El término de “Yo elijo mi PC” abrió un nuevo flanco para el Gobierno, esta vez desde sus propias filas. Diputados de la UDI anunciaron que liderarán durante la discusión del Presupuesto 2027 una ofensiva para reponer los recursos del programa de entrega de computadores, desmarcándose de la decisión del Ejecutivo y proponiendo buscar los fondos en otros gastos del Estado, entre ellos el mal uso de licencias médicas y el presupuesto del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Se trata de una ofensiva liderada por los diputados Sergio Bobadilla, Ricardo Neumann, Eduardo Cretton, Natalia Romero y Alejandra Valdebenito,quienes adelantaron que intentarán revertir la eliminación del financiamiento para la Beca de Acceso a Tecnología, Información y Conocimiento (TIC), política conocida como “Yo elijo mi PC”.
El movimiento resulta especialmente relevante porque surge desde un partido oficialista y apunta directamente a una de las definiciones adoptadas por el Gobierno para cuadrar el Presupuesto del próximo año.
Aunque los gremialistas comparten el diagnóstico del Ejecutivo respecto de la estrechez fiscal y la necesidad de focalizar los recursos, discrepan sobre dónde debe aplicarse el recorte. A juicio de los parlamentarios, el ajuste no debería significar el término de programas educacionales como la entrega de computadores a estudiantes.
Recordemos que el proyecto de Presupuesto 2027 dejó sin financiamiento explícito a las Becas TIC, que durante este año contemplaron la entrega de computadores a 96.100 estudiantes y contaron con cerca de $35 mil millones.
De aprobarse el erario fiscal tal como fue presentado, el próximo año no habría entrega de equipos mediante esta política.
La fórmula UDI para buscar recursos
Pero los diputados no solo anticiparon que intentarán revertir la decisión de su propio Gobierno. También pusieron sobre la mesa los sectores donde, a su juicio, deberían buscarse los recursos necesarios para mantener el programa.
Uno de ellos es el gasto asociado al eventual mal uso de licencias médicas en el sector público.
Los parlamentarios citaron el último informe de la Contraloría General de la República que, según detallaron en su comunicado, detectó que 7.207 funcionarios públicos viajaron al extranjero durante 2025 pese a encontrarse con licencia médica. Estos se suman a los más de 25 mil casos detectados entre 2023 y 2024.
“Si queremos ordenar las cuentas fiscales, tenemos que partir cerrando todos los espacios donde los recursos públicos se estén malgastando o utilizando de forma irregular, de manera que los programas importantes —como los educacionales— sí tengan un financiamiento garantizado”, plantearon.
En paralelo, los diputados emplazaron al Senado a despachar el proyecto aprobado previamente por la Cámara que establece como una falta a la probidad el mal uso de licencias médicas dentro de la administración pública.
INDH también entra en la disputa
El segundo objetivo apuntado por la UDI es el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
La bancada adelantó que presentará indicaciones durante la tramitación presupuestaria para reducir significativamente los recursos destinados al organismo, cuyo presupuesto en 2027, según sus cálculos, bordearía los $16 mil millones si se mantienen niveles similares a los actuales.
“Nuestra posición respecto del INDH es conocida y vamos a insistir en reducir significativamente sus recursos a través de indicaciones”, afirmaron.
Los parlamentarios justificaron su postura acusando al organismo de mantener una actuación “ideológica” y sostuvieron que debería dejar de funcionar mientras no exista una reforma de fondo.
Gobierno defiende el recorte
La discrepancia se produce justo cuando el Ejecutivo salió a defender públicamente su decisión.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, sostuvo este viernes que las Becas TIC llevaban tiempo bajo evaluación y afirmó que el programa “ha estado mal evaluado” y “no presenta un efecto relevante en el aprendizaje”, además de mencionar problemas en su implementación.
Pero además, desde la oposición, el diputado Luis Cuello (PC) anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional para intentar impedir el término del programa, calificando la medida como “perversa” y acusando una vulneración de derechos.
Fuente: BioBioChile