La Fiscalía, el SII y el CDE abrieron un nuevo capítulo en el caso SQM: recurrieron contra el fallo que absolvió a sus principales acusados y afirman que la sentencia contiene contradicciones, errores jurídicos y pruebas ignoradas.
El caso SQM se resiste a terminar. La Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Servicio de Impuestos Internos (SII) recurrieron contra la sentencia que absolvió a todos los acusados de una de las investigaciones más emblemáticas por financiamiento irregular de la política en Chile.
Los tres organismos solicitan anular el juicio y el fallo, aunque cada uno apunta a distintos acusados y delitos. Sumados los recursos, las absoluciones de las ocho personas que llegaron al histórico proceso quedan impugnadas.
El juicio comenzó el 13 de febrero de 2023 y se extendió durante 560 audiencias, hasta el veredicto absolutorio del 22 de octubre de 2025. La sentencia completa, de 4.356 páginas, recién fue entregada el pasado 5 de agosto.
Ahora será la Corte de Apelaciones de Santiago la encargada de determinar si las contradicciones, omisiones y errores denunciados son suficientes para dejar sin efecto las absoluciones y ordenar que una parte importante del caso vuelva a juicio.
SQM: Fiscalía busca repetir el juicio contra siete acusados
La Fiscalía Regional de Valparaíso presentó el recurso más amplio: un escrito de 220 páginas que apunta a Longueira, Contesse, ME-O, Valdivielso, Rozas, León y Warner. Cavieres quedó fuera debido a que su absolución fue unánime.
El Ministerio Público solicita anular el juicio y la sentencia por los delitos tributarios, cohecho y soborno incluidos en su acusación.
Interponemos este recurso de nulidad por entender que el tribunal, en su voto de mayoría, ha dictado esta resolución infringiendo las normas legales que exigen ajustarse a determinados requisitos al momento de dictación de la sentencia”, explicó la fiscal regional Claudia Perivancich.
La persecutora acusó que el fallo contiene“razonamientos contradictorios, algunos que van más allá de la lógica”, por lo que aquello que parece una fundamentación “en definitiva no es tal”.
En su recurso, la Fiscalía sostiene que la sentencia entrega una fundamentación solo aparente, no valora toda la prueba y contiene conclusiones que no podrían ser reproducidas de manera lógica por un tercero.
También cuestiona que las juezas de mayoría responsabilizaran al Ministerio Público por agrupar distintas investigaciones y realizar un solo juicio. Según la Fiscalía, esa decisión ya había sido discutida y respaldada tanto por la Corte de Apelaciones de Santiago como por la Corte Suprema.
“Menos aún puede el tribunal oral volver sobre un punto ya resuelto, con calificativos como ‘decisiones arbitrarias’ que fueron controladas jurisdiccionalmente en todas las instancias judiciales posibles”, plantea el escrito.
El organismo formula un argumento similar respecto de pruebas que la sentencia consideró ilícitas, pese a que su incorporación también habría sido discutida previamente ante un juez de garantía.
El SII cuestiona una sentencia extensa, pero sin respuestas
El Servicio de Impuestos Internos presentó su propio recurso, de 97 páginas, contra las absoluciones por delitos tributarios.
La acción incluye a Contesse, ME-O, Valdivielso, Rozas, León, Warner y también a Cavieres, pese a que esta última fue absuelta por las tres magistradas. Longueira quedó fuera porque el SII no fue acusador en la arista por cohecho y soborno.
El Servicio acusa que el fallo es enorme en extensión, pero débil al momento de explicar cómo se analizaron las pruebas y por qué se llegó a la conclusión de absolver.
“La sentencia describe, pero no valora”,sostiene el recurso, que acusa una “fundamentación aparente” y una descalificación anticipada de categorías completas de evidencia.
Uno de sus cuestionamientos apunta a las 1.810 páginas que el fallo dedica a la valoración probatoria. Según el SII, en todo ese apartado la expresión “más allá de toda duda razonable” aparece una sola vez, mientras la palabra “dolo” —un elemento central para acreditar los delitos tributarios— figura apenas en dos páginas.
El organismo también reprocha que el tribunal debilitara testimonios porque los acusadores utilizaron declaraciones anteriores para refrescar la memoria de testigos o aclarar contradicciones. Según el Servicio, se trata de una herramienta permitida expresamente por la ley y autorizada durante el propio juicio.
