Una serie de deficiencias que ponen en riesgo el control y la seguridad en la frontera norte del país detectó la Contraloría General de la República tras fiscalizar el funcionamiento del Paso Fronterizo de Colchane, en la región de Tarapacá.
El organismo identificó problemas operativos, falta de personal, ausencia de unidades especializadas para enfrentar delitos asociados al narcotráfico y equipamiento clave fuera de servicio, en uno de los puntos más sensibles para el control migratorio y de mercancías entre Chile y Bolivia.
La fiscalización quedó plasmada en un informe elaborado luego de una inspección iniciada a fines de septiembre, que incluyó una visita en terreno encabezada por la contralora general, Dorothy Pérez, junto a autoridades regionales y equipos técnicos.
Contraloría detecta graves falencias en Paso Fronterizo de