El Primer Tribunal Ambiental, decidió acoger a trámite la reclamación presentada por la Comunidad Indígena Diaguita Alta Cordillera, contra la resolución del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que rechazó los recursos administrativos interpuestos respecto de la calificación favorable del proyecto “Prospección Minera El Alto”, de Compañía Minera Nevada Spa, de la empresa Barrick Gold Corporation.
Entre los argumentos de la reclamación con los que buscan impugnar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), se encuentra que el proyecto comprendería actividades que incompatibles con la clausura definitiva del proyecto Pascua Lama. Asimismo, plantean que existiría un fraccionamiento del proyecto al tramitar de forma paralela Declaración de Impacto Ambiental de esta prospección y el Estudio de Impacto Ambiental de la fase de cierre del proyecto Pascua Lama.
Afirman que en el año 2021 el titular pretendió ejecutar sondajes de prospección (los mismos que ahora denominarían como “El Alto”) que fueron declarados ilegales por la Excma. Corte Suprema.
La comunidad también cuestiona que gran parte del área del proyecto haya sido considerada como “infraestructura existente”, impidiendo una adecuada evaluación ambiental. Del mismo modo, se controvierte la evaluación de los posibles impactos sobre la criósfera, el patrimonio arqueológico, los sistemas de vida de la comunidad y diversos sitios de significación cultural.
En materia de participación indígena, la comunidad sostiene que el proyecto debió ser evaluado mediante un Estudio de Impacto Ambiental con proceso de consulta indígena. Además, objeta la delimitación del área de influencia del medio humano y la forma en que fueron abordadas las observaciones ciudadanas presentadas durante la evaluación ambiental.
Argumenta que al resolver las reclamaciones administrativas el SEA no se pronunció fundadamente sobre todas las observaciones formuladas.
La comunidad solicita que se declaren ilegales y se anulen dos decisiones: la resolución de la Dirección Ejecutiva del SEA que resolvió su reclamación administrativa y la resolución que aprobó ambientalmente el proyecto. Como primera petición subsidiaria, solicita que, además de anular ambas resoluciones, se ordene someter el proyecto a una nueva evaluación ambiental mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que incluya un proceso de consulta indígena. Como segunda petición subsidiaria, pide que se anule únicamente la resolución de la Dirección Ejecutiva del SEA y que este organismo dicte una nueva decisión. Esta deberá pronunciarse sobre todas las materias planteadas, ajustarse a derecho y considerar previamente la opinión de la Superintendencia del Medio Ambiente sobre los alcances de la clausura del proyecto Pascua Lama. Antes de resolver, deberá darse traslado a la comunidad reclamante para que formule sus observaciones.
Junto con la reclamación, la comunidad solicitó la dictación de una medida cautelar de suspensión de efectos de la RCA mientras se tramita la reclamación y hasta la dictación de la sentencia definitiva, fundada en los riesgos ambientales implicaría la ejecución del proyecto.
El tribunal acogió a trámite la reclamación y requirió informe al SEA para que explique los fundamentos de su decisión y remita los antecedentes del procedimiento administrativo. En cuanto a la medida cautelar, el tribunal se encuentra en estudio de los antecedentes para su pronta resolución.
El proyecto
El proyecto contempla la prospección minera tipo diamantina a fin de incrementar la certeza sobre el potencial del recurso metálico mediante la ejecución de sondajes mineros con el fin de delimitar el recurso y reservas mineras. Para esto, se contempla la habilitación de 43 plataformas, abarcando una superficie estimada de 212 hectáreas, con una superficie efectiva con obras de 5,04 ha.
Se localiza en la comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama, a 150 kilómetros al suroriente de la ciudad de Vallenar, en el límite con Argentina. La vida útil será de dos años, concentrada en dos temporadas (de septiembre a mayo), en consideración a las condiciones climáticas de la zona y contempla una inversión de 35 millones de dólares.