La Tesorería General de la República destacó que el 74% de los recursos de protección presentados por deudores del CAE fueron declarados inadmisibles por las Cortes de Apelaciones, respaldando así la legalidad de los procesos de cobro iniciados por el Estado tras el comienzo de las cobranzas.
Tras el anuncio realizado en abril sobre el inicio de cobranzas judiciales por parte de la Tesorería General de la República, más de 2.000 recursos de protección presentados por deudores del CAE se encontraban en tramitación en distintas Cortes de Apelaciones del país.
Sin embargo, el 74% de estas acciones fueron declaradas inadmisibles. Además, la Corte Suprema confirmó el rechazo de 239 apelaciones presentadas por los recurrentes.
Desde la Tesorería General de la República valoraron los resultados y señalaron que “estas cifras reflejan la solidez jurídica de las actuaciones de la institución en materia de cobranza y recuperación de recursos asociados al financiamiento estatal de la educación superior”.
La diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, lamentó la medida.
“Lo que resulta contradictorio y llamativo es que, mientras el gobierno propone recortes que afectan a quienes menos tienen y a la clase media, además, persigue de forma abusiva a las y los deudores del CAE”, fustigó.
Desde el oficialismo, el diputado de la UDI e integrante de la misma comisión, Ricardo Neumann, valoró la medida y sostuvo que, durante años, se instaló de manera errónea la idea de un eventual perdonazo a las deudas asociadas al crédito para la educación superior.
“Durante años se instaló la idea de que endeudarse con el Estado no tenía consecuencias, pero estos fallos ratifican una señal clara y fundamental para cualquier sociedad seria, que las deudas se pagan”, sentenció.
Cabe recordar que, a comienzos de abril, el Ministerio de Hacienda instruyó el inicio de procesos de cobranza contra deudores con ingresos superiores a cinco millones de pesos, grupo que corresponde a cerca de 1.800 personas.
El abogado tributario, Carlos Moreno, explicó que, si bien la Tesorería tiene la obligación de recaudar las deudas a favor del Estado, las medidas de embargo sobre las rentas de los deudores están sujetas a límites establecidos en la normativa vigente.
“Es importante que se sepa que los sueldos son inembargables hasta un poco más de 2 millones de pesos, con las restricciones establecidas en el artículo 57 y siguientes del Código del Trabajo, por lo que el Estado solamente puede echar mano a lo que exceda a dicha cantidad”, explicó.
Actualmente, mientras el proyecto del FES permanece estancado en el Senado, más de 500 mil personas mantienen deudas morosas asociadas al Crédito con Aval del Estado, cuyo monto total adeudado supera los 4 billones de pesos.
Fuente: BioBioChile