A dos meses de la salida de Trinidad Steinert del Ministerio de Seguridad, el dictamen de la Contraloría General de la República volvió a instalar el caso en el centro de la agenda política.
Dicho dictamen provocó que el Gobierno hablara de que los secretarios de Estado “pueden cometer errores” y que la oposición intentara articular un relato común.
El organismo concluyó que la exministra actuó fuera de las atribuciones que le entregaba la ley al solicitar antecedentes a la Policía de Investigaciones sobre funcionarios con los que había trabajado cuando era fiscal regional de Tarapacá y que, además, debió abstenerse de intervenir debido a su vínculo previo con ese equipo investigador.
Con ello, el pronunciamiento del ente contralor reabrió una controversia que parecía cerrada tras la salida de la exautoridad, pero que hoy vuelve a generar consecuencias tanto para el Gobierno como para la oposición.
El origen de esta historia se remonta a marzo. A menos de 48 horas de asumir como la primera ministra de Seguridad del país, Steinert envió un oficio reservado al director general de la PDI, Eduardo Cerna, solicitando antecedentes detallados sobre los detectives que habían integrado el equipo que trabajó junto a ella en la investigación del denominado “Clan Chen”.
Entre la información requerida figuraban nombres completos, RUT, grados, destinos actuales e incluso antecedentes disciplinarios y eventuales denuncias penales.
Días más tarde, la entonces subdirectora de Inteligencia de la institución, Consuelo Peña, fue removida de su cargo, instalándose las sospechas sobre una eventual relación entre ambas decisiones.
Cuando la polémica estalló, el presidente José Antonio Kast salió públicamente a respaldar a su ministra y descartó que la salida de Peña estuviera vinculada a las gestiones realizadas desde el Ministerio de Seguridad.
Sin embargo, el dictamen de Contraloría estableció que la entonces secretaria de Estado excedió las facultades que la ley le otorgaba para requerir ese tipo de antecedentes y que, además, no observó el deber de abstención que correspondía debido a su relación profesional previa con los funcionarios involucrados.
Si bien el organismo no atribuyó responsabilidades penales ni cuestionó la legalidad de la salida de Consuelo Peña, sí concluyó que la actuación de Steinert no se ajustó estrictamente a las funciones que la legislación asigna a la autoridad ministerial.
La exfiscal regional de Tarapacá permaneció apenas 69 días en el cargo. Su nombramiento, impulsado por el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, terminó transformándose en una de las primeras crisis políticas del Gobierno de José Antonio Kast.
Con el pronunciamiento de Contraloría sobre la mesa, el Partido Comunista fue el primero en presionar para que la oposición impulse una acusación constitucional contra la exministra.
El timonel comunista, Lautaro Carmona, sostuvo en Radio Nuevo Mundo que la exministra hizo un uso indebido de sus atribuciones al intervenir en decisiones relacionadas con la PDI y afirmó que actuó con el respaldo del presidente José Antonio Kast, advirtiendo que este tipo de situaciones podrían repetirse mientras el Gobierno mantenga esa forma de conducción.
El diputado de su colectividad, Luis Cuello, aseguró que el dictamen entrega antecedentes suficientes para avanzar en un libelo y, además, emplazó al Presidente José Antonio Kast a explicar por qué respaldó un oficio que posteriormente fue objetado por el organismo fiscalizador.
Sin embargo, esa ofensiva no ha logrado unificar a la oposición. Aunque dentro del Partido Socialista existe un grupo de parlamentarios que considera que el dictamen podría justificar una acusación constitucional, en otros sectores del Socialismo Democrático existe mayor cautela y se insiste en que primero corresponde evaluar los antecedentes antes de adoptar una decisión de ese tipo.
Las diferencias también quedaron en evidencia en el Frente Amplio. Si bien la colectividad ha sido crítica de la actuación de Steinert y del manejo que tuvo el Ejecutivo de esta crisis, no todos sus parlamentarios creen que una acusación constitucional sea hoy el mejor camino.
La diputada Lorena Fries sostuvo que antes de impulsar un libelo corresponde constituir una comisión investigadora que permita esclarecer completamente los hechos y determinar las eventuales responsabilidades políticas.
Una postura que, llamativamente, coincidió con la expresada desde el oficialismo por la diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón.
La parlamentaria sostuvo que una comisión investigadora permitiría reunir mayores antecedentes antes de discutir una acusación constitucional y, al mismo tiempo, defendió la actuación del presidente Kast, señalando que el mandatario tomó decisiones para recuperar las confianzas una vez conocida la magnitud de la crisis.
Desde el Partido Republicano, en tanto, la diputada Javiera Rodríguez cerró filas con el Gobierno y descartó cualquier posibilidad de respaldar un libelo. A su juicio, la salida de Trinidad Steinert ya zanjó el episodio y la oposición busca únicamente un “empate político” con la acusación constitucional presentada hace algunas semanas contra el exministro Nicolás Grau.
Así, el dictamen de Contraloría no solo volvió a abrir un flanco para el Gobierno, sino que también dejó al descubierto las diferencias estratégicas al interior de la oposición.
Mientras el Partido Comunista intenta reunir apoyos para una acusación constitucional, el Frente Amplio y parte del Socialismo Democrático privilegian una comisión investigadora antes de adoptar una decisión, evidenciando que, hasta ahora, la oposición no ha logrado construir un relato común frente a una de las primeras crisis políticas que enfrentó la administración de José Antonio Kast.
Fuente: BioBioChile