“Que el Estado me notifique que me van a matar es algo tremendo”. Esa fue una de las primeras declaraciones del alcalde de San Bernardo, Christopher White, luego de ser informado de que una organización criminal planeaba atacarlo y matarlo.

La captura de “El Indio Juan” dejó más que tras las rejas a uno de los delincuentes que protagonizó una de las fugas más polémicas de los últimos años. También puso sobre la mesa una nueva preocupación en materia de seguridad: la exposición de las autoridades comunales frente al avance del crimen organizado.

Y es que, en este caso, no se trataría únicamente de amenazas o un plan al aire. Los antecedentes apuntan a un plan elaborado que habría contemplado una serie de pasos para concretar un atentado contra el jefe comunal.

El hecho podría marcar un eventual salto del crimen organizado hacia un escenario de amenaza directa contra autoridades locales. Se trata de figuras que mantienen un contacto cotidiano con los territorios y que constituyen la primera puerta de entrada de las comunidades al Estado.

La mirada que se tiene hacia el crimen organizado

Una de las motivaciones que se barajan detrás del plan de ataque estaría relacionada con la posición de la Municipalidad de San Bernardo respecto del control de dos poblaciones: Santa Rosa de Lima y San Esteban.

En sectores donde el narcotráfico y otras actividades ilícitas han logrado instalarse, cualquier intervención de las autoridades puede ser interpretada por estas estructuras como una amenaza directa a sus intereses.

Lo anterior obliga a abrir cuestionamientos sobre si es que el avance del crimen organizado solo se limita a hechos delictuales. Esto es lo que abordó precisamente el consultor internacional y experto en crimen organizado, Pablo Zeballos.

Consultado por BioBioChile, sostiene que lo ocurrido en San Bernardo refleja un fenómeno que se ha advertido no solo en Chile, sino también en distintos países de la región.

A su juicio, esto no debería medirse únicamente por la cantidad de delitos que comete ni por el nombre de la organización que está detrás de ellos.

“Creo que la verdadera medición es la capacidad que tiene el crimen organizado de disputar espacios de autoridad, de condicionar comportamiento y construir formas de control territorial.Creo que esos son los puntos en los que quizás estamos al debe en el estudio en Chile”, argumentó el experto.

En ese escenario, plantea Zeballos, que una organización criminal escale hasta el punto de intentar atacar a un alcalde evidencia algo más que la comisión de delitos: podría tratarse de actores que perciben a las autoridades como un obstáculo para sus intereses y, eventualmente, como un “competidor” en el control del territorio.

“Eso genera bastante lógica compleja, no solamente la intimidación, también la coacción en algunos casos. Y por eso es particularmente importante en el ámbito municipal, porque los alcaldes son el reflejo de las conversaciones que tienen con dirigentes vecinales y, por lo tanto, son los que tienen el contacto más directo con los territorios y normalmente son los encargados de recuperar esos espacios públicos”, sostuvo.

El experto plantea que el caso debe ser observado con especial atención, pues podría estar advirtiendo sobre la presencia de formas de gobernanza criminal y, con ello, abrir un nuevo umbral en la relación entre las organizaciones delictivas y las autoridades.

“Chile tiene que evitar precisamente llegar a ese punto, y la señal que debiera entregarse es que el Estado no puede permitirlo, y no debe significar eso limitarse exclusivamente o individualmente al caso del alcalde White, sino que hay que poner mucha atención a las amenazas que están teniendo nuestras autoridades, pero también insistiría, no solamente en las autoridades municipales, sino en nuestros líderes vecinales, que también son los primeros en ser amenazados por las orgánicas de criminalidad”, expresó Zeballos.

El debate político actual sobre la forma en que se enfrenta el crimen organizado

Esta discusión abre una arista sobre las condiciones en que alcaldes y autoridades locales deben ejercer sus funciones en comunas donde el crimen organizado mantiene una presencia relevante.

Esto adquiere especial importancia en un contexto en que el combate a la delincuencia y el fortalecimiento de la seguridad constituyen uno de los principales focos en la agenda del actual Gobierno.

