El caso de Tanya Aciáres, la adolescente de 13 años que desapareció en Copiapó en octubre de 2018 y cuyos restos fueron identificados años después, volvió a quedar bajo la atención pública tras el término de un juicio relacionado con una arista por obstrucción a la investigación.
Durante la audiencia de comunicación de veredicto, el tribunal resolvió absolver a las dos imputadas, al considerar que no se alcanzó el estándar necesario para dictar una condena. Los fundamentos de la decisión serán conocidos por las partes durante los próximos días.
Sin embargo, para la familia de Tanya, el juicio representó también una instancia para exponer una serie de cuestionamientos respecto de cómo se desarrollaron las investigaciones posteriores a su desaparición y al hallazgo de un cuerpo que posteriormente sería identificado como el de la adolescente.
La abogada de la familia, Camila Morales Sepúlveda, explicó que el juicio permitió poner bajo análisis dos investigaciones que, a su juicio, debieron haber estado relacionadas desde un comienzo: la búsqueda de Tanya y la investigación asociada al hallazgo de sus restos.
De acuerdo con la representante de la familia, durante el juicio se pudo establecer que funcionarios policiales que participaron en las diligencias relacionadas con el hallazgo del cadáver también formaban parte de los equipos que investigaban la desaparición de Tanya.
Morales cuestionó que ambas líneas investigativas no hayan logrado confluir pese a que, según sostuvo, se encontraban dentro de las mismas estructuras institucionales.
“Nos parece incomprensible que estas dos investigaciones no hayan podido confluir”, señaló la abogada.
A juicio de la familia, esta situación adquiere especial relevancia considerando que en la región existían otras investigaciones relacionadas con mujeres desaparecidas.
La abogada sostuvo además que durante el juicio quedaron expuestas eventuales infracciones a protocolos investigativos, razón por la cual solicitaron que antecedentes incorporados durante el proceso fueran remitidos a la Fiscalía Nacional y a la Policía de Investigaciones para evaluar eventuales responsabilidades administrativas o penales.
Cuestionamientos por la identificación de los restos
Uno de los puntos que la defensa de la familia considera especialmente relevante es el proceso mediante el cual se investigó la identidad de los restos encontrados.
Morales cuestionó que, al momento de solicitar determinadas pericias, se haya restringido la posibilidad de realizar comparaciones de ADN con personas desaparecidas durante el aluvión de 2015.
Según explicó, existían antecedentes policiales y científicos que descartaban la posibilidad de que los restos correspondieran a una persona producto de dicho fenómeno, por lo que considera que esta circunstancia debió ser revisada con mayor amplitud.
Para la abogada, esta situación constituye una de las anomalías que deben ser esclarecidas por las instituciones responsables de la investigación.
El teléfono celular que permaneció años bajo custodia policial
Otro de los antecedentes que la familia considera particularmente grave corresponde al hallazgo de un teléfono celular vinculado al caso.
Según relató Morales, durante el juicio se conoció que el aparato permaneció durante más de cuatro años en manos de la Policía de Investigaciones.
La abogada sostuvo que, tratándose de una investigación por una desaparición y posteriormente por un homicidio, un teléfono celular puede constituir una evidencia relevante para establecer comunicaciones, desplazamientos u otros antecedentes relacionados con una víctima.
“Un teléfono celular es una prueba vital, sobre todo en casos de homicidio sin resolver”, planteó.
Para la familia, el hecho adquiere mayor relevancia debido al contexto regional de investigaciones por desapariciones de mujeres y a la posibilidad de que la información disponible hubiese permitido establecer una conexión entre distintas causas.
Durante el juicio, la representante de la familia afirmó que volvieron a aparecer antecedentes que, a su juicio, reflejan prejuicios de género en la manera en que se abordó la conducta de Tanya.
Morales cuestionó referencias realizadas durante el proceso respecto de supuestas conductas disruptivas de la adolescente y otros elementos de su vida personal, señalando que ese tipo de antecedentes no debería utilizarse para disminuir la importancia o urgencia de una investigación.
