La diputada Irací Hassler presentó una querella contra el alcalde Mario Desbordes, acusándolo de insistir en una causa ya resuelta por la justicia. Desde su defensa sostienen que no existen hechos nuevos y que se intenta reabrir un caso con fallo firme. El proceso penal por la compra de Sierra Bella fue cerrado por unanimidad en la Corte de Apelaciones. El fallo descartó delito alguno en una operación que buscaba habilitar un recinto de salud en un plazo acotado.
Desde su equipo jurídico sostienen que la nueva ofensiva impulsada por Desbordes no contiene hechos nuevos; sino que se basa en antecedentes ya investigados durante más de dos años por el Ministerio Público, causa que concluyó con un sobreseimiento definitivo. A juicio de la defensa, insistir en esa línea no solo carece de sustento jurídico, sino que configura el delito de denuncia calumniosa.
“Es lamentable que el alcalde Desbordes busque reinstalar una discusión que ya fue resuelta por la justicia. La causa Sierra Bella fue objeto de una amplia investigación que se prolongó por más de dos años y concluyó con el sobreseimiento, dado que los hechos no constituyeron delito alguno”, afirmó Hassler, apuntando directamente a una estrategia política detrás de la arremetida.
En esa línea, la parlamentaria acusó una “persecución política sistemática” y sostuvo que la insistencia en el caso busca “manipular la justicia para hacer un punto político sobre hechos que ya fueron investigados y respecto de los cuales existe una resolución firme”.
“Se está burlando del accionar de la justicia”
El abogado de la exalcaldesa, Miguel Schürmann, endureció el tono y apuntó directamente a una vulneración de principios estructurales del sistema penal. “Resulta vergonzoso que el alcalde Desbordes intente reinstalar una discusión que ya fue resuelta por la justicia (…) lo mínimo que uno puede esperar de las autoridades públicas es respetar las instituciones”, afirmó.
El penalista agregó que insistir en los mismos hechos —ya descartados por los tribunales— implica desconocer principios como la cosa juzgada y la prohibición de doble persecución. “Aquí simplemente se está burlando del accionar de la justicia”, sostuvo.
Otro punto clave del comunicado es el cuestionamiento a la interpretación que Desbordes ha hecho del informe de Contraloría. Según la defensa, el órgano contralor nunca obligó a iniciar acciones penales, precisamente porque tenía conocimiento de que la arista penal ya había sido resuelta.
“Al contrario, la Contraloría sabía que estos hechos ya fueron investigados penalmente, por eso distingue entre responsabilidad administrativa y penal, sabiendo que sobre esta última hay cosa juzgada”, enfatizó Schürmann.
El fondo del caso: rapidez versus modelo tradicional
En el entorno de la exalcaldesa recalcan que la operación cuestionada tenía un objetivo concreto: habilitar un recinto de salud en un plazo aproximado de un año, en contraste con los tiempos habituales del Estado.
Según esa línea argumental, los proyectos tradicionales —como los Cesfam— pueden tardar cerca de una década entre su diseño, aprobación y puesta en marcha. La compra de Sierra Bella buscaba acortar ese ciclo, en un contexto marcado por la presión sobre la red de salud primaria tras la pandemia.
Contraloría y la disputa política
Pese al cierre de la arista penal, el caso ha mantenido vigencia en el plano administrativo y político. Desbordes ha respaldado sus acciones en informes de la Contraloría, los que —según ha señalado— contienen observaciones relevantes sobre el proceso de compra.
Sin embargo, la defensa de Hassler descarta que dichos informes obliguen a iniciar acciones penales. Por el contrario, sostienen que el órgano contralor distingue entre responsabilidades administrativas y penales, reconociendo que esta última ya fue resuelta por los tribunales.
“El intento de reinstalar este caso no tiene sustento jurídico, sino comunicacional”, insisten desde el entorno de la diputada.
Escalada judicial
Con esta querella, el conflicto escala a una nueva fase. Ya no se trata solo de la legalidad de la compra de Sierra Bella, sino de la eventual responsabilidad de Desbordes por insistir en acusaciones que, según la defensa de Hassler, fueron descartadas de manera definitiva por la justicia e incluso la propia Contraloría no remitió los antecedentes a la justicia, como sí ocurre en otros casos.
Incluso dentro del análisis que se realizó, es que el informe de Contraloría está evaluando el pasado, ya que en la actualidad la clínica está a nombre de la Municipalidad de Santiago, por orden judicial, y a quienes se pide sancionar ya no están en sus puestos de trabajo, incluida Irací.
Fuente: BioBioChile