La parlamentaria y presidenta de la instancia destacó rol de trabajadores en denuncia de irregularidades en licitación, y subrayó necesidad de fortalecer rol fiscalizador de organismos como Cochilco y la Contraloría sobre la mayor empresa del Estado.
Su conformidad manifestó la diputada (PS) Daniella CIcardini con la aprobación este jueves por parte de la Cámara de Diputados, por 96 votos a favor y dos abstenciones, del Informe, las conclusiones y recomendaciones, de la Comisión Especial Investigadora sobre irregularidades en el proceso de licitación del “Servicio de movimiento de material mina y planta en la División El Salvador” de Codelco a la empresa Trepsa Cerro Alto S.A.
La labor encomendada a los parlamentarios fue la de indagar la actuaciones de Cochilco y otros órganos del Estado como entes fiscalizadores de la cuprífera, a partir de las denuncias de sindicatos de trabajadores respecto a una sobrestimación de los recursos necesarios en los contratos de una licitación pública de movimiento de material mina para la División Salvador, en el año 2017.
Pese a las reiteradas advertencias de anomalías por parte los trabajadores, Codelco siguió adelante con dicho proceso de adjudicación, reconociendo posteriormente lo que calificó como un error de cubicación del Plan Minero de la División Salvador, atribuyéndolo a una confusión entre “recursos y reservas”.
Debido a esto, las conclusiones de la comisión especial de la Cámara señalan que producto de la debilidad de los controles internos y pasividad de los directivos de la estatal, hubo “consecuencias económicas negativas para la división El Salvador”, las que no han podido ser cuantificadas a cabalidad, pero que, según estimaciones del Sindicato de Supervisores, podrían superar los 90 mil millones de pesos.
Al respecto, la diputada y presidenta de la instancia, Daniella Cicardini, quien además ofició como informante ante la sala de la corporación, recordó sin embargo que “se licitó y adjudicó el servicio de maquinarias para el movimiento de 104 millones de toneladas, a pesar que el plan minero las estimaba en 54 millones, y posteriormente llegaron antecedentes de que las efectivamente requeridas eran unas 24 millones de toneladas”.
“Por eso hemos dicho que este es un horro de cálculo inaceptable para el nivel que exige el estándar de Codelco, y con consecuencias nefastas para la empresa y los recursos de todos los chilenos y chilenas”.
En esa línea, la parlamentaria cuestionó que posterior al término de la labor de la comisión, Codelco argumentó por la prensa que se habrían evitado pérdidas gracias a la reasignación de lo licitado hacia otras Divisiones.
“Habiendo tenido tiempo y espacio más que suficiente para entregar oportunamente antecedentes en la comisión investigadora, directamente o a través de Cochilco; Codelco prefirió descartar pérdidas por la prensa”
“Sin embargo lo que tuvimos es lo que consignó la propia Contraloría General de la República, respecto a que esas reasignaciones no fueron acreditadas. Eso está así consignado en una presentación del Contralor ante la Comisión Investigadora”
En la misma línea Cicardini señaló que “me llama profundamente la atención que cada vez que surge alguna instancia de fiscalización o un cuestionamiento un poco mayor a sus actuaciones, Codelco juega este rol como de víctima, del supuesto hostigamiento que sufre y de la incomprensión del mundo político”.
“Empiezan las cartas a los diarios y se deslizan las inquietudes respecto a cómo se podría afectar el futuro de la empresa, o cómo podría dañar a proyectos como el de Rajo Inca”.
“Frente a eso lo único que uno puede decir es que hay que terminar con el secretismo y con la República Independiente de Codelco, y señalar que nunca una mayor fiscalización a una empresa estatal puede ser motivo para sentirse amenazados, y nunca puede verse como un daño. La mayor amenaza para Codelco es la ineficiencia y estas irregularidades o “errores” que causan despilfarros millonarios”.
“Ni los trabajadores ni nosotros como diputados somos enemigos de Codelco; al contrario, la mejor forma de cuidar el futuro de la mayor empresa del estado es hacer lo que hicieron los trabajadores que tienen un real compromiso y cariño por su empresa, que es denunciar cualquier irregularidad para garantizar que sus recursos estén siendo utilizados de manera eficiente”.
La legisladora informó además que “debido a la gravedad de estos hechos, como comisión investigadora hemos tomado el acuerdo de remitir los antecedentes a los organismos competentes, entre otros al Presidente de la República, al consejo de defensa del Estado y a la Contraloría de la República, porque creemos que hay mérito suficiente para que estudien iniciar las investigaciones y acciones del caso”, declaró.
Recomendaciones
Entre las propuestas realizadas por la comisión destacan, el aumentar el poder fiscalizador sobre Codelco, entregando atribuciones a la Contraloría General de la República, a fin de que pueda fiscalizar los procesos de licitaciones, tanto para la adquisición de materiales como para la contratación de servicios al interior de la Cuprífera.
Asimismo, la instancia llama a revisar el gobierno corporativo de Codelco, sus divisiones y sus primeras líneas ejecutivas, para que queden claramente establecidas las responsabilidades en cada nivel de orden político, las de orden administrativo y las propiamente de gestión empresarial.
Por otro lado, se planteó la necesidad de que se establezcan procedimientos modernos para que cualquier trabajador o trabajadora de la Corporación pueda hacer y canalizar con seguridad las denuncias de las irregularidades, ilegalidades o incumplimientos que detecten al interior de la empresa.
Por último, el informe recomienda una profunda reforma de Cochilco en su gobierno corporativo y en sus mandos ejecutivos, sobre todo por la dependencia y relación política que tiene con el Ministerio de Minería y el Gobierno de turno.
