Saber quién acompaña a cada niño que llega a Chile, quién lo recibe y cómo activar su protección después del ingreso. Esas son algunas de las propuestas del informe que la comisión investigadora sobre niños extranjeros y reunificación familiar aprobó este miércoles por 10 votos a favor y 2 en contra. Los rechazos fueron de las diputadas Joanna Pérez (Demócratas) y Paulina Muñoz (PNL).
El cierre dejó una disputa sobre las responsabilidades. Mientras la presidenta de la instancia, Lorena Fries (FA), destacó el acuerdo transversal, Pérez acusó que el documento era insuficiente y que buscaba proteger al exdirector de Migraciones, Luis Eduardo Thayer.
Los niños fueron encontrados, pero quedaron preguntas
La investigación parlamentaria abordó los controles de ingreso, la revisión de documentos y la protección de niños extranjeros, especialmente haitianos, que llegaron mediante reunificación familiar.
El caso tomó fuerza tras conocerse un preinforme de Contraloría que advertía fallas en el ingreso de menores haitianos durante 2025, bajo el gobierno de Gabriel Boric. Incluía a 64 niños que no habían sido ubicados durante sus verificaciones. La auditoría detectó registros incompletos y casos en que no se había acreditado el vínculo con los adultos que los acompañaban.
Posteriormente, la PDI confirmó que todos fueron localizados: 63 estaban en Chile y una adolescente en México, junto a su madre. Los que permanecían en el país tenían situación migratoria regular.
La discusión, sin embargo, no terminó con encontrarlos. También había que esclarecer cómo se verificaban los vínculos familiares, cómo circulaban las alertas entre instituciones y qué protección recibían después de entrar al país.
La comisión reunió a parlamentarios de distintos sectores, entre ellos Jaime Bassa, Carlos Cuadrado, Stephanie Jéldrez, Leandro Kunstmann, Benjamín Lorca, Álvaro Ortiz, Zandra Parisi, Natalia Romero y César Valenzuela.
Las explicaciones y las alertas
Al explicar la actuación de la PDI en este caso, el prefecto general Ricardo Gatica sostuvo que los permisos vigentes limitaban sus posibilidades de impedir el ingreso: “No podíamos nosotros negar el ingreso porque estábamos cometiendo una ilegalidad si estos menores portaban la documentación que corresponde”.
El exdirector de Migraciones,Luis Eduardo Thayer, por su parte, defendió la flexibilización documental aplicada ante el cierre del consulado en Puerto Príncipe. Ante la comisión afirmó que “lo que está en discusión no es si niños haitianos estuvieron perdidos”. Reconoció problemas para actualizar domicilios y sostuvo que el seguimiento ante vulneraciones correspondía al sistema de protección de la niñez.
Durante su exposición, la contralora Dorothy Pérez advirtió que las fallas de coordinación y control no se limitaban a los 64 niños inicialmente no ubicados, sino que afectaban al conjunto de menores ingresados durante el período auditado. También informó que Contraloría había enviado antecedentes a Fiscalía por hechos que podrían constituir delitos, antes de que el caso se conociera públicamente.
En las sesiones también se advirtió sobre el daño provocado por la alarma pública. El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, informó que recibió reportes de familias que retiraron a sus hijos de colegios por temor y expresó preocupación por su asistencia a controles médicos. La institución estaba reuniendo antecedentes caso a caso.
Qué propone el informe
Entre las recomendaciones está remitir al Ministerio Público los antecedentes específicos recogidos por la comisión que puedan constituir delitos o servir para investigaciones penales en curso. Esto, con especial resguardo de los datos personales y sensibles de los niños.
El documento también propone cambios en distintos momentos del proceso:
1. Controlar a los acompañantes. Regular el ingreso con terceros y verificar su identidad, vínculo con el niño, autorización de viaje y si realizan traslados habituales o remunerados.
2. Registrar quién recibe al niño. Formalizar el procedimiento y dejar constancia de la identidad y calidad del adulto que lo recibe.
3. Crear alertas de riesgo. Detectar acompañamientos reiterados, grupos numerosos e inconsistencias documentales. La nacionalidad no debe usarse por sí sola como señal de riesgo.
4. Conectar a las instituciones. Establecer protocolos obligatorios, responsables y plazos. Los sistemas deben permitir saber quién recibió una alerta y qué hizo.
5. Reforzar la protección posterior. Mantener la trazabilidad administrativa de todos los procedimientos y activar un seguimiento individual, temporal y proporcional cuando existan antecedentes objetivos de riesgo. Debe quedar definido quién lo realiza, cuándo comienza y cuándo termina.
6. Mejorar la verificación documental. Fortalecer la revisión de identidad y parentesco, la coordinación consular y la información disponible antes del vuelo.
7. Dar una salida a casos humanitarios. Establecer procedimientos excepcionales y verificaciones alternativas cuando una crisis impida obtener los documentos habituales.
8. Revisar si las medidas funcionan. Realizar auditorías y rendiciones de cuentas al menos una vez al año sobre los protocolos, los tiempos de respuesta y las correcciones pendientes.
9. Proteger los datos de los niños. Registrar quién accede, descarga o comparte información sensible y establecer responsabilidades ante divulgaciones indebidas.
10. Mantener el diálogo con las comunidades migrantes. Crear canales permanentes de información y participación sobre reunificación familiar y protección de la niñez.
El texto también pide distinguir entre señales de riesgo, hipótesis, investigaciones penales y hechos acreditados. Además, plantea evitar que se atribuyan conductas ilegales por la nacionalidad o situación migratoria, sin antecedentes objetivos que las respalden.
Un acuerdo con diferencias
Lorena Fries (FA) destacó el respaldo mayoritario al documento: “Estoy satisfecha con el trabajo puesto que a pesar de visiones que son muy distantes entre sí, se logró hacer un trabajo transversal entre diputados de todos los partidos y el informe fue aprobado mayoritariamente por todas las fuerzas políticas, exceptuando a Demócratas y a Libertarios”.
También reconoció que alcanzar ese acuerdo exigió concesiones: “Obviamente eso significa dejar de lado muchas veces posturas que uno tiene, pero que en aras justamente de ese consenso abandona para dar luces de cómo mejorar la situación de niños, niñas migrantes en este contexto de reunificación familiar”.
La diputada Zandra Parisi (PDG) valoró el acuerdo, pero advirtió que las recomendaciones deben traducirse en acciones. “No basta con investigar, detectar irregularidades y establecer responsabilidades si después no existen consecuencias efectivas”, sostuvo.
La parlamentaria también defendió su propuesta de ampliar las facultades sancionatorias de Contraloría. “No podemos seguir teniendo un Estado que detecte las fallas, pero que no siempre cuente con las herramientas suficientes para sancionarlas”, afirmó. Esa ampliación no figura entre las recomendaciones del texto consolidado.
El diputado Leandro Kunstmann (Republicanos) respaldó el informe, pese a las diferencias que marcaron las sesiones. Reconoció que no consiguieron incorporar todas sus propuestas y explicó que eligieron el consenso porque “el descontrol migratorio y la protección de los niños no pueden seguir esperando”.
El parlamentario sostuvo, además, que los antecedentes expuestos durante la investigación permiten atribuir responsabilidad a Luis Thayer por la flexibilización de requisitos. Esa es su interpretación de los antecedentes: el documento consolidado concentra sus recomendaciones en cambios a los procedimientos.
Pérez acusa un “blindaje”
Joanna Pérez, en cambio, sostuvo que el informe no profundizó lo suficiente en las responsabilidades de las autoridades y por eso votó en contra.
“Es lamentable que esta comisión haya terminado aprobando un informe insuficiente, donde pareciera que el objetivo fue blindar políticamente al exdirector de Migraciones, Luis Thayer, en lugar de esclarecer las responsabilidades. Aquí se reconocieron situaciones que implicaron incumplimientos de la normativa y, aun así, no fuimos capaces de entregar conclusiones a la altura de la gravedad de los antecedentes”, afirmó.
La parlamentaria agregó: “Lo que debíamos entregar era un informe serio, detallado y contundente sobre dónde fallaron nuestras instituciones del Estado. Sin embargo, terminamos con un documento que parece una lista de supermercado, sin la profundidad ni las conclusiones que correspondían. Eso es inaceptable cuando estamos hablando de la situación de niños migrantes y del cumplimiento de la ley”.
La comisión cerró con un acuerdo amplio sobre los cambios que necesita el Estado, pero con diferencias sobre las responsabilidades por lo ocurrido.
Fuente: BioBioChile