El juicio oral relacionado con presuntos actos de corrupción en la Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla ha comenzado hoy, 22 de abril de 2024, en Copiapó. Se espera que este proceso tenga una duración de al menos seis meses.
Nueve imputados, investigados por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, enfrentan cargos que incluyen fraude al fisco, cohecho, soborno, negociación incompatible, obstrucción a la investigación y asociación ilícita relacionados con actividades ocurridas en la Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla.
Durante el juicio oral, el abogado defensor del ex edil Mario Morales, José Henríquez Muñiz, indicó a nuestro medio de comunicación que su representado va a prestar declaraciones en la causa, como lo ha hecho anteriormente, ” Aquí no tenemos nada que ocultar respecto de los hechos de materia de acusación. En ese sentido, hay interpretaciones y elementos jurídicos que nos parecen diversos respecto a lo que establece la fiscalía. De acuerdo con los antecedentes de la carpeta de investigación, la acusación en sí excede por muchos los antecedentes. Por lo tanto, la responsabilidad de mi representado no es y no se armoniza con lo que está pidiendo el Ministerio Público”, señaló Henríquez.
“Vamos a hacer nuestras alegaciones en el alegato de apertura, y posteriormente mi representado va a prestar declaraciones la próxima semana, donde esclareceremos los hechos tal cual como fueron”, indicó José Henríquez Muñiz.
El juicio continuará con las respectivas declaraciones y alegatos de las partes involucradas en las próximas semanas.
Ministerio Público
De acuerdo con los antecedentes investigativos de la Fiscalía Local, es que a partir de la fecha en que asumió como alcalde suplente el acusado, Mario Morales Carrasco, luego de prometer beneficios económicos a cuatro concejales de Tierra Amarilla a cambio de sus votos dentro del Concejo Municipal, comenzaron a sucederse acciones irregulares referidas al pago de coimas en los procesos de adjudicación de proyectos. Actos de corrupción que generaron un grave perjuicio económico a las arcas municipales y que fueron formalizados por el fiscal de la causa en julio del año 2020.
El exalcalde suplente de Tierra Amarilla, junto a un grupo de cercanos colaboradores también funcionarios de esta casa edilicia, un ex trabajador del municipio y cuatro contratistas; se concertaron para la asignación irregular de proyectos de mantención y ejecución de obras, licitaciones que eran definidas a cambio de coimas en dinero en efectivo que eran sustraídas de los precios artificialmente aumentados de los costos de cada obra.
El Ministerio Público sostiene que los hechos involucran montos significativos y solicita penas considerables para los acusados, incluyendo más de 36 años de cárcel para Morales.
Al respecto, el Fiscal de la causa Luis Miranda, señaló que son 12 hechos, más de 300 años de pena para los distintos intervinientes, estamos hablando de un monto asociado a contrato por 1.300 millones de pesos y un monto de coima vinculado a un monto que determinó la BICRIM de 300 millones aproximadamente:”
El proceso judicial continuará con las declaraciones y alegatos correspondientes en las próximas semanas, mientras el Ministerio Público presentará pruebas adicionales que respalden sus acusaciones.
Durante el proceso del juicio el Ministerio Público incorporará distintas pruebas, esta es una investigación que se gestó durante el año 2020 por parte de la unidad de causas complejas, a cargo por el fiscal Christian González, generándose orden de detención masiva, formalizando a los involucrados.
A solicitud de dos defensores de los implicados, se ha pedido a los magistrados que la prensa se abstenga de divulgar las imágenes de los acusados durante el transcurso de la audiencia de juicio oral. Esta petición se fundamenta en el principio de presunción de inocencia, el cual garantiza que todo individuo sea considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario. El objetivo es preservar la integridad y la dignidad de los imputados, evitando cualquier prejuicio que pueda surgir de una exposición pública antes de que se haya dictaminado un veredicto.
