La presentación de esta propuesta por parte del Gobierno ocurre en medio de la escalada del denominado Caso Convenios, que dejó en evidencia traspasos de dineros estatales a fundaciones con nexos políticos y de amistad con autoridades. Por ello, Boric emitió un compromiso al respecto.
Ayer martes y desde un cité de la comuna de Independencia, el presidente Gabriel Boric se dirigió al país en cadena nacional para presentar el Pacto Fiscal.
Se trató de un conjunto de propuestas -con seis lineamientos base- que buscan recaudar 2,7% del PIB para financiar una serie de proyectos de corte social que el Ejecutivo tiene en carpeta.
“Quienes tienen más, pagarán más”, dijo el jefe de Estado en alusión al objetivo de cobrar más impuestos a los contribuyentes de mayores ingresos (empresas y personas).
“(…) Ofrece un horizonte de estabilidad y progreso social para los próximos diez años”, comentó por su parte después el ministro de Hacienda, Mario Marcel, al profundizar en los detalles del Pacto.
La presentación de esta propuesta por parte del Gobierno -que se configuró tras más de una treintena de reuniones con gremios de diversa índole, entre ellos las Pymes los grandes empresarios- ocurre en medio de la escalada del denominado Caso Convenios, que dejó en evidencia traspasos de dineros estatales a fundaciones con nexos políticos y de amistad con autoridades.
Consciente del cuestionamiento público, Boric señaló un compromiso puntual al momento de presentar el Pacto Fiscal: habló de “reciprocidad” y garantías de cómo se usarían los impuestos que se recauden.
De hecho, los documentos ligados a lo anterior y a los cuales tuvo acceso la prensa, rezan una reciprocidad entendida como “la obligación del Estado de usar con responsabilidad los impuestos pagados por los contribuyentes (…)”.
La idea, se explicó, sería contar con un “diseño de un marco normativo común y permanente para todas las transferencias a fundaciones y ONGs, incorporando las propuestas del comité de expertos recientemente convocado por el Gobierno”.
Se afirmó un compromiso, además y en la misma línea, “con la justicia tributaria, que grave proporcionalmente más a quienes más tienen, que no discrimine entre contribuyentes y que erradique los abusos a través de la evasión y el uso de resquicios legales para eludir impuestos”.
El Pacto propone 38 medidas para impulsar el crecimiento. Pero varios puntos necesitarán ajustarse y el Gobierno encomendará a un comité de expertos asesoría en ello.
El primer paso, conforme al calendario de implementación, será que entre agosto y septiembre de este año se revisen los detalles y se concluyan estimaciones de espacio fiscal por crecimiento y eficiencia; y fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Fuente: biobiochile.cl
