No hay margen para la ambigüedad en el diagnóstico. El preinforme reservado de la Contraloría General de la República, que se elaboró tras denuncias y presentaciones formales, entre ellas la del entonces diputado UDI Juan Fuenzalida, identifica un patrón común y que apunta al ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes haitianos a Chile bajo la figura de “reunificación familiar”, en condiciones que el propio órgano fiscalizador califica como deficientemente controladas.
Los documentos confidenciales, a los cuales tuvo acceso la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, establecen que durante el 2025, cientos de menores ingresaron al país acompañados por adultos cuya relación “no siempre fue verificada por las autoridades competentes”.
En los registros examinados, la situación es aún más crítica. Al observar las fichas de una muestra de 366 personas que ingresaron en vuelos no regulares, 333 correspondían a niños, niñas y adolescentes. Es decir, el flujo no solo fue masivo, sino que estuvo compuesto mayoritariamente por menores de edad.
Es decir, la auditoría hecha a raíz de las denuncias, detectó que no existió validación efectiva del adulto responsable que acompañaba a los menores durante el viaje ni al momento del ingreso al país. En algunos casos, derechamente, no había evidencia de que esa relación hubiese sido acreditada por la Policía de Investigaciones. Pensando que todos ellos venían en vuelos técnicamente privados, al ser vuelos no regulares sino chárter que contaban con la autorización de ruta de las autoridades chilenas.
Este flujo no se dio de manera aislada. Los antecedentes revisados permiten observar operaciones reiteradas en un periodo acotado, con traslados grupales organizados donde los menores representaban una proporción relevante de los pasajeros, configurando en la práctica un verdadero puente aéreo entre Haití y Chile bajo la figura de reunificación familiar.
Adultos sin vínculo, menores sin resguardo
Uno de los hallazgos más sensibles, incluso escalofriante, como indicó una fuente consultada para este reportaje, apunta directamente a la figura del “adulto responsable” ya que existieron personas que habitualmente actuaban como a cargo de múltiples menores en distintos vuelos, sin que se verificara de forma rigurosa el vínculo familiar o legal con ellos. ¿Quién era esa persona y por qué tenía tantos niños a cargo? Esta pregunta que nace al ver los documentos no causó duda sobre las autoridades del gobierno de Gabriel Boric.
En los registros revisados, la figura del adulto responsable no solo aparece sin validación, sino que además se repite asociada a distintos menores en distintos vuelos, sin evidencia de verificación efectiva del vínculo. Es decir, personas que figuraban a cargo de grupos de niños, en un patrón que se aleja de un proceso individual de reunificación familiar y que se aproxima más a esquemas organizados de traslado.
El patrón es consistente con esquemas observados en redes de facilitación migratoria: adultos que acompañan grupos de niños bajo un mismo expediente o trámite. De hecho, la misma fuente comentó que parecía una gira de estudio, cuando llega a otro país un profesor con un par de apoderados y una lista de niños. Claro, aquí el contexto era brutalmente distinto.
Pero el problema no termina ahí. El informe documenta que el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) no verificó los datos autorreportados por los solicitantes de reunificación familiar, incluyendo domicilios en Chile y antecedentes de los supuestos tutores.
En términos concretos, el sistema descansó en información declarada por los propios interesados, sin controles efectivos de validación.
El caso más crítico: niños viajando pese a la muerte del “tutor”
Los documentos que tuvo a la vista la Contraloría en su preinforme, incluye un antecedente claro y preciso de lo qué pasó, al encontrarse con permisos de reunificación familiar otorgados a tres menores cuyo supuesto adulto responsable había fallecido antes del viaje.
El documento detalla que el 13 de febrero de 2025 se aprobaron permisos para tres niños solicitados por su padre, todo se hizo entre Chile y Haití. Sin embargo, ese adulto murió un mes antes del ingreso de los menores a Chile. Es decir, cuando los menores llegaron al aeropuerto en el vuelo especial chárter, que no se sabe quién pagó, su padre que los reclamaba estaba muerto.
A pesar de ello, los niños igualmente viajaron. No hubo alertas, ni protocolos, ni coordinación institucional que permitiera detectar la inconsistencia.
Vuelos chárter: la ruta masiva
El flujo no fue marginal ni aislado. Los documentos establecen que una parte sustantiva de los ingresos se realizó mediante vuelos no regulares, llamados chárter, organizados fuera de los circuitos habituales de transporte comercial y con la venia de la DGAC, PDI y todos los permisos que se necesitan para este fin validados.
De las 2.792 personas que ingresaron por reunificación familiar en el periodo analizado, 1.476 lo hicieron en vuelos chárter. Las operaciones aéreas identificadas incluyen la aerolínea Galistair (vuelo GH6011), Aruba Airlines (AG01 y ZZ02-E) y Caribbean Sun Airlines.
No se trató de vuelos únicos. Los antecedentes revisados muestran operaciones reiteradas en un periodo acotado, con grupos completos trasladados en cada operación, lo que permitió el ingreso simultáneo de adultos y menores bajo un mismo esquema.