Para la abogada, el caso evidencia cómo determinados prejuicios pueden influir en la manera en que las instituciones abordan investigaciones relacionadas con mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad.
La representante de la familia aseguró que los cuestionamientos expuestos durante el juicio no eran completamente nuevos para las instituciones.
Según Morales, durante 2025 estos antecedentes fueron comunicados a la Fiscalía Local de Copiapó, a la Fiscalía Regional de Atacama y posteriormente a la Fiscalía Nacional, en el marco de una ampliación de la querella.
En esa oportunidad, afirmó, la familia planteó la eventual existencia de delitos de obstrucción a la investigación, tanto por particulares como eventualmente por agentes del Estado, además de otras figuras que debían ser investigadas.
Sin embargo, sostuvo que las respuestas institucionales fueron negativas y que, por ese motivo, el juicio terminó convirtiéndose en una de las pocas instancias en que la familia pudo confrontar públicamente estos antecedentes.
Respecto de la decisión de absolver a las dos imputadas, Morales aclaró que la familia no necesariamente esperaba que el proceso terminara con una condena.
La abogada sostuvo que consideran que existieron declaraciones falsas, pero cuestionó que la investigación se haya concentrado únicamente en determinar si esas declaraciones constituían obstrucción, sin profundizar, según su apreciación, en las razones que habrían llevado a las involucradas a entregar dichos antecedentes.
“Lamentamos que este proceso no haya servido para realmente investigar por qué estas mujeres realizaron estas declaraciones falsas”, señaló.
Por ello, la familia no tendría como principal objetivo recurrir contra la absolución, sino que espera que los antecedentes surgidos durante el juicio permitan abrir procesos de revisión sobre el actuar de las instituciones involucradas.
La abogada también mencionó las investigaciones por la desaparición de otras mujeres en Atacama, entre ellas Catalina Álvarez y Thiare.
En el caso de Catalina, Morales señaló que anteriormente participó como abogada y que pudo observar directamente diligencias que, según afirmó, fueron solicitadas y que posteriormente no llegaron a concretarse.
A partir de estas experiencias, sostuvo que existen elementos que permiten, al menos, plantear la preocupación por un eventual patrón de actuación en investigaciones de mujeres desaparecidas en la región.
La abogada fue enfática, no obstante, en señalar que no cuenta con antecedentes suficientes para atribuir una intencionalidad específica a las actuaciones cuestionadas.
“Yo no tengo la certeza de poder atribuir una intencionalidad a las cosas objetivas”, afirmó, agregando que corresponde a las instituciones competentes determinar si existieron responsabilidades.
“No es normal que funcionen como han funcionado” comentó la abogada.
Para Morales, el caso Tanya Aciáres debería servir como una oportunidad para revisar los procedimientos utilizados por las instituciones encargadas de investigar desapariciones y homicidios.
La representante de la familia sostuvo que el Ministerio Público tiene la responsabilidad de dirigir las investigaciones y que las policías ejecutan una parte fundamental de las diligencias, por lo que los errores detectados afectan directamente la confianza de las familias en el sistema de justicia.
“Estos procesos deberían servir para retomar las confianzas en estas instituciones. No es normal que funcionen como han funcionado en este tipo de casos”, manifestó.
La familia había solicitado anteriormente un cambio de fiscal, según relató la abogada, petición que habría sido rechazada tanto a nivel de la Fiscalía Regional de Atacama como por el fiscal nacional.
Más allá del resultado del juicio por obstrucción, el principal objetivo de la familia continúa siendo esclarecer qué ocurrió con Tanya Aciáres y determinar por qué una adolescente que desapareció en 2018 terminó siendo identificada años después.
Para la defensa, el juicio permitió conocer antecedentes que deben ser revisados por las instituciones correspondientes y establecer eventuales responsabilidades, tanto administrativas como penales, si así lo determinan las investigaciones respectivas.