Un grupo de diputados de oposición solicitó al presidente de la Cámara, Jorge Alessandri Vergara, que presente una querella contra la exdiputada y actual senadora Camila Flores por un eventual mal uso de recursos destinados a la función parlamentaria.
La petición fue realizada mediante una carta enviada por Luis Cuello (PC) y firmada también por los parlamentarios Gael Yeomans (FA), Juan Santana (PS), Ana María Gazmuri (AH) y Bernardo Salinas (PC), quienes invocan las facultades legales del titular de la Corporación para ejercer acciones penales en casos de presunto uso indebido de fondos públicos.
A través del documento, los parlamentarios pidieron ejercer la acción penal en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional de Valparaíso en torno a Flores por presuntos delitos funcionarios, entre ellos fraude al fisco reiterado. Lo anterior, tras una denuncia anónima recibida en octubre de 2025, hechos por los cuales Flores es indagada por la Unidad Regional Anticorrupción, con diligencias a cargo del OS9 de Carabineros y bajo carácter de reserva.
Asimismo, los parlamentarios citan antecedentes publicados por la prensa, donde se indica que el presunto mecanismo habría operado mediante el uso irregular de asignaciones parlamentarias durante los dos periodos de Flores, alcanzando montos cercanos a los $300 millones.
La investigación que envuelve a Camila Flores
La denuncia presentada en 2025 apuntó a presuntos sueldos pactados y acuerdos con dineros públicos, afirmando que la entonces diputada Camila Flores se habría apropiado de remuneraciones de sus trabajadores.
En este contexto, el Ministerio Público ya ha realizado diligencias y tomado declaraciones a colaboradores de la parlamentaria, según dio a conocer T13.
“Este mecanismo, al que incluso los propios trabajadores del Congreso han denominado informalmente como ‘la cuota Flores’ consiste en lo siguiente: a trabajadores contratados con cargo a su equipo parlamentario se les exige entregar a la diputada una parte significativa de sus sueldos en efectivo”, es parte de la declaración de un excolaborador de la legisladora.
En la carta, los diputados sostienen que, conforme a la Ley Orgánica del Congreso Nacional y al Reglamento de la Corporación, el presidente de la Cámara tiene la obligación de denunciar hechos que puedan constituir delito y que estén vinculados al uso indebido de recursos públicos asociados a la función parlamentaria.
Por ello, solicitaron que la misiva sea incorporada en la cuenta de la sesión ordinaria de este lunes 13 de abril y que se concrete la presentación de una querella por los eventuales delitos de fraude al fisco y apropiación indebida.
Finalmente, los firmantes argumentan que los hechos no se encuentran prescritos, por lo que —a su juicio— corresponde avanzar en acciones judiciales desde la propia Cámara de Diputadas y Diputados.
La diputada Ana María Gazmuri señaló a radio Bio Bio que “me parece de la máxima gravedad lo que hemos conocido, independiente de que sea esa diputada actual senadora, sino que hubiera sido cualquier persona, de cualquier color político”.
“Por lo que hemos conocido por los medios -la justicia será la que tendrá que investigar y determinar cuáles fueron los hechos-, pero lo que hemos conocido es un verdadero mecanismo de defraudación porque eso es, haciendo que personas que trabajaban para ella a las que se les pagaba un sueldo, ella les cortaba la cola o, más bien la cola era lo que les daba, porque se quedaba, parece que con una parte importante”, añadió.
Fuente: BioBioChile