Dejando sin efecto la autorización verbal y las diligencias desarrolladas por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI) en Los Andes, la Corte Suprema falló a favor de dos funcionarios de la Municipalidad de Llay Llay, declarando ilegal el procedimiento efectuado contra ellos. Todo esto, durante el allanamiento a la casa edilicia, que tuvo lugar hace casi dos meses, en el marco de una indagatoria por presunto fraude al fisco.
En concreto, el máximo tribunal de justicia dictó dicha resolución tras acoger el recurso de amparo interpuesto por la defensa de los funcionarios implicados.
También se ordenó restituir los objetos incautados “en el más breve plazo” y eliminarse lo obtenido de estos dispositivos.
El alcalde de Llay Llay, Edgardo González, aseguró que el fallo da cuenta “del sesgo y la poca diligencia” de la investigación.
En un caso, la Corte defendió el secreto profesional del director jurídico, Hernán Tapia, en su carácter de abogado.
En el otro, se constató que la directora de control, Gabriela Guzmán, no tenía calidad de imputada al momento de la incautación.
La parte querellante argumentó que en el caso de otros cuatro funcionarios municipales -incluido el alcalde- la legalidad de las diligencias se mantiene, rafiticada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Así lo aseguró el abogado Raimundo Palamara.
La indagación se desprende de una querella ingresada por siete delitos: además de un presunto fraude al fisco, por eventual negociación incompatible, falsedad en declaración jurada, revelación de secreto/uso de información privilegiada, soborno, cohecho y tráfico de influencias. El proceso legal se mantiene bajo reserva.
Fuente: BioBioChile