El joven cumple una condena de 10 años en régimen cerrado y escapó durante una salida autorizada judicialmente para participar en actividades relacionadas con el bautizo de su hijo. Reinserción Social Juvenil asegura que solicitó que las salidas fueran con custodia de Gendarmería, mientras la Fiscalía cuestiona que la autorización se otorgara sin una audiencia previa en la que pudiera intervenir el Ministerio Público. La Defensoría, en tanto, sostiene que actuó dentro de sus funciones legales para favorecer la vinculación familiar.
Un adolescente condenado a 10 años de régimen cerrado por el delito de homicidio calificado se fugó durante la jornada del jueves 3 de septiembre, mientras realizaba una salida autorizada judicialmente desde el Centro de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado (IP-IRC) de Copiapó.
El hecho activó un amplio despliegue policial y abrió una investigación para establecer las circunstancias en que se produjo la evasión, además de generar un cruce de antecedentes entre los organismos que participaron o intervinieron en el proceso de autorización de la salida.
De acuerdo con los antecedentes entregados por las instituciones involucradas, el joven contaba con autorización para realizar una serie de salidas destinadas a participar en la preparación y celebración del bautizo de su hijo, en el marco del fortalecimiento de su rol paterno.
Reinserción asegura que solicitó custodia de Gendarmería
El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil informó que solicitó expresamente que las salidas autorizadas por el tribunal se realizaran con custodia de Gendarmería de Chile.
Según explicó el organismo, las salidas habían sido autorizadas conforme al artículo 130 del Reglamento de la Ley N°20.084.
Sin embargo, posteriormente la defensa del adolescente presentó una cautela de garantías. A raíz de esta acción, el tribunal resolvió que las salidas se efectuaran sin custodia de Gendarmería y sin dispositivos de sujeción, estableciendo como acompañamiento a profesionales del centro.
El Servicio sostiene que dichos funcionarios no cuentan con facultades legales ni medios materiales para impedir una eventual fuga.
Tras constatar la evasión, la institución informó que activó inmediatamente los protocolos correspondientes, comunicó la situación al tribunal, gestionó la orden de detención y se coordinó con el Ministerio Público, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones para contribuir a la ubicación y detención del adolescente.
Además, se instruyó un sumario administrativo para esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades.
El organismo reiteró su disposición a colaborar con las instituciones competentes y manifestó su compromiso con el cumplimiento de las resoluciones judiciales, la correcta ejecución de las sanciones y los estándares de seguridad y reinserción establecidos por la legislación vigente.
Fiscalía: salida fue autorizada sin audiencia previa
La Fiscalía Regional de Atacama confirmó que, tras conocer la fuga, dispuso de inmediato diligencias destinadas a lograr la ubicación y detención del condenado, además de esclarecer las circunstancias que permitieron su evasión.
El Ministerio Público puso especial énfasis en las condiciones en que se autorizó la salida.
Según la Fiscalía, esta fue concedida por el Juzgado de Garantía de Copiapó a petición de la defensa, sin que previamente se realizara una audiencia en la que pudiera intervenir el Ministerio Público.
Una vez conocida la fuga, la Fiscalía solicitó la correspondiente orden de detención y dispuso que tanto la PDI como Carabineros desarrollaran diligencias para ubicar al adolescente, incluyendo acciones dentro y fuera de la Región de Atacama.
El Ministerio Público también informó que adoptó medidas destinadas a resguardar la seguridad de víctimas y testigos vinculados al delito por el cual el joven fue condenado.
Paralelamente, se inició una investigación destinada a determinar con precisión cómo se produjo la fuga, establecer si hubo participación o facilitación de terceros y perseguir las eventuales responsabilidades penales que pudieran derivarse de los hechos.
Defensoría: actuación se ajustó a sus funciones legales
Frente a los antecedentes conocidos, la Defensoría Penal Pública Regional de Atacama entregó su propia versión respecto de la intervención de la defensa penal juvenil.
A través de un comunicado de prensa, el organismo señaló que su actuación se enmarcó en el cumplimiento de sus funciones legales, representando al adolescente en una solicitud orientada a favorecer su vinculación familiar.
La Defensoría explicó que, luego de analizar los antecedentes técnicos y de seguridad, fue el tribunal el que dispuso que la salida se efectuara con las medidas de resguardo que consideró acordes al caso.
De esta manera, la institución tomó distancia de cualquier interpretación que atribuya directamente a la defensa la decisión respecto de las condiciones materiales de seguridad de la salida, enfatizando que su intervención correspondió a la representación jurídica del adolescente.
Corte de Apelaciones solicita informe al juez
La Corte de Apelaciones de Copiapó también se pronunció sobre el caso.
El tribunal de alzada informó que, una vez que tomó conocimiento de los hechos, solicitó un informe al juez que autorizó la salida, con el objetivo de contar con los antecedentes de la causa y conocer los fundamentos de la resolución adoptada.
La medida permitirá reunir información sobre el procedimiento seguido y las consideraciones que se tuvieron a la vista al momento de autorizar las salidas y establecer sus condiciones.
En tanto, el Juzgado de Garantía de Copiapó informó que durante la misma tarde del jueves 3 de septiembre despachó una orden de detención contra el adolescente fugado.
La orden fue remitida para ser diligenciada a la brevedad por ambas policías, quedando Carabineros y la PDI a cargo de las diligencias destinadas a localizar al condenado y concretar su detención.
Con el adolescente aún siendo buscado, las distintas instituciones mantienen diligencias destinadas a establecer las circunstancias exactas de la fuga.
La investigación deberá determinar, entre otros aspectos, cómo se desarrolló la salida autorizada, cuáles fueron las medidas de seguridad aplicadas, cómo se produjo la evasión y si existió participación o colaboración de terceras personas.
A ello se suma el sumario administrativo instruido por el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil para establecer eventuales responsabilidades dentro de la institución.
Por su parte, la Fiscalía deberá determinar si los hechos configuran eventuales responsabilidades penales.
Mientras continúan las diligencias policiales y judiciales para dar con el paradero del joven, la Corte de Apelaciones espera los antecedentes solicitados al juez que autorizó la salida, mientras el Ministerio Público mantiene abierta la investigación para esclarecer completamente la evasión.
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