La acción judicial fue admitida a trámite y remitida a la Fiscalía Local de Copiapó. El INDH acusa presuntos apremios ilegítimos contra un adolescente de 16 años durante un procedimiento ocurrido al interior del Centro de Internación de Régimen Cerrado de la capital regional.
Una querella criminal presentada por el abogado Jorge Puelles Godoy, en representación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), por el delito de presuntos apremios ilegítimos contra un adolescente de 16 años al interior del Centro de Internación de Régimen Cerrado (IP-IRC) de Copiapó, fue declarada admisible y admitida a tramitación por el tribunal.
La resolución judicial establece que la querella cumple con los requisitos contemplados en el artículo 113 del Código Procesal Penal y ordena que los antecedentes sean remitidos de inmediato a la Fiscalía Local de Copiapó, junto con la documentación acompañada, para los fines legales correspondientes.
Adolescente habría sido golpeado durante intervención
Los hechos denunciados se remontan al 6 de julio, cuando se registró un altercado entre un grupo de jóvenes al interior del recinto.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por el INDH en la querella, entre los involucrados se encontraba un adolescente de 16 años, quien al momento del ingreso de funcionarios de Gendarmería habría adoptado una posición de sometimiento, colocándose de pie frente a una pared.
Según el relato incorporado en la acción judicial, pese a esta conducta, uno de los funcionarios habría golpeado al adolescente en la cabeza, provocando que su frente impactara contra el muro.
La querella sostiene además que durante la intervención se habría utilizado gas pimienta, afectando al adolescente y a otros jóvenes que se encontraban en el sector.
Para el INDH, los antecedentes podrían configurar el delito de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, contemplado en el artículo 150 D del Código Penal.
Traslado para constatar lesiones
Horas después del procedimiento, el adolescente habría sido trasladado hasta el Servicio de Alta Resolutividad de Paipote para constatar posibles lesiones.
La querella señala que el joven ingresó al box de atención acompañado por funcionarios de Gendarmería y que presentaba inflamación en la zona de la frente.
El organismo sostiene que el profesional médico que realizó la atención no habría informado al adolescente respecto del resultado del examen físico.
Tribunal remite antecedentes a Fiscalía
Tras analizar la presentación realizada por el INDH, el tribunal resolvió que la querella cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 113 del Código Procesal Penal, por lo que la admitió a tramitación y la declaró admisible.
En consecuencia, ordenó su remisión inmediata, junto con los documentos acompañados, a la Fiscalía Local de Copiapó, de acuerdo con lo establecido en el artículo 112 del Código Procesal Penal.
De esta manera, será el Ministerio Público el encargado de dirigir la investigación y determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos denunciados, además de establecer eventuales responsabilidades penales.
Tribunal rechaza por ahora prohibición de acercamiento
Uno de los puntos solicitados por la representación del INDH correspondía a una medida de prohibición de acercamiento respecto de los funcionarios involucrados.
Sin embargo, el tribunal resolvió no dar lugar a esta solicitud debido a que la medida había sido planteada de manera genérica y los funcionarios respecto de quienes se pretendía aplicar aún no se encontraban debidamente individualizados.
No obstante, la resolución deja abierta la posibilidad de que dicha medida pueda solicitarse nuevamente una vez que se determine la identidad de las personas respecto de quienes se pretende hacer efectiva.
En cuanto a las demás medidas solicitadas por el abogado querellante, el tribunal indicó que deberán ser requeridas directamente al Ministerio Público, por corresponder a la Fiscalía evaluar y adoptar aquellas diligencias y medidas de protección que estime pertinentes durante la investigación.
Investigación deberá determinar responsabilidades
El tribunal también tuvo por acompañados los documentos presentados junto con la querella y tuvo presente la delegación de poder efectuada a los abogados Maykol Saavedra Pangue y Daniela Del Valle Pinto.
La causa continuará ahora en sede del Ministerio Público, que deberá investigar los hechos denunciados, determinar las circunstancias del procedimiento realizado al interior del recinto y establecer si existieron conductas constitutivas de delito.
La querella sostiene que los hechos denunciados podrían constituir apremios ilegítimos, especialmente considerando que la presunta víctima es menor de edad y se encontraba bajo custodia del Estado.
Cabe precisar que la presentación del INDH y la resolución que la declara admisible no establecen responsabilidad penal de los funcionarios denunciados. Esta deberá ser determinada mediante la investigación del Ministerio Público y, eventualmente, por los tribunales de justicia.