El Juzgado de Garantía de Copiapó acogió hoy –viernes 4 de diciembre– la solicitud de la defensa y dispuso que Hugo Paolo Pastén Espinoza, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de homicidio, incendio y sustracción de menor.
Tras más de un año recluido en las dependencias de la enfermería de la Carcel de La Serena y luego de un informe psiquiátrico, Hugo Pastén Espinoza podría ser cambiado de módulo en las dependencias de unidad penal.
Cabe mencionar que en varias oportunidades el imputado habría solicitado dicha petición enviando cartas para ser trasladado a los módulos con los otros internos de la cárcel.
En audiencia de cautela de garantías (causa rol 567-2020), el magistrado Ubaldo Basoa Oviedo dio lugar a la petición por considerar que la permanencia de Pastén Espinoza por más de 16 meses en aislamiento y en la enfermería del recinto penal, no obedece a criterios médicos y que según un informe psiquiátrico, el aislamiento en el que ha estado por 16 meses ha afectado su salud mental.
“Las medidas cautelares que decreten los tribunales deben tener por objeto no solo resguardar los actos del procedimiento, sino que también la integridad física y síquica de los imputados. Desde este punto de vista, ha quedado de manifiesto con el informe psiquiátrico que la internación por 16 meses en una unidad aislada del recinto penitenciario de La Serena ha afectado la salud mental del imputado”, razonó el juez. “El encontrarse 16 meses aislado es una situación anómala y si bien hasta este momento ha obedecido a razones técnicas de seguridad y peligrosidad del imputado, hoy en día ha pasado a tener un efecto pernicioso”, añadió.
Según lo informado por la defensoría penal pública, durante la audiencia realizada hoy en el Tribunal de Garantía de Copiapó accedió a la petición del defensor del imputado.
El tribunal dio un plazo de cinco días a Gendarmería para que emita un informe en que se detallen las medidas necesarias para resguardar la integridad de Pastén Espinoza. Dicho informe deberá ser puesto a disposición del tribunal para verificar que se cumplen los estándares de protección fundamentales del imputado, considerando su clasificación penal, para posteriormente, proceder a su aprobación
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