Tras un dictamen de la Contraloría, las universidades podrían cobrar el arancel completo restante a los alumnos que fueron beneficiados con la gratuidad entre 2016 y 2018 y que se atrasaron un año en sus carreras.
Lo anterior, tras las dudas acerca de los límites de la gratuidad que presentaron las mismas casas de estudio y la aplicación del decreto 108, que establece el cobro de hasta el 50% del arancel si hay retraso, consulta que elevó el subsecretario del ramo, Raúl Figueroa.
Según consignó El Mercurio, en el escrito, el órgano fiscalizador indicó que “los aludidos estudiantes están excluidos de la aplicación del referido artículo 108, por lo que las instituciones educacionales incorporadas al sistema podrán cobrarles para esta anualidad el total de los aranceles correspondientes”.
Sumado a ello, determinaron que la Ley 21.091, de la reforma a la educación superior, no resulta aplicable para ellos “durante el presente ejercicio presupuestario”.
Aquello puesto que, durante el mencionado periodo, los dineros fueron destinados a través de la Ley de Presupuestos, lo que cambió a partir de 2019, con los montos siendo destinados por la Ley 21.091.
Críticas
La respuesta de la Contraloría generó una serie de críticas desde las universidades.
Según el rector de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés, será difícil “pedirle a los alumnos a los que ya se les comunicó formalmente que se les iba a cobrar la mitad que se les va a cobrar el total”.
“Tengo la impresión de que ese fue otro error más del frenesí legislativo que se vivió en torno a la reforma y que las instituciones probablemente van a tener que asumir con costos significativos”, añadió.
Por su parte, el rector de la Universidad Austral, Óscar Galindo, aseguró que “siempre hemos dicho que a estos estudiantes no se les debería aplicar la misma norma”.
“Lo razonable sería que el Mineduc convenga con el Cruch la aplicación de la Ley solo para aquellas cohortes que ingresaron con posterioridad a su publicación” dijo en marzo, durante la primera sesión del la instancia, el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña.
Tras conocer la resolución del ente contralor, Figueroa anunció que solicitará una “reconsideración” puesto que cuando la Dirección de Presupuestos (Dipres) omitió el artículo 108 en la glosa “nunca se pretendió restringir ese beneficio”.
A 2019, casi 380 mil personas son beneficiarias de la gratuidad, medida que partió en 2016.
