El exdiputado del PC Hugo Gutiérrez Gálvez pidió al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago una audiencia “urgente” para delimitar el acceso al contenido de su teléfono, incautado el 20 de agosto en la trama de corrupción en la Junaeb. Amparado en el secreto profesional como abogado, alegó que el dispositivo contiene comunicaciones y estrategias de clientes ajenos a la causa, por lo que solicitó acotar cualquier extracción de datos por hechos, fechas o personas. Mientras se resuelve, pidió prohibir temporalmente el desbloqueo o copia del equipo.
El exdiputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez Gálvez, solicitó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago una audiencia de carácter “urgente” para que se delimite el acceso al contenido de su teléfono. El dispositivo le fue incautado el pasado 20 de agosto, en el marco de la trama por corrupción en la Junaeb.
La investigación —a cargo de la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina— apunta al rol que pudieron tener el excongresista del PC y dos parlamentarios en ejercicio para favorecer a la empresa Soser en la adjudicación de licitaciones del Programa de Alimentación Escolar. En concreto, figuran como imputados en la causa los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (cupo FRVS), además del propio exdiputado Gutiérrez.
Y si bien aún no se sabe a ciencia cierta qué pruebas expuso la fiscal Encina ante el tribunal para conseguir los allanamientos concretados la semana recién pasada, lo cierto es que el senador Calisto también realizó una presentación. En su caso, solicitó la realización de una audiencia de cautela de garantías al considerar que las diligencias de las que fue objeto por parte de la Policía de Investigaciones afectaron sus derechos fundamentales.
El teléfono de Hugo Gutiérrez
Mediante un escrito de seis páginas —tenido a la vista por la Unidad de Investigación de Bío Bío— Hugo Gutiérrez se amparó en el secreto profesional como abogado y alegó que el dispositivo que le incautó la PDI el 20 de agosto contiene comunicaciones, documentos y estrategias vinculadas a clientes actuales y causas ajenas a la investigación en su contra.
En efecto, planteó que era necesario que el tribunal realizara una audiencia para delimitar el contenido al que podrán acceder los detectives y/o los funcionarios del Ministerio Público que estén trabajando en el caso. Para ello, propuso que cualquier extracción de datos sea acotada por hechos, fechas, personas u otras categorías específicas para impedir que se vean afectados clientes suyos.
“El eventual conocimiento por parte de fiscales, funcionarios policiales, peritos u otras personas, del contenido íntegro de mi dispositivo telefónico, sin la debida segregación de la información protegida, provocaría un perjuicio irreparable no solo a mí como abogado, sino que a la totalidad de mis actuales y antiguos patrocinados”, reza el documento. Todos ellos, agregó, “tienen derecho a la vida privada, a la intimidad, a su honra, a la inviolabilidad de sus comunicaciones privadas y a que estas comunicaciones con su abogado permanezcan reservadas”.
Mientras se resuelve la audiencia, Gutiérrez solicitó prohibir temporalmente el desbloqueo, revisión o copia del teléfono. Asimismo, instó a que se ordene mantenerlo bajo cadena de custodia y se informe si ya fue intervenido. Además, pidió detallar qué información se extrajo, quiénes accedieron y qué software se utilizó. También requirió levantar la reserva de la causa para acceder a la carpeta judicial.
Calisto otra vez a la palestra
Más escueto en su presentación fue el senador Calisto, quien apuntó directamente a la realización de una audiencia de cautela de garantías bajo el argumento de que las diligencias intrusivas en su contra —autorizadas por la justicia y ejecutadas por personal policial— afectaron sus derechos fundamentales.
En efecto, su abogado Nelson Salas Stevens, solicitó al tribunal copia de la solicitud de la fiscal Constanza Encina que dio pie a la autorización de las diligencias de entrada, registro e incautación de diversas especies a Calisto.
“La actuación realizada el día de hoy por parte de la Policía de Investigaciones, evidentemente afecta derechos fundamentales de mi representado”, planteó Salas Stevens apuntando a que era necesario acceder a esos antecedentes para una “adecuada defensa técnica” de su representado.
En vista de la solicitud de Calisto, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago citó a una audiencia para este miércoles en el Centro de Justicia.
Fuente: BioBioChile