Asimismo, cuestiona que la mayoría utilizara el trato entregado por el SII a otras empresas y contribuyentes, que no estaban acusados en esta causa, para reforzar sus dudas sobre la responsabilidad de los imputados.
La propia sentencia, sostiene el recurso, habría reconocido que esa diferencia de trato no constituía una razón para absolver, pero después la utilizó como un elemento favorable a los acusados. Para el SII, esa es una de las contradicciones centrales del fallo.
El CDE apunta al cohecho y soborno
El recurso del Consejo de Defensa del Estado es más acotado. En sus 116 páginas, el organismo solicita anular parcialmente el juicio y la sentencia respecto de Longueira y Contesse, los dos acusados contra quienes presentó una acusación particular.
El CDE atribuía al exministro y exsenador delitos reiterados de cohecho, mientras que al exgerente general de SQM lo acusaba de soborno. Según su tesis, Contesse habría entregado beneficios económicos a Longueira mediante donaciones a fundaciones vinculadas con él y pagos canalizados a través de boletas por servicios no prestados.
A cambio, Longueira habría realizado gestiones favorables a SQM relacionadas, entre otras materias, con el royalty minero, contratos de invariabilidad tributaria, modificaciones al Código de Aguas y la industria del litio.
El Consejo cuestiona que el tribunal utilizara la excesiva duración del proceso como uno de los principales fundamentos para absolver. Según el organismo, la sentencia no ponderó correctamente la complejidad de la investigación, la cantidad de involucrados ni el enorme volumen de prueba.
También acusa que se descartaron antecedentes sobre los beneficios económicos que habría recibido Longueira y que se trataron como equivalentes correos obtenidos desde fuentes distintas, pese a que una de ellas contaba con autorización judicial.
La polémica por el correo Hotmail
Entre los puntos más llamativos aparece el valor que la mayoría dio al uso de una cuenta personal de correo electrónico por parte de Longueira. El CDE sostiene que ese antecedente fue utilizado para desvincular ciertas gestiones de su función pública y presentarlas como parte de su actividad como “líder político buscando consensos”.
El abogado y exquerellante de la causa Mauricio Daza calificó ese razonamiento como “ridículo” y “peligroso”.
“Se podría concluir que bastaría que un funcionario público se coloque de acuerdo con una persona para recibir un soborno a través de un correo electrónico no institucional para que quedara impune”, advirtió.
Daza también cuestionó que el paso del tiempo fuera utilizado para absolver, afirmando que una parte relevante de la demora se debió a actuaciones de las propias defensas.
“Esperamos que este recurso de nulidad prospere y finalmente impere el derecho frente a estas decisiones, no solamente contrarias a derecho, sino que además absurdas y que pueden marcar un precedente muy dañino para la lucha contra la corrupción en Chile”, sostuvo.
Ahora, la Corte de Apelaciones deberá escuchar a las partes y resolver si los vicios denunciados justifican repetir el proceso. Si las acciones prosperan, el emblemático caso SQM podría volver a juicio ante un tribunal distinto, más de una década después de iniciada la investigación.
El caso que cruzó dinero, política y boletas falsas
El caso SQM comenzó en 2014 como una arista de la investigación del caso Penta y terminó abriendo una ventana a los vínculos entre la minera no metálica y distintas figuras políticas.
La Fiscalía investigó aportes que habrían sido canalizados entre 2008 y 2014 mediante cientos de boletas y facturas ideológicamente falsas. De acuerdo con la acusación, los documentos fueron incorporados como gastos en la contabilidad de SQM y sus filiales, mientras los recursos terminaron financiando actividades políticas, campañas y otros fines.
Más de 240 personas fueron investigadas, pero solo ocho llegaron a juicio: Patricio Contesse, Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami, Carmen Luz Valdivielso, Marcelo Rozas, Roberto León, Cristián Warner y Marisol Cavieres.
El tribunal, integrado por María Teresa Marabolí, Claudia Santos y Carolina Paredes, los absolvió. La decisión fue adoptada con el voto en contra de Paredes, quien estuvo por condenar a todos, salvo a Cavieres.
Entre sus argumentos, la mayoría cuestionó la prueba presentada, detectó problemas en las acusaciones y concluyó que se había vulnerado el derecho de los imputados a ser juzgados dentro de un plazo razonable.
Fuente: BioBioChile