“Desde hoy nadie puede desconocer los derechos a los asistentes de la educación”. Así lo manifestó la senadora Yasna Provoste, quien celebró la publicación de la ley 21.199 que presentó en octubre de 2019 junto al congresista Juan Pablo Letelier, con el fin de interpretar el artículo 56 del Estatuto de los Asistentes de la Educación y así corregir el dictamen de la Dirección del Trabajo (DT) que le quitó el derecho a las vacaciones de verano e invierno a más de 80 mil asistentes de la educación de establecimientos particulares subvencionados del país.

“El Gobierno le quitó varios días del legítimo descanso a los asistentes de la educación por la presión de quienes hacen de la educación un negocio, sin embargo, desde hoy nadie puede desconocer los derechos de los asistentes de a educación. Ya no hay excusas para no cumplir la ley”, expresó la legisladora por Atacama, quien además es miembro titular de la Comisión de Educación del Senado, a la espera de que los sostenedores de los establecimientos educacionales particulares subvencionados se ajusten a la norma.

CONTEXTO

El pasado 11 de julio, la Dirección del Trabajo (DT) emitió el dictamen Nº 3445/022 que interpreta la Ley Nº 21.152 sobre Asistentes de la Educación, en el cual privó a funcionarios que se desempeñan como administrativos y auxiliares de los beneficios no económicos contemplados -desde octubre de 2018- en el Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública (Ley N°21.109); esto es decir, limitó el acceso al derecho a las vacaciones de enero y febrero, de invierno (dos semanas) y el máximo de 44 horas laborales semanales a más de 80 mil funcionarios y funcionarias asistentes de la educación de colegios particulares subvencionados que no fuesen técnicos de párvulo o asistentes de aula.

Ante esta situación, los senadores Yasna Provoste (DC) y Juan Pablo Letelier (PS), presentaron un proyecto de ley interpretativo, con el fin de definir una lectura única del Estatuto y así evitar cualquier infracción y desconocimiento del derecho educacional vigente.

“No hay ninguna razón para que el Estatuto de los Asistentes de la Educación discrimine a aquellos Asistentes de la Educación del sector particular subvencionado. En este sentido, y para que no quede ninguna duda, es que en octubre de 2019 ingresamos un proyecto de ley   interpretativo que no deja espacio para la discriminación, que no deja espacio a la arbitrariedad; pero -sobre todo- que no deja espacio para las humillaciones que tanto que tanto les gusta a algunos”, expresó Provoste.

LEY INTERPRETATIVA

Explícitamente, la ley señala se declare, “interpretando el artículo 56 de la Ley N° 21.209 que establece un Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública, que los art. 38, 39, 40 y 41 del referido texto antes citado, benefician en cuanto a sus efectos a los asistentes de la educación, entendidos como tales quienes colaboran en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y la correcta prestación del servicio educacional, a través de funciones de carácter profesional distintas de aquellas establecidas en el artículo 5° del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Educación, promulgado el año 1996 y publicado el año 1997; sean del estamento técnico, administrativo o auxiliar, realicen sus tareas en aula o fuera de ellas y que presten servicios en educación parvularia, básica y media, en establecimientos que reciban subvención por parte del Estado, cualquiera sea su forma de organización, conforme al decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio de Educación, de 1998.”