Los municipios se encuentran muchas veces en la primera línea de intervención territorial: impulsan la recuperación de espacios públicos, realizan demoliciones, coordinan operativos y mantienen un contacto permanente con comunidades afectadas por la delincuencia.

En este contexto, que el Gobierno haya reforzado la seguridad de White tras conocer los antecedentes da cuenta de la gravedad atribuida a la amenaza. Al mismo tiempo, instala la necesidad de determinar oportunamente qué nivel de protección requieren aquellas autoridades que, por las funciones que desempeñan, pueden convertirse en blanco de las bandas.

Sobre este punto se refirió el exsubsecretario de Carabineros y actual director del Centro de Estudios en Seguridad de la Universidad Central, Neftalí Carabantes, en conversación con nuestro medio, quien calificó el caso de White como un punto de inflexión.

“Un verdadero parteaguas. Es la demostración concreta de que el crimen organizado está intentando condicionar o, mejor dicho, capturar decisiones de autoridades locales a nivel comunal”,explicó.

A su juicio, esta situación obliga a ampliar el debate político sobre la forma en que se enfrenta el crimen organizado. Plantea que, hasta ahora, gran parte de la discusión se ha concentrado en homicidios, encerronas, portonazos y otros delitos. Sin embargo, el caso de San Bernardo evidenciaría una dimensión distinta del fenómeno.

“Es que el crimen organizado no solamente puede matar o extorsionar a personas comunes, sino que también puede intentar intimidar a quien ejerce la autoridad del Estado en un territorio comunal como lo es el alcalde. Lo cual, en mi opinión, es mucho pero mucho más grave institucionalmente”, dijo.

A ello, agregó: “No olvidemos que entre las funciones esenciales de un alcalde está la de recuperar espacios públicos, eliminar infraestructura asociada al narcotráfico, perseguir el comercio ilícito o colaborar derechamente con la acción de las policías”.

Si bien destacó que Chile ha prestado mayor atención al crimen organizado durante los últimos cinco años y ha adoptado distintas medidas para enfrentarlo, sostuvo que aún existe una brecha entre reconocer la amenaza y contar con un sistema persecutorio estatal capaz de enfrentarla y reducirla a su mínima expresión.

“La situación que vive el país a nivel general ofrece al Gobierno una clara oportunidad para demostrar que su agenda de seguridad no es solamente una agenda de mayor castigo, sino una estrategia integral contra organizaciones criminales que, sin duda, buscan controlar territorios y desafiar la acción del Estado”, argumentó.

La preocupación común en los municipios: ¿Cuentan con las medidas de seguridad suficientes?

Desde la vereda de los alcaldes, la sensación de peligro crece y la preocupación ha ido aumentando. Que una organización criminal llegue a planificar un atentado contra uno de ellos instala una interrogante sobre el nivel de seguridad con que cuentan los municipios y su capacidad para enfrentar un escenario en que el crimen organizado eleve su nivel de amenaza.

La situación generó la condena de distintas autoridades. Alcaldes de la región Metropolitana solidarizaron con White y manifestaron una postura de firmeza frente a las amenazas.

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, afirmó que “el crimen organizado pretende gobernar mediante el miedo, pero se equivoca: no nos intimidarán ni nos harán retroceder“.

Por su parte, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, quien mantiene resguardo policial debido a un hecho investigado por la Fiscalía, sostuvo que se debe proteger “a las autoridades que están haciendo acciones en función de la seguridad de sus comunas”.

Bajo esta misma línea, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, llamó al Ejecutivo a “sentarse con la oposición y ponerse de acuerdo”, a propósito de la agenda de seguridad impulsada por el Gobierno.

En tanto, la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) emitió un comunicado en el que condenó las amenazas contra el alcalde de San Bernardo.

“Los antecedentes conocidos sobre un presunto plan para atentar contra su vida representan un hecho de extrema gravedad que exige una respuesta rápida y contundente del Estado. Ninguna autoridad local puede quedar expuesta por cumplir con su deber y enfrentar al crimen organizado en sus territorios”,señalaron.