Esta última, que fue un avión Boing 737 que aterrizó en octubre de 2025, en medio de la campaña presidencial, según los documentos revisados se habría detectado que el vuelo WAL-801, de Caribbean Sun Airlines, ocurrieron múltiples irregularidades, como por ejemplo, falta de listado de pasajeros, menores sin documentación vigente y ausencia de validación del adulto acompañante. Al menos 44 menores viajaron por reunificación familiar.
Estos antecedentes evidencian que el problema no estuvo en la operación aérea en sí, sino en la ausencia de controles efectivos durante todo el proceso, desde la autorización en la embajada de Haití hasta el ingreso al país por el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez.
“Reunificación familiar”: el pretexto formal
El mecanismo utilizado para estos ingresos fue la subcategoría de residencia temporal por reunificación familiar que está establecida dentro de márgenes legales, que técnicamente debería ser claros.
En términos legales, esta figura permite a extranjeros ingresar a Chile acreditando vínculos con residentes en el país. Sin embargo, el informe establece que el sistema operó sin controles suficientes, como queda claro en los resultados de la indagatoria.
La propia Contraloría advierte que el SERMIG, que lideraba Luis Thayer Correa, no contaba con protocolos para verificar documentos clave, como certificados de nacimiento o antecedentes familiares, ni para contrastar la información con otras bases de datos.
Parte de la responsabilidad, según los antecedentes revisados, también se sitúa en la validación en origen, particularmente en la representación diplomática chilena en Haití, donde se habría procesado documentación sin mecanismos robustos de verificación.
Descoordinación institucional total
El informe describe un cuadro de desarticulación entre las instituciones encargadas del control migratorio y la protección de la infancia. En esta línea se apunta al Servicio Nacional de Migraciones, también a la Policía de Investigaciones (PDI) y a la Subsecretaría de la Niñez.
La Contraloría concluye que estas entidades no actuaron coordinadamente frente al ingreso masivo de menores haitianos. No hubo protocolos compartidos, ni intercambio oportuno de información, ni mecanismos de seguimiento posterior.
Además, se detectaron discrepancias entre los registros de la PDI y el Servicio Nacional de Migraciones, lo que impide reconstruir con precisión quiénes ingresaron, con quiénes lo hicieron y en qué condiciones.
Niños que desaparecieron ¿dónde están?
Incluso, en visitas a terreno, se constató que algunos niños ingresados no pudieron ser ubicados en los domicilios declarados.
Durante la investigación especial, la Contraloría incluyó dentro de su muestra fiscalizaciones en terreno para verificar si los menores efectivamente residían en los domicilios informados al momento de solicitar la reunificación familiar.
En ese proceso, los equipos desplegados constataron una situación que rompe la trazabilidad. Según se dejó consignado, se registraron casos de “NNA no encontrados durante la visita a terreno”, pese a que esas direcciones figuraban como destino final de los menores.
La verificación no solo dio cuenta de la ausencia física de los niños, sino también de inconsistencias en la información entregada previamente. En varios domicilios, simplemente no había rastro de los menores ni antecedentes claros sobre su paradero, en un contexto donde “el SERMIG no verificó los datos autorreportados por las personas haitianas solicitantes”, incluyendo direcciones y adultos responsables.
El hallazgo se agrava al considerar que estas constataciones se producen en un sistema que no existió algún tipo de interoperabilidad. Las conclusiones preliminares de los investigadores advirtieron que la información disponible se encuentra “en forma parcial, confusa o errónea”, lo que limita cualquier intento de seguimiento posterior.
De hecho, a la fecha de este reportaje, el paradero de decenas de niños haitianos es una incógnita total. Nadie sabe dónde están y cómo están. Técnicamente, desaparecieron de la faz de la tierra en solo semanas desde su ingreso autorizado por entidades gubernamentales.
Los documentos que se tuvieron a la vista, además, reflejaron que hubo problemas en los registros. Claro, esto se concluye ahora al revisar para atrás los expedientes. Ejemplo es que del total de registros revisados existen 499 casos sin número de documento. A esto se suma la duplicación de datos para varios menores, errores en identificación de vínculos familiares y lo más impactante, discrepancias entre registros de PDI y el Servicio Nacional de Migraciones.
Esto impide reconstruir con precisión quiénes ingresaron, con quiénes lo hicieron y en qué condiciones. En términos prácticos, explicó una fuente consultada, el Estado perdió trazabilidad sobre una parte relevante de estos ingresos.
Si bien, dentro de los documentos que tuvo a la vista la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, no existe alguna advertencia que pueda establecer que tras esto existió un hecho como trata o tráfico de menores, si los antecedentes levantados configuran un escenario de riesgo evidente y que habría estado una parte de la responsabilidad en la embajada de Chile en Haití y otra en Santiago.
En ese contexto, la hipótesis de redes de facilitación migratoria, o incluso tráfico, deja de ser marginal y debería ser urgente una investigación penal frente a estos hechos.
El Estado chileno autorizó el ingreso, facilitó el traslado e incluso registró el proceso. Pero hoy, julio de 2026, con sus propios antecedentes, no puede explicar dónde están todos los niños que dejó entrar. Tampoco quién estuvo tras esto, quién autorizó que los menores llegaran a Chile.
Fuente: BioBioChile