Se avecina un conflicto de vecinos en medio del boom de inversiones en proyectos de cobre en Argentina, en el que los proveedores trasandinos tienen décadas de experiencia y, en muchos ítems de la cadena de valor, costos más bajos que los locales.
Mientras Argentina espera USD 42.000 millones de inversiones en proyectos mineros que fueron presentados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) —con gigantes como Vicuña (BHP/Lundin, USD 18.104 millones) y El Pachón (Glencore, USD 9.500 millones) entre los más ambiciosos— las empresas proveedoras chilenas llevan meses posicionándose ante lo que ven como una oportunidad de expansión regional sin precedentes. Del lado argentino de la cordillera, buscan la manera de que la mayor parte del negocio lo pueda llevar adelante la industria local.
“Vamos a tener que pelearnos los proveedores y vamos a tener que pelearnos las personas con conocimiento específico”, resumió la expresidenta de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería de Chile (Aprimin), Dominique Viera. La institución agrupa a 121 empresas con una facturación conjunta superior a los USD 13.500 millones anuales.
Aprimin apuesta por el Tratado Minero Binacional (1997), que favorece los potenciales trabajos, obras y servicios que las compañías proveedoras podrán realizar para los proyectos mineros transfronterizos. Ese tratado, negociado hace casi tres décadas, habilita la libre circulación de trabajadores, equipos y materiales en la zona de integración binacional. Durante años fue un instrumento dormido. Hoy empieza a cobrar relevancia práctica.
Del lado argentino, esa pelea ya empezó, pero en sentido inverso: quién se queda con el negocio local antes de que lleguen los de afuera. Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), puso el tema sobre la mesa esta semana en un desayuno previo al Día de la Minería en el que participó este medio: “Es tan malo el compre local indiscriminado (NdR. las exigencias de que los proyectos contraten exclusivamente proveedores argentinos), como el que venga lo que quieran”.
Los números que explican el interés
Las exportaciones argentinas del sector minero cerraron 2025 en USD 6.056 millones, marcando un máximo histórico, equivalente al 7% de las exportaciones nacionales totales —la participación más alta jamás registrada, según datos que CAEM compartió a BioBioChile.
La proyección para 2026 es de USD 9.000 millones, un alza de al menos 49% interanual, aunque Roberto Cacciola, presidente de CAEM, advirtió que esa cifra es conservadora: si los precios internacionales se mantienen en los niveles actuales, el número podría trepar otros USD 1.000 millones más.
El motor del crecimiento, hasta ahora, es el litio. De 35.000 toneladas producidas en 2022 se pasó a 116.000 en 2025, y con los precios recuperándose, las exportaciones de litio estarán por encima de los USD 2.400 millones en 2026. Las provincias con mayor dependencia del sector son Catamarca (93,2% de sus exportaciones totales provienen de la minería), Santa Cruz (85,8%), San Juan (85,4%), Jujuy (80,6%) y Salta (44,2%).
Pero las cifras de exportación son solo una parte del cuadro. Si los proyectos más ambiciosos, sobre todo de cobre, avanzan plenamente, podrían generar USD 22.000 millones adicionales en exportaciones hacia 2035, concentradas principalmente en estos dos minerales. Cacciola señaló que el potencial ya no depende del hallazgo de yacimientos: “Los recursos están validados geológicamente; no dependen de una condición potencial, sino real”.
El cuello de botella: la cadena de valor local
Los proyectos en cartera exigen una masa de proveedores que Argentina, por ahora, no tiene en escala suficiente.
Según datos del propio informe de CAEM, un proyecto minero en etapa de construcción requiere 800 empresas proveedoras; en operación, 550. Si los 13 proyectos presentados bajo el RIGI avanzan en simultáneo, la demanda de proveedores será masiva y concurrente.
El entramado de proveedores locales, tras años de baja inversión, presenta limitaciones de escala, financiamiento y certificaciones. En ese contexto, ciertos costos operativos en Argentina pueden duplicar los de Chile o Perú en etapas equivalentes, y la disponibilidad de capital humano técnico especializado ya empieza a tensionarse a medida que los proyectos avanzan.
La Cámara Argentina de Proveedores Mineros (Capmin) viene levantando la voz en el Congreso sobre este punto. Su presidente, el Dr. Manuel Benítez, fue explícito: “No queremos beneficios extraordinarios, queremos la posibilidad de competir. Buscamos que nuestros productos tengan costos funcionales similares a los de otros países mineros para emparejar la cancha”.
El reclamo apunta a las asimetrías que genera el propio RIGI: el régimen habilita a los proyectos aprobados a importar hasta el 80% de sus insumos sin arancel, lo que en la práctica puede desplazar a la industria nacional de la ecuación.
Los principales sectores proveedores de la minería argentina son la industria (24%), la construcción (17%), el comercio (15%), los servicios profesionales y empresariales (10%), el petróleo y gas (8,7%) y el transporte y la logística (8%). Eslabones que necesitan escala, certificaciones y financiamiento para competir con firmas que llevan décadas operando en Chile, Australia o Canadá.
El RIGI y el dilema del compre local
El RIGI aceleró las decisiones de inversión —ya hay 13 proyectos presentados y 7 aprobados bajo ese esquema— pero abrió también un debate sobre sus consecuencias distributivas. El régimen permite que los proyectos aprobados importen hasta el 80% de sus insumos sin arancel.
La clave, según Cacciola, no está en cambiar la ley, sino en trabajar dentro de sus márgenes: que gobernadores y empresas definan qué puede abastecerse localmente y que el gobierno nacional facilite esa articulación. La sostenibilidad social de la minería, dijo, depende de que el crecimiento se vea. “La minería no va a ser aceptada si no hay un efecto de crecimiento que se vea en el país”, planteó.
El modelo chileno, como advertencia
Chile construyó su ecosistema de proveedores mineros durante cuatro décadas, a la par del desarrollo de la gran minería del cobre. Chile mantiene una base instalada, una cadena de proveedores y una infraestructura que Argentina aún debe construir. La convergencia proyectada es de flujo de inversión, no de stock. Aprimin nació en 2003 con 23 empresas; hoy genera empleo directo para 170.000 personas e indirecto para más de 350.000.
Argentina no tiene ese tiempo. Los contratos de construcción de proyectos como Los Azules, Rincón o Vicuña se definirán en los próximos años, y las empresas que no estén homologadas, certificadas y posicionadas cuando se abran las licitaciones van a quedar afuera. La experiencia chilena indica que ese proceso de desarrollo de proveedores requiere voluntad política, inversión y plazos que no se improvisan.
Fuente: BioBioChile