Con un solo voto en contra, la Corte de Apelaciones rechazó la solicitud de desafuero del parlamentario, misma que había sido solicitada por el Ministerio Público
Esta mañana se dio conocer la resolución de la Corte de Apelaciones copiapina , acerca de la solicitud del Ministerio Público de desaforar al Diputado FRVS Jaime Mulet.
A través de una audiencia que fue difundida por el canal de TV del Poder Judicial, la Corte de Apelaciones de Copiapó determinó rechazar la solicitud de desafuero pedida por el Ministerio Público contra el parlamentario, en la investigación de cohecho pasivo.
Desde el tribunal de alzada, señalaron que luego de los alegatos de la parte querellante, la defensa del parlamentario y luego de la deliberación de rigor, “se declara que se rechaza la solicitud de desafuero incoada por el Ministerio Público en estos autos y, en consecuencia, se declara que se niega ha lugar a la formación de causa en contra del honorable diputado señor Jaime Mulet Martínez, respecto del delito consumado de cohecho previsto, sancionado en el artículo 248 bis del Código Penal, en calidad de autor del artículo 15 número dos del mismo cuerpo legal. Asimismo, se deja constancia que esta decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Marcela Araya”. El Ministro (S) de la Corte, Rodrigo Cid, fue el encargado de dar a conocer el fallo.
Debido al rechazo del desafuero en la causa, el paso siguiente correspondería el sobreseimiento definitivo o bien, la Fiscalía podría perseverar ante la Corte Suprema o solicitar un procedimiento constitucional.
INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
La investigación, que se abrió en 2016, versa sobre hechos ocurridos en 2015, cuando Mulet aún no era parlamentario, y tiene al Consejo de Defensa del Estado (CDE) como querellante.
Según el ente persecutor, el fallecido ex Alcalde de Tierra Amarilla Osvaldo Delgado Quevedo, concertado y asesorado por los abogados Mulet Martínez, Ramón Briones Espinoza y Hernán Bosselin Correa, solicitó y aceptó, con infracción a los deberes del cargo, el pago de beneficios económicos para el municipio y terceros de parte de la Minera Candelaria, acordando un contrato de transacción sobre daño ambiental en contravención a la ley.
