El recurso de protección, ingresado el 12 de mayo ante la Corte de Apelaciones de Copiapó, detalla las denuncias formuladas por dos funcionarias de la Fiscalía Regional de Atacama y cuestiona el procedimiento disciplinario que terminó con la remoción del persecutor. Tras el rechazo de la acción judicia, la defensa acudirá a la Corte Suprema.
La remoción del exfiscal adjunto de Copiapó, Renán Gallardo Ángel, continúa su curso en los tribunales. La Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó el recurso de protección presentado por el expersecutor, quien buscaba dejar sin efecto las resoluciones del Fiscal Nacional que confirmaron su destitución del Ministerio Público. La defensa ya anunció que recurrirá ante la Corte Suprema para intentar revertir el fallo.
El recurso fue ingresada el 12 de mayo de 2026 y se encuentra disponible en el Portal del Poder Judicial. En ella, la defensa solicitó anular el procedimiento disciplinario que concluyó con la remoción de Gallardo, argumentando que durante la investigación se vulneraron garantías constitucionales como el debido proceso, la igualdad ante la ley y el derecho a defensa.
Las denuncias que originaron el sumario
El expediente revela que el procedimiento disciplinario se inició a raíz de denuncias presentadas por dos funcionarias de la Fiscalía Regional de Atacama, quienes atribuyeron al entonces fiscal una serie de conductas de connotación sexual ocurridas durante el desempeño de sus funciones.
Según se expone en el recurso y en los antecedentes administrativos incorporados al proceso, las denunciantes relataron episodios que incluyeron besos sin consentimiento, llamadas telefónicas fuera de la jornada laboral, acercamientos físicos considerados inapropiados, sujeción por la cintura, miradas lascivas y comentarios de carácter sexista, además de otras conductas que, a su juicio, afectaron su dignidad y generaron un ambiente laboral hostil.
Estas denuncias dieron origen a un sumario administrativo que concluyó con la aplicación de la sanción de remoción, la más grave contemplada en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público para un fiscal. Posteriormente, el Fiscal Nacional rechazó tanto la apelación como el recurso de reposición presentados por Gallardo, confirmando la decisión de destituirlo.
La postura de la defensa
En el recurso de protección, la defensa sostiene que las conductas atribuidas a Gallardo no constituyen jurídicamente acoso sexual, argumentando que nunca existió una amenaza laboral, un condicionamiento de beneficios o una relación de subordinación utilizada para obtener favores de carácter sexual.
Asimismo, cuestiona el desarrollo del procedimiento disciplinario, señalando que el fiscal investigador habría actuado sin la imparcialidad necesaria y que durante la investigación se incorporaron antecedentes respecto de los cuales no existió una posibilidad efectiva de contradicción. También afirma que se vulneró el derecho a defensa y que las resoluciones carecen de una fundamentación suficiente.
Con esos argumentos, el exfiscal solicitó que se dejaran sin efecto las resoluciones del Fiscal Nacional y que la investigación administrativa fuera retrotraída para ser conocida nuevamente por un investigador distinto o, en subsidio, que se invalidara la sanción aplicada.
El fallo de la Corte
Tras revisar los antecedentes, la Corte de Apelaciones de Copiapó resolvió rechazar la acción constitucional, manteniendo vigente la decisión administrativa que puso término a la carrera de Gallardo en el Ministerio Público. El fallo constituye un nuevo revés judicial para el exfiscal, cuya defensa decidió recurrir ante la Corte Suprema, instancia que tendrá la última palabra respecto de la legalidad del procedimiento y la permanencia de la sanción.