La contratación del ex jefe jurídico de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) por parte de una empresa desató una nueva denuncia de la institución. El ex servidor público intervino en modificaciones a una licitación que beneficiaron, entre otras compañías, a la que hoy asesora. Sin embargo, no se trata del único caso de ese tipo.
La Unidad de Investigación de Bío Bío constató que cerca de media docena de ex altos funcionarios han sido relacionados a empresas afines en la última década.
Contratos multimillonarios, una puerta giratoria con la industria y licitaciones en entredicho conforman un entramado que vuelve a complicar a una de las reparticiones públicas con una de las billeteras más abultadas: 1,2 billones de pesos (unos 1.300 millones de dólares).
Una denuncia ante la fiscalía
El pasado miércoles 27 de mayo el director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Fernando Peña, presentó una denuncia ante el jefe de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, Eugenio Campos.
En concreto, el líder del organismo dependiente del Ministerio de Educación acusó haber recopilado nuevos antecedentes sobre los polémicos pagos a la empresa Sociedad de Servicios de Alimentación S.A. (Soser S.A.). Se trata del mismo contrato que ya había sido cuestionado en 2023, por supuestamente haberse entregado sólo 30 onces a cambio de $3.500 millones.
Pese a que la situación ya había sido revisada por Contraloría, Peña asegura ahora que tras la auditoría realizada por la administración entrante lograron obtener nuevos detalles. Entre ellos, está el paso de un exfuncionario a la empresa cuestionada. Además, en otro caso, Junaeb entregó antecedentes de servicios prestados por una exfuncionaria a una empresa que debió evaluar.
$14 mil millones
Los antecedentes recopilados por la Junaeb forman parte de la revisión interna ordenada por el presidente José Antonio Kast, respecto de la gestión de la administración pasada. En ese contexto, según cuentan fuentes de Junaeb, distintos funcionarios entregaron información relativa a la ya cuestionada licitación 85-18-LR20 del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
En esa licitación, la empresa Soser se adjudicó el servicio de alimentación para tres unidades territoriales de la región de O’Higgins. Esto incluía desayuno, almuerzo, once y cena.
Se trataba de un contrato que había salido a la palestra en 2023. A raíz de la acusación constitucional contra el entonces ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, el exdirector de Junaeb, Cristóbal Acevedo, aseguró en la comisión de la Cámara de Diputados que se habían pagado cerca de $3.500 millones por 30 raciones a Soser.
Ahora, Peña acusa que en realidad se trata de $14 mil millones sin onces entregadas, lo que fue posible mediante modificaciones de contrato:
—Nosotros creemos que son antecedentes nuevos, porque quien autoriza y quien facilita que estas modificaciones de contrato se hagan es el exjefe jurídico de Junaeb, que pocos años después aparece como asesor legal de la empresa cuestionada —dijo Peña en una entrevista a Radio Bío Bío.
El origen de la polémica está en las modificaciones que menciona Peña y las bases originales de la licitación. Los montos de $14 mil millones y $3.500 millones corresponden a pagos garantizados de Junaeb por los servicios de onces, el primero por la totalidad del contrato con Soser entre 2021 y 2023, el segundo sólo por 2022.
De acuerdo con lo estipulado inicialmente se pagaría a las empresas el 40% del valor de cada ración, a todo evento. Sin embargo, a medio camino ocurrió la pandemia, la inflación se disparó y las raciones a entregar fluctuaron. En base a esos factores, la Junaeb justificó un aumento del porcentaje garantizado por ración a 60%, a partir del 1 de agosto de 2022.
En esa modificación intervino el jefe de la Unidad Jurídica de Junaeb, Alejandro Layseca. Se trata del funcionario al que Peña alude, quien comenzó a trabajar para Soser en 2025. El abogado dejó Junaeb en septiembre de 2022, teniendo posteriormente pasos por la Dirección del Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social, hasta su arribo a Soser.
Una investigación que termina en nada
Para cualquiera en la industria es fácil recordar nombres de exfuncionarios de Junaeb que han sido empleados por empresas que poseen contratos con la repartición. A mediados de la década pasada, de hecho, existió incluso una denuncia penal al respecto.
En concreto, la secretaria general de la época, Amalia Cornejo, presentó antecedentes contra tres exfuncionarios: el exjefe Jurídico, Sebastián Pérez; el exjefe nacional del PAE, Marco Antonio Urbina, y el abogado del departamento Jurídico, Juan Francisco Mualim.
