En prisión preventiva quedó el hombre detenido tras un procedimiento policial registrado en la población Pedro León Gallo, en Copiapó. Mientras la Fiscalía sostiene que el imputado apuntó y disparó contra funcionarios de Carabineros durante su huida, la defensa anunció que apelará la medida cautelar ante la Corte de Apelaciones, argumentando que el arma utilizada era de fogueo y que los cartuchos percutados eran de salva.
El Juzgado de Garantía de Copiapó decretó la prisión preventiva de un hombre formalizado por los delitos de atentado contra la autoridad, tráfico de drogas en pequeñas cantidades y porte de un arma de fogueo adaptable, tras un procedimiento desarrollado por personal del OS-9 de Carabineros.
El fiscal adjunto de SACFI Atacama, Pedro Pablo Orellana, explicó que el operativo se inició luego de una denuncia por disparos injustificados en la población Pedro León Gallo. Según expuso, cuando los funcionarios intentaron realizar un control de identidad, el imputado escapó exhibiendo un objeto que aparentaba ser un arma de fuego.
Durante la persecución, agregó el persecutor, el sujeto habría apuntado a los policías y efectuado diversos disparos en su contra, situación que obligó a Carabineros a hacer uso de sus armas de servicio para detenerlo. El imputado resultó con una lesión de mediana gravedad en una extremidad, sin riesgo vital.
Además, durante su detención se incautó un arma de fogueo de fácil adaptación para el disparo y 25 dosis de pasta base de cocaína, antecedentes por los cuales fue formalizado.
Orellana también informó que el imputado mantenía cuatro órdenes de detención vigentes: tres por causas relacionadas con tráfico de drogas en pequeñas cantidades y una por amenazas. Asimismo, indicó que en dos de esas investigaciones ya se realizaron las audiencias de preparación de juicio oral, por lo que enfrentará nuevos procesos judiciales en los próximos meses.
En atención a estos antecedentes, el tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, fijando un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación.
La defensa apelará la medida
El defensor penal público Sebastián Olivero, quien confirmó que presentará un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones para revertir la prisión preventiva.
El abogado sostuvo que, de acuerdo con los antecedentes contenidos hasta ahora en la carpeta investigativa, no existe evidencia que permita concluir que los funcionarios policiales estuvieron expuestos a un riesgo real.
Según explicó, que los cartuchos utilizados correspondían a munición de salva o fogueo.”Afortunadamente, ningún funcionario de Carabineros tuvo un riesgo cierto para su vida o su integridad física”, afirmó Olivero, agregando que ese elemento será uno de los principales fundamentos de la apelación.
El defensor indicó que la resolución del tribunal se sustentó en los criterios de peligro para la seguridad de la sociedad, argumento que, a juicio de la defensa, será objeto de revisión por el tribunal de alzada.
Asimismo, informó que solicitarán nuevas diligencias investigativas, entre ellas la obtención de registros de cámaras de seguridad del sector, con el propósito de esclarecer la dinámica de los hechos y establecer qué ocurrió antes de la detención del imputado.
Respecto de las órdenes de detención que mantenía su representado, Olivero sostuvo que su existencia no implica responsabilidad penal, recordando que toda persona mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
Finalmente, la defensa también solicitó que Gendarmería adopte medidas especiales de resguardo para el imputado, quien, según manifestó, habría recibido amenazas de terceros, petición respecto de la cual el tribunal ordenó disponer las medidas de seguridad que correspondan mientras permanezca privado de libertad.