El exmilitar Pedro Lavín Villalobos, condenado a siete años de cárcel por disparar con un fusil de guerra contra un manifestante durante el estallido social, recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago para intentar obtener su libertad condicional. Su defensa cuestiona que se le negara el beneficio pese a su buena conducta y bajo riesgo de reincidencia. El caso reabrió la discusión política sobre los indultos a uniformados condenados por hechos de 2019.
Un nuevo capítulo judicial enfrenta Pedro Lavín Villalobos, el exfuncionario del Ejército condenado por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas, luego de que su defensa presentara un recurso de amparo para revertir el rechazo de su solicitud de libertad condicional.
Los hechos que motivaron su condena ocurrieron el 20 de octubre de 2019, en la comuna de Colina, cuando el entonces cabo del Ejército disparó con su fusil de guerra contra Carlos Astudillo Ulloa, en medio de las manifestaciones del estallido social.
Según acreditó la justicia, el disparo impactó en una de las piernas de la víctima, quien cayó inconsciente y sufrió una fractura de fémur, además de lesiones en la arteria y vena femoral. El ataque también le dejó secuelas permanentes.
El episodio quedó registrado en un video que se viralizó durante los primeros días de la crisis social y se convirtió en uno de los casos investigados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
En diciembre de 2022, el Tribunal Oral en lo Penal de Colina declaró culpable a Lavín y posteriormente lo condenó a siete años de presidio efectivo. En septiembre de 2023, la Corte Suprema rechazó un recurso de nulidad presentado por su defensa, dejando firme la sentencia.
Defensa cuestiona rechazo de libertad condicional de Pedro Lavín
Ahora, el abogado Nicolás Oxman busca que la Corte de Apelaciones de Santiago revierta la decisión de la Comisión de Libertad Condicional, que nuevamente rechazó otorgar el beneficio al exmilitar.
La defensa cuestiona que la solicitud fuera desestimada pese a los antecedentes de buena conducta y bajo riesgo de reincidencia que, según sostiene, presenta su representado.
Oxman argumentó que la resolución se fundamentó en la imposibilidad de continuar un tratamiento de contención psicológica, situación que atribuyó a la falta de programas disponibles por parte del propio Estado.
“La comisión se lo negó simplemente por el hecho de que Pedro no tiene cómo continuar el tratamiento de contención psicológica”, afirmó el abogado, quien sostuvo que existen otras alternativas de acompañamiento para quienes cumplen condena bajo libertad condicional.
A juicio de la defensa, esa carencia no debería impedir que Lavín acceda al beneficio penitenciario.
Oficialismo presiona a Kast por indultos
La acción judicial también reactivó el debate político sobre los eventuales indultos a uniformados condenados por delitos cometidos durante el estallido social.
La diputada del Partido Nacional Libertario y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Gloria Naveillán, emplazó al presidente José Antonio Kast a cumplir su compromiso de campaña en esta materia.
“Nosotros estamos cansados de pedirle que cumpla con su promesa de campaña, que fue indultar a las personas que estaban privadas de libertad por casos y hechos del año 2019. Él no ha cumplido hasta ahora”, cuestionó.
El emplazamiento se produce en medio de las presiones de sectores del oficialismo que han insistido en revisar la situación de militares y policías encarcelados por su actuación durante las manifestaciones de 2019.
Oposición rechaza beneficios a condenados por violaciones a los DD.HH.
Desde la oposición, las diputadas Lorena Fries, del Frente Amplio, y Lorena Pizarro, del Partido Comunista, expresaron reparos frente a la posibilidad de conceder beneficios penitenciarios a agentes del Estado condenados por graves vulneraciones a los derechos humanos.
Pizarro defendió el cumplimiento íntegro de las condenas y rechazó que quienes cometieron este tipo de delitos puedan abandonar anticipadamente la cárcel.
“Agentes del Estado que cometen abusos, violaciones de derechos humanos, deben estar hasta el último día en la cárcel”, sentenció.
Por su parte, Fries apuntó a las exigencias legales que deben cumplir los condenados por este tipo de delitos para acceder a beneficios penitenciarios.
“En ese caso, siempre pueden tener beneficios, pero tienen requisitos más altos que los delincuentes de delitos comunes o de crímenes”, señaló la exdirectora del INDH.
En su recurso de amparo, la defensa de Lavín solicitó que la Corte de Apelaciones deje sin efecto la resolución de la Comisión de Libertad Condicional y conceda directamente el beneficio.
De manera subsidiaria, pidió que se ordene una nueva evaluación de sus antecedentes penitenciarios.
Por ahora, la acción judicial se encuentra pendiente de resolución en el tribunal de alzada capitalino.
Fuente: BioBioChile