Tras el operativo policial “Imperio de Ámsterdam”, que terminó con 42 allanamientos y 38 personas detenidas por una investigación vinculada al tráfico de marihuana, las diputadas republicanas de la Comisión de Salud Catalina del Real y Macarena Santelices anunciaron un proyecto de ley para modificar las normas sobre el cultivo de cannabis medicinal.
La iniciativa busca prohibir los dispensarios comunitarios y establecer que el volumen de cannabis cultivado mantenga una relación estricta con las dosis prescritas por los médicos. El objetivo, según las parlamentarias, es evitar que las autorizaciones de cultivo y recetas médicas sean utilizadas como fachada para abastecer el mercado ilegal.
El procedimiento fue coordinado por Carabineros y la Fiscalía en distintas regiones del país e incluyó el registro del Dispensario Nacional Medcorp, en Providencia.
De acuerdo con las diputadas republicanas, la investigación expuso un mecanismo mediante el cual recetas médicas legítimas eran utilizadas para justificar plantaciones de gran volumen, mientras que los excedentes terminarían destinados al tráfico de drogas.
La diputada Catalina del Real sostuvo que “el narcotráfico y el crimen organizado están usando cualquier resquicio legal, incluso la fachada de la salud y el uso medicinal, para montar un millonario negocio criminal de venta de drogas”.
“No podemos seguir legislando con ingenuidad. Si se discute el consumo medicinal, el enfoque debe ser exclusivamente clínico y cerrado, mediante farmacias establecidas y con recetas retenidas. Cualquier apertura a ‘dispensarios’ o ‘clubes’ comunitarios es abrirle la puerta de par en par a las mafias. Lo que Chile necesita con urgencia no es flexibilizar, sino endurecer las penas para quienes burlan la ley penal y dotar a las policías de mayores herramientas”, subrayó.
En tanto, la diputada Macarena Santelices señaló que “es inaceptable que bandas criminales ganen miles de millones aprovechándose de la figura del consumo medicinal para lavar activos”.
“Legislar para flexibilizar el consumo en plena crisis de seguridad sería una tremenda irresponsabilidad. Aquí se requiere tolerancia cero, hay que aplicar la Ley 20.000 con el máximo rigor, endurecer las penas por asociación ilícita y perseguir el patrimonio de estos grupos organizados”, enfatizó.
El proyecto contempla establecer por ley que la cantidad de cannabis cultivada deberá guardar una relación estricta y vinculante con la dosis prescrita por el médico tratante.
De esta forma, cualquier diferencia entre la cantidad autorizada y el volumen cultivado podría significar la pérdida del resguardo legal asociado a la receta médica, permitiendo iniciar una persecución penal por eventual tráfico de drogas.
Las diputadas plantean que, en caso de mantenerse el uso medicinal del cannabis, este debe quedar circunscrito a un esquema clínico que permita controlar tanto las recetas como las cantidades cultivadas y utilizadas.
Fuente: BioBioChile