El Tribunal declaró admisible una querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por presuntos graves hechos de violencia ocurridos al interior del cuartel de la Policía de Investigaciones de Copiapó, donde dos adolescentes habrían sido agredidos mientras se encontraban bajo custodia policial, incluyendo denuncias de golpes y la aplicación de descargas eléctricas.
De acuerdo con los antecedentes expuestos en en el documento ingresado en el poder judicial, los hechos habrían ocurrido el pasado 16 de enero de 2026, luego de la detención de los adolescentes de 17 años y 15 años, quienes eran investigados por su presunta participación en un delito.
Asimismo, la querella incorpora la denuncia de eventuales descargas eléctricas aplicadas a uno de los menores mientras se encontraba bajo custodia policial.
Posteriormente, los adolescentes fueron trasladados hasta dependencias del cuartel policial de Copiapó, siendo llevados, según la denuncia a una habitación distinta de los calabozos, descrita por las víctimas como “una pieza azul ubicada al fondo” del recinto.
En dicho lugar, al menos cinco funcionarios policiales habrían participado en agresiones consistentes en golpes de puño y pie en distintas partes del cuerpo de ambos menores de edad.
La querella además sostiene que uno de los adolescentes perdió el conocimiento producto de los golpes recibidos. Asimismo, se denuncia que el menor de 15 años habría sido sometido a descargas eléctricas en sus genitales, situación que habría ocurrido en presencia de la otra víctima.
La acción judicial busca que se adopten medidas de protección frente a lo que califican como graves vulneraciones a los derechos fundamentales de los adolescentes, especialmente considerando su condición de menores de edad bajo custodia del Estado.
Tras revisar los antecedentes iniciales, el tribunal resolvió declarar admisible el recurso, lo que permite su tramitación formal. Asimismo, se solicitaron informes a las instituciones involucradas y se iniciarán las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.
De confirmarse los antecedentes denunciados, los hechos podrían derivar en investigaciones penales