Julio Lillo Catalán, exasesor de la senadora, Camila Flores Oporto, presentó una querella criminal en contra de la parlamentaria en el marco del caso denominado informalmente “la cuota Flores”.
Según información recabada por la Unidad de Investigación de Bío Bío, el relacionador público de profesión ingresó el libelo ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso por el delito de exacciones ilegales.
El propio Lillo ya había sido parte clave de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional de Valparaíso, cuando declaró como testigo y destapó el mecanismo que se le imputa a la congresista. En aquella oportunidad afirmó que desde que recibió el primer sueldo con fondos públicos (en 2019) la entonces diputada comenzó a cobrarle “la cuota”.
El mecanismo
Fuentes que conocen al dedillo la indagatoria contra la senadora comentan a esta Unidad de Investigación que el documento legal apunta directamente al esquema detrás de la “cuota Flores”. En simple, se trata del cobro de una fracción de las remuneraciones del personal de apoyo del Congreso, a fin de solventar distintos gastos personales de Flores. Entre ellos el CAE y la compra de un vehículo, dicen los mismos consultados.
“En la oficina parlamentaria estando nuevamente los dos solos, Camila Flores me dijo que tiene muchos gastos, y en una actitud de amigos me manifiesta que está complicada y que necesita que yo le reembolse del sueldo una cantidad determinada. Me señaló que esto sería solo temporalmente hasta que ella se ordenara y que luego se iba a volver al sueldo previamente acordado, lo que nunca ocurrió”, desclasificó el propio Lillo en su declaración ante el Ministerio Público, consigna T13.
De acuerdo con su relato, en varias oportunidades debió girar dinero de emergencia por caja para luego entregárselo en la mano a Camila Flores. “Ese dinero ella lo toma y lo guarda en su cartera”, afirmó.
En trámite
Su testimonio, según comentan fuentes de este medio, forma parte clave de la indagatoria. Su declaración facilitó el camino para que en mayo de este año la fiscalía gestionara medidas intrusivas en contra de Flores. Eso se tradujo en un allanamiento en la oficina de la parlamentaria en el Senado, ejecutado por personal del OS9 de Carabineros. En la oportunidad se incautaron dos computadores y un archivero con carpetas.
Según conoció este medio, la querella fue acogida a trámite este martes por el Juzgado de Garantía de Valparaíso y los antecedentes derivados al Ministerio Público vía oficio. En ese sentido, lo más probable es que esta nueva causa se termine agrupando con la primera como una sola investigación.
BBCL Investiga contactó al entorno de la hoy cuestionada parlamentaria, no obstante optaron por no emitir ninguna declaración.
Fuente: BioBioChile