Contra el primero, se acusó que mientras era funcionario público había recibido un pago de $2.769.000 de la Conservera Pretzke S.A. Se trataba de la empresa matriz de Alicopsa S.A., que se adjudicó $82 mil millones en una licitación en 2014. Pérez había participado durante todo el proceso, desde la elaboración de las bases hasta la evaluación.
En su declaración judicial, el exfuncionario explicó que el pago se debía a un trabajo de revisión de contratos que había realizado durante el verano de 2013, según The Clinic. Por otro lado, se defendió argumentando que las evaluaciones se hacían de acuerdo con las “reglas y ponderaciones establecidas en las bases”, y que no le correspondía opinar sobre qué empresa debía ser elegida.
Si bien existió una querella del Consejo de Defensa del Estado, Pérez nunca fue formalizado y en 2018 el Ministerio Público tomó la determinación de no perseverar en el proceso penal en su contra, pues no se reunieron “antecedentes suficientes para fundar una acusación”.
Hoy, Sebastián Pérez Torrejón es el presidente del directorio de NutreChile, una asociación gremial que agrupa a las “empresas proveedoras de alimentos de los programas de alimentación preescolar y escolar de Chile”, administrados por la Junaeb, la Junji y la Fundación Integra.
En conversación con la Unidad de Investigación de Bío Bío, Pérez cuenta que tras su salida de Junaeb prestó asesorías puntuales a empresas del sector, sin llegar a estar contratado por ninguna de ellas. El líder gremial defiende la posibilidad de pasar de la Junaeb al sector privado:
—Me parece legítimo que un funcionario público pueda, posteriormente, después de que transcurran los plazos de compatibilidad legal, que en el caso de los fiscalizadores es de seis meses y en el caso del resto de los funcionarios no existe —comenta Pérez.
Sin conflicto
En la misma licitación de 2014 participó el Consorcio Merkén SpA, que se adjudicó $25 mil millones. La firma había contratado a Marco Antonio Urbina, exjefe Nacional del PAE, quien había participado en la formulación original de las bases y luego había sido desvinculado por Junaeb en agosto de ese año.
Al respecto, Contraloría determinó que no existía ningún impedimento legal. Si bien existe una prohibición de seis meses para los exfuncionarios de entidades fiscalizadoras que les impide trabajar en empresas del sector respectivo, según la ley que rige a Junaeb esta no es una organización fiscalizadora.
Por otro lado, se había denunciado también que el abogado Juan Francisco Mualim había prestado una asesoría a Merkén. Contactado para este artículo por la Unidad de Investigación de Bío Bío, Mualim asegura que eso nunca fue así:
—Se basó en una declaración que hizo una exfuncionaria a revista Qué Pasa —explica el jurista—. Yo era un abogado de división, no tenía ningún cargo de jefatura. Para ser sincero, después de salir de Junaeb inicié mi oficina de abogados y asesoré a la compañía Aliservice por varios años, no hay nada malo en eso.
Tras la denuncia penal tampoco hubo formalizaciones ni contra Mualim ni contra Urbina, quien se desempeñó durante años como gerente en Merkén. Tras ser contactado por la Unidad de Investigación de Bío Bío, Urbina afirmó que se encontraba en otro rubro y que no le interesaba emitir declaraciones.
Una década de espera
—A mí me sorprende que funcionarios de la institución terminan su trabajo y de pronto me los encuentro sentados en la mesa trabajando para empresas concesionarias, que hace un año, un año y medio estaban siendo fiscalizadas por ellos, o por lo menos trabajando por el lado de la Junaeb —afirma una fuente de la industria a la Unidad de Investigación de Bío Bío—. Creo que, si bien se cumple legalmente, puede resultar no tan presentable el tema.
Cristian Martínez, por su parte, cuenta que él esperó más de diez años para participar en una licitación de alimentación. Director de Junaeb entre 2005 y 2007 y luego subsecretario de Educación, Martínez pasó al mundo privado con la salida de la Concertación.
En 2013 fundó la empresa Outfood, la que posteriormente entregó a sus hijos, y siguió emprendiendo con otra compañía, Optimizar.
—Recién en 2018 participamos en un contrato chico en La Pintana –detalla Martínez, quien también es director en NutreChile–. Creo que era tiempo más que suficiente, yo no tengo a nadie que haya trabajado en la Junaeb conmigo. O sea, Optimizar solamente soy yo.
