El gremio del transporte de carga le dio 48 horas al gobierno para responder a un petitorio con el fin de frenar el impacto de nuevas alzas en el precio del diésel. Los camioneros se reunieron con el gobierno, manteniendo su alerta. Si no hay una respuesta satisfactoria, serán las organizaciones regionales las que definan los pasos a seguir.
La tensión entre los camioneros y el gobierno escaló tras una reunión realizada en Teatinos 120. Los gremios entregaron un petitorio y fijaron un plazo de 48 horas para recibir una respuesta concreta. El documento contiene cuatro exigencias.
La primera es establecer por ley un Fuel Surcharge, es decir, un mecanismo obligatorio que permita traspasar de manera automática y simétrica las alzas y bajas del diésel a los contratos de transporte.
La segunda es que el Ejecutivo ingrese ese proyecto al Congreso con máxima urgencia y convoque una mesa técnica con los gremios.
El tercer punto exige restituir formalmente la aplicación del MEPCO, utilizando simultáneamente la banda de precio de referencia y el umbral de variación para el diésel. Y el cuarto apunta a corregir lo que los camioneros califican como una distorsión impositiva cercana a los 100 pesos por litro para determinados transportistas.
Así, la Confederación Nacional de Dueños De Camiones de Chile y la Confederación del Transporte de Carga solicitaron a la autoridad económica definiciones sobre mecanismos que permitan traspasar los sobrecostos que implican nuevos valores.
Los presidentes Juan Araya y Sergio Pérez expresaron al subsecretario Vallebona que las empresas del sector, “unas 40 mil, carecen de márgenes para encarar aumentos de precios”.
Camioneros meten presión al Gobierno ante alza del diésel
sucesión de incrementos cada tres semanas. Ese cuadro se produciría si Estados Unidos suspende las ventas de diésel al extranjero, del que Chile es uno de los mayores compradores.
Cifras del Banco Central señalan que entre enero y agosto de 2026 las compras son de unos 3.900 millones de dólares.
En lo central, los gremios demandan “crear un mecanismo único de traspaso de sobrecostos, no voluntario sino consagrado por ley”. La propuesta busca hacer obligatorio y con carácter vinculante todo contrato o servicio de flete y transporte terrestre de carga en Chile.
El presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga, Sergio Pérez, advirtió que el mayor impacto recae sobre los transportistas más pequeños y aseguró que las bases definirán los pasos a seguir dependiendo de la respuesta del Ejecutivo.
Desde la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, su presidente Juan Araya sostuvo que el sector enfrenta una creciente incertidumbre por las sucesivas alzas y advirtió que las organizaciones de base serán las encargadas de resolver si corresponde avanzar hacia una movilización nacional.
Compromiso con la autoridad económica
Pérez insistió en que la respuesta debe ser clara dentro de las próximas 48 horas. Según explicó, si el gobierno entrega una solución satisfactoria y avanza con las modificaciones legales planteadas, no habría movilización. En caso contrario, ambas confederaciones informarán a sus bases para que definan las acciones a seguir.
La preocupación gremial se produce además en un escenario internacional complejo, ante la posibilidad de que Estados Unidos restrinja temporalmente sus exportaciones de diésel, lo que podría agregar nuevas presiones sobre los costos del transporte en Chile.
Según los gremios, la autoridad se comprometió a transmitir y exponer con la mayor rapidez las propuestas de los gremios al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
Fuente: BioBioChile