La presidenta de la Comunidad Indígena Diaguita Alta Cordillera, Amalia Esperanza Robles Alcayaga, interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Copiapó en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), acusando una prolongada demora en resolver denuncias relacionadas con el proyecto minero Pascua Lama, cuya clausura total y definitiva fue decretada por el propio organismo en 2018.
La acción constitucional sostiene que la SMA ha incumplido los plazos legales para pronunciarse sobre denuncias presentadas por la comunidad respecto de presuntos incumplimientos de la clausura ambiental y de nuevas actividades que, a juicio de los recurrentes, serían incompatibles con la sanción que pesa sobre el proyecto de Compañía Minera Nevada SpA.
Denuncias sin respuesta
De acuerdo con el recurso, una denuncia ingresada en abril de 2026 debía ser resuelta en un plazo máximo de 60 días hábiles, conforme a la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. Sin embargo, al vencer el plazo legal, la comunidad asegura que no recibió un pronunciamiento formal ni una resolución sobre el fondo de los hechos denunciados.
A ello se suma otra denuncia presentada en abril de 2024 que, según la acción judicial, acumula 27 meses sin resolución, pese a que la propia Superintendencia informó en su momento el inicio de una investigación.
La presentación también cuestiona que solicitudes de medidas urgentes para detener obras y suspender autorizaciones ambientales continúan sin respuesta, situación que —afirman— vulnera el deber legal de resolver expresamente las peticiones formuladas por los ciudadanos.
Preocupación por actividades en una faena clausurada
Uno de los argumentos centrales del recurso apunta a que, pese a la clausura definitiva de Pascua Lama, continúan desarrollándose actividades en el sector.
Como antecedente, la comunidad menciona el reciente aislamiento de cerca de 40 trabajadores en los campamentos Barriales y Potrerillos debido a intensas nevazones en la alta cordillera de la Región de Atacama. Para los recurrentes, este episodio evidencia que la faena mantiene actividad, lo que hace aún más urgente una fiscalización efectiva por parte de la autoridad ambiental.
“La pasividad de la Superintendencia está transformando la clausura definitiva en una formalidad sin contenido”, sostiene el recurso presentado ante el tribunal.
La comunidad indígena argumenta que la omisión de la SMA vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Asimismo, recuerda que la Corte Suprema ya había ordenado anteriormente a la Superintendencia y a Sernageomin mantener una fiscalización activa y coordinada sobre Pascua Lama, luego de detectar actividades incompatibles con el proceso de cierre del proyecto. Según los recurrentes, ese mandato no se ha cumplido de manera efectiva.
En el recurso de protección, la Comunidad Indígena Diaguita Alta Cordillera solicita que la Corte de Apelaciones declare ilegal y arbitraria la actuación de la Superintendencia del Medio Ambiente y le ordene resolver, mediante actos fundados, las denuncias pendientes, pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas y realizar una fiscalización coordinada del estado actual de Pascua Lama y de las actividades vinculadas al proyecto “Prospección Minera El Alto”.
Con la acción ya ingresada, corresponderá ahora a la Corte de Apelaciones de Copiapó resolver su admisibilidad y solicitar los informes respectivos a la Superintendencia del Medio Ambiente antes de pronunciarse sobre el fondo del caso.