Otro de los exdirectores de Junaeb que aparece asociado a la industria es Jorge Poblete Aedo, quien dirigió la repartición entre 2012 y 2014 y que entre 2020 y 2022 fue subsecretario de Educación.
Según un registro al que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Bío Bío, Jorge Poblete participó de una reunión de lobby por parte de Merkén el 29 de abril pasado con el director Fernando Peña, quien fue seremi de Educación en el Bío Bío mientras Poblete era subsecretario.
En la cita se abordaron los servicios prestados por la compañía, “la sostenibilidad del modelo, operación en terreno y proporcionalidad de las multas”, de acuerdo con el registro. La Unidad de Investigación de Bío Bío intentó obtener una versión de Jorge Poblete, sin resultados hasta el cierre de esta edición.
Contratación a empresa de exfuncionarios de Transportes
—Es un tema que en Chile no está regulado y frecuentemente personas que se especializan en una industria buscan pega después dentro de la misma industria —comenta Jaime Tohá Lavanderos, quien fuera director de Junaeb entre 2017 y 2022.
Según cuenta, él ha optado por permanecer alejado de la industria. En 2024, Interferencia reveló una asesoría a Sodexo de uno de los socios de la empresa de Tohá. En ese momento, Tohá argumentó que su compañía funcionaba como una “comunidad de techo”, sin que compartieran o supieran de los clientes de cada uno.
Sobre el tema en general, opina que tiene que ver “con la ética y con la relación de cada uno con el país”:
—Cada uno sabrá y tiene que tener cuidado de qué conflicto de interés significa eso —asevera Tohá.
De acuerdo con la información recabada por la Unidad de Investigación de Bío Bío, la Junaeb también entregó al Ministerio Público detalles sobre el paso de otra exfuncionaria al mundo privado. Se trata de Lorna Villalobos, exjefa de Departamento de Programas de la Junaeb.
Según fuentes de la institución, durante la revisión interna se encontraron antecedentes de que en 2019 Villalobos había solicitado contratar mediante trato directo a la empresa Inventia Consultores S.A.
La compañía había sido fundada en mayo de ese mismo año por Claudio Pérez Mella y Luis Maluenda Orellana. Ambos tuvieron pasos por el Ministerio de Transportes durante el periodo en que Villalobos trabajó en esa repartición, entre 2007 y 2011. La denuncia de la Junaeb apunta a que Inventia Consultores S.A. obtuvo $120 millones por una propuesta de nuevas bases de licitación del PAE.
La nueva formulación eliminó las bandas de precios por servicios. Eso permitió que las empresas pudieran concentrar sus cobros en ciertos tipos de raciones, dependiendo de qué tan conveniente era para los cálculos mediante los cuales, según las bases, se determinarían las empresas ganadoras.
Así, Soser se adjudicó las tres unidades territoriales de la región de O’Higgins con un valor de $288 por almuerzo y $6.265 por once.
$550 millones
Los antecedentes de Junaeb también mencionan que, para dar “soporte funcional y evolutivo” a la licitación, se contrató vía convenio marco a la empresa Soluciones Tecnológicas Coordenada SpA en 2020. La evaluación técnica de ese contrato, por casi $25 millones, la realizó Lorna Villalobos, quien tuvo injerencia además en otros seis acuerdos con dicha firma, por cerca de $550 millones.
Luego de su salida de Junaeb, Villalobos habría trabajado para Servicios Tecnológicos Coordenada SpA.
La Unidad de Investigación de Bío Bío tuvo acceso a un documento del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, que muestra que la compañía participó de un proceso de adjudicación en el que se recomendó declarar su postulación inadmisible por no adjuntar la “cédula de identidad de Lorna Villalobos, jefa de la UTP”.
Contactada por la Unidad de Investigación de Bío Bío, Villalobos declinó hacer declaraciones para este artículo.
En tanto, Rafael Hasbún Jacir, representante legal de Soluciones Tecnológicas Coordenada, aseguró que Villalobos era una “excelente e intachable profesional”, y también prefirió no realizar más comentarios.
Un polémico incremento
—Entiendo que el tema de los funcionarios que pasan de Junaeb a las empresas puede resultar llamativo, pero no es lo central. Aquí lo importante es un posible delito fiscal y corrupción para robar plata —comenta un exfuncionario de Junaeb a la Unidad de Investigación de Bío Bío.
Con ello, la fuente hace mención a uno de los puntos más llamativos de la denuncia contra Soser S.A.: el incremento de onces en 2023 de las 785 mil proyectadas originalmente a 1.737.942.
Se trata de un punto fundamental en los antecedentes presentados por Junaeb. Porque mientras el cambio del porcentaje garantizado de 40% a 60% fue para toda la industria, el incremento en las onces aplicó sólo para Soser, mientras que para la mayoría de las firmas las onces se redujeron a cero. De esas 1.737.942 raciones no hay constancia de que se haya entregado siquiera una.
Alejandro Layseca había dejado la institución en septiembre de 2022, meses antes de esa decisión, atribuida por Junaeb al entonces jefe de Alimentación Estudiantil, Francisco Pizarro. Según comentan fuentes de la institución fuera de micrófono, no se encontraron actos administrativos que justificaran el aumento.
Pero, tras la polémica en 2023, Contraloría revisó el contrato con Soser en una auditoría, cuyo informe final fue revelado en enero de 2025. Luego de no responder en primera instancia las consultas del órgano de control sobre el incremento de raciones, Junaeb contestó que las modificaciones de los valores garantizados no habían sido suficientes para lograr “un equilibrio económico y corregir las desviaciones que presentaba” el proveedor con respecto al resto de los adjudicatarios.
La repartición explicó que los contratos firmados con los proveedores determinaban que el valor final a pagar no podía ser un 10% menos del costo referencial fijado. O sea, cada empresa tenía que recibir por lo menos el 90% del valor total contemplado en su contrato.
Errores de diseño
El problema era que como Soser había diseñado su propuesta cargando los costos a las onces y estas no se estaban sirviendo, la proyección de lo que se le iba a terminar pagando a la compañía estaba por debajo del 90%.
—Motivo por el cual, esa entidad [Junaeb] se vio en la obligación de incrementar significativamente la Programación Referencial de Productos Alimenticios asociada a las onces del nivel básico, situación que es confirmada en un informe elaborado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, en el que se establece, entre otras cosas, que lo expuesto deriva de un problema estructural, generado por la institución, y que no es posible obligar a la empresa a soportar con su patrimonio las desviaciones que impacten negativamente de una decisión de la autoridad —expone el informe de Contraloría.
El documento menciona que Junaeb arguyó que, de no haberse incrementado las raciones, se hubiese terminado pagando a Soser un valor 13% menor al contemplado, fuera del rango acordado y considerablemente menor que la desviación promedio de 6% menos para la línea 1 de contratación.
Contraloría realizó diversas observaciones a Junaeb. Entre ellas, ordenó que la entidad “disponga las medidas que resulten necesarias para evitar que, en el futuro, se repitan situaciones como la descrita”.
Junto con ello, el órgano de control entregó los antecedentes al CDE e inició un sumario administrativo en base a diversas observaciones, entre las que se encuentra el incremento de las raciones. Según el último informe de seguimiento de abril pasado, el sumario aún se encuentra en tramitación.
Lo nuevo y lo viejo
Luego de la polémica en 2023 por las 30 raciones, Soser S.A. se autodenunció ante el Ministerio Público. En esa causa la empresa fue sobreseída. Fuentes de la compañía critican al actual director de Junaeb, Fernando Peña, asegurando que en realidad la nueva denuncia no tiene mucho de nuevo.
Según comentan, uno de los mails presentados por Junaeb en esta oportunidad, en que Alejandro Layseca recomienda autorizar vía resolución exenta —es decir, sin pasar por Contraloría— el incremento de 40% a 60% del valor garantizado por ración ya estaba en la carpeta de fiscalía por la autodenuncia.
La decisión de autorizar los cambios mediante ese mecanismo también fue analizada por la auditoría de Contraloría. Si bien Junaeb argumentó que no había enviado los actos administrativos que aprobaron las modificaciones porque los contratos originales se habían autorizado también mediante resolución exenta, Contraloría determinó que los acuerdos iniciales se habían ajustado a las bases de licitación, las que sí habían tenido una revisión de juridicidad.
En consecuencia, como los cambios “importaron una modificación a los contratos celebrados originalmente”, la Junaeb sí debió haber remitido los actos administrativos antes de autorizarlos.
Fuentes de Junaeb señalan que lo nuevo tendría que ver con la vinculación laboral de Layseca con Soser S.A., aparte de la relación de Lorna Villalobos con Soluciones Tecnológicas Coordenada. Igualmente, la repartición entregó los detalles al Consejo de Defensa del Estado y Contraloría. La investigación penal fue derivada a la fiscal Constanza Encina, de la Fiscalía Metropolitana Oriente.
Fuente: BioBioChile