El fiscal de Copiapó, Luis Miranda, detalló que la investigación detectó al menos 13 órdenes de compra con pagos irregulares y un mecanismo que involucraría a funcionarios públicos y particulares. La causa también contempla imputaciones por cohecho, asociación criminal, fraude al fisco y lavado de activos.
Más de $1.000 millones de perjuicio global es lo que, de acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, se concentra en la primera arista de una investigación por presuntos delitos vinculados a compras realizadas por organismos públicos.
El fiscal de Copiapó, Luis Miranda, explicó que durante esta jornada comenzó la formalización de los imputados y que la investigación contempla tres aristas. La primera, relacionada con operaciones de Gendarmería, ya fue expuesta ante el tribunal y concentra el mayor perjuicio económico.
Según explicó el persecutor, el Ministerio Público logró establecer un comportamiento que se habría extendido entre 2022 y 2026, revisando aproximadamente 60 órdenes de compra. De ese universo, al menos 13 presentarían vínculos con pagos irregulares.
Las imputaciones comunicadas durante la audiencia incluyen delitos de fraude al fisco, cohecho, asociación criminal y lavado de activos, dependiendo del grado de participación atribuido a cada imputado.
Compras con entrega en un día y a más de 650 kilómetros
Uno de los antecedentes abordados por la Fiscalía apunta a una empresa denominada Santa María de Buin, que habría obtenido de manera privilegiada determinadas operaciones con Gendarmería.
De acuerdo con el Fiscal, la empresa ofrecía entregar las especies en un plazo de un día, pese a encontrarse a más de 650 kilómetros de Copiapó.
La Fiscalía sostiene que este antecedente forma parte del mecanismo investigado y que se suma a otros elementos, entre ellos interceptaciones telefónicas, conversaciones por WhatsApp, transferencias bancarias y declaraciones de imputados.
El fiscal aclaró que no está en discusión que las especies adquiridas hayan llegado en términos generales a Copiapó. El foco de la investigación estaría puesto en las condiciones bajo las cuales se realizaron las compras.
Según explicó, se investiga que determinados proveedores habrían recibido información privilegiada, mantenido coordinación previa con funcionarios públicos y efectuado pagos irregulares asociados a estas operaciones.
Pero la investigación contempla además otro elemento: la Fiscalía sostiene que, después de que funcionarios de la cárcel recibían conforme determinadas mercaderías, parte de esos productos habría terminado siendo desviada hacia lugares particulares.
Durante la audiencia también se abordó la situación de una mujer de 76 años, a quien la Fiscalía atribuye participación en el delito de lavado de activos.
Según explicó Miranda, la mujer habría recibido pagos provenientes de la empresa investigada para posteriormente retirar el dinero y transferirlo a su hija el mismo día o al día siguiente.
Para el Ministerio Público, este mecanismo habría permitido ocultar el destino de los recursos, por lo que la mujer es investigada bajo la figura de un presunto testaferro.
Junto con ella, otros dos imputados, funcionarios de Gendarmería, quedaron sujetos a arresto domiciliario total y arraigo nacional . En estos últimos casos, la Fiscalía les atribuyó participación en el presunto fraude al fisco, pero por ahora no les imputó el delito de cohecho.
El persecutor explicó que la medida cautelar aplicada responde a la participación que se les atribuye y a las circunstancias particulares de cada imputado.
Entre $20 y $30 millones en pagos
Respecto del dinero que habría sido entregado de manera irregular, Miranda señaló que el Ministerio Público logró acreditar, por ahora, un monto global de entre $20 millones y $30 millones asociado a los imputados investigados en esta arista.
El fiscal precisó que esa cifra corresponde al monto global atribuido y no a una suma individual recibida por cada uno de los imputados.
La audiencia de formalización continuará durante esta jornada y se espera que se extienda hasta mediados de semana, mientras el Ministerio Público expone los antecedentes correspondientes a las distintas aristas de la investigación con antecedentes vinculadas al exSename y al Ejército.
La Fiscalía también deberá abordar posteriormente los antecedentes relacionados con las otras líneas investigativas de la causa.