acreditarse que los involucrados actuaron con conocimiento de estar infringiendo una ley expresa y vigente.
“Para que exista prevaricación, debe concurrir el tipo penal correspondiente y, además, especialmente, debe estar presente el elemento subjetivo de la norma, es decir, el juez debe fallar a sabiendas contra ley expresa y vigente, lo cual es muy, muy complejo”, advirtió.
De esta manera, el académico apuntó a una de las principales dificultades que podría enfrentar la denuncia: demostrar que los integrantes de la comisión actuaron deliberadamente contra la legislación y no a partir de una determinada interpretación de sus disposiciones.
El carácter administrativo de la comisión
Pero esa no sería la única dificultad. Otro de los puntos que genera dudas es la naturaleza de las funciones que desempeñaba el comité encargado de evaluar las solicitudes de rebaja de condena.
Pablo Alarcón Jaña, académico de la Universidad Finis Terrae, explicó que esta instancia forma parte de un procedimiento administrativo y que sus integrantes no tienen la facultad de otorgar directamente los beneficios.
En concreto, la comisión elabora un informe sobre las solicitudes, mientras que la decisión final corresponde a la autoridad respectiva, en este caso, el ministro de Justicia.
“Ellos elaboran una opinión, un informe, pero quien toma la decisión final es la autoridad respectiva, que en este caso es el ministro de Justicia. Entonces, en principio, no vislumbro por dónde podría estar la prevaricación de estos integrantes judiciales de esta comisión, que es administrativa y no jurisdiccional”, explicó.
Así, el cuestionamiento no solo apunta a la dificultad de acreditar una eventual actuación contraria a la ley, sino también a determinar si las funciones que cumplían los integrantes de la comisión permiten configurar el delito denunciado.
Fundación insiste en investigar responsabilidades
Pese a estas observaciones, la Fundación Fuerza Ciudadana busca que el Ministerio Público investigue la actuación de quienes participaron en el procedimiento que permitió conceder rebajas de condena a abusadores sexuales y violadores de menores.
La organización cuestiona que estos beneficios se hayan otorgado pese a la modificación legal de 2022, que excluyó de su aplicación a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
El abogado de la fundación, Maximiliano Murath, sostuvo que corresponde investigar el funcionamiento del sistema y determinar las eventuales responsabilidades de quienes intervinieron en las decisiones.
“Si ellos, desde ese momento, incumplen una ley expresa y vigente, que es la que modificó el 2022, excluyendo a este tipo de delitos, si ellos no aplican la ley, bueno, tienen que ser responsables entonces de aquella responsabilidad penal y política que les asiste”, afirmó.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Centro Norte, que deberá evaluar los antecedentes y determinar las diligencias que correspondan.
Por ahora, mientras la fundación busca establecer responsabilidades penales por la aplicación de las rebajas, los especialistas plantean dudas sobre la posibilidad de configurar prevaricación judicial, especialmente por las exigencias del delito y las atribuciones administrativas de la comisión evaluadora.
Fuente: BioBioChile
Más noticias
Únete gratis al canal de Atacama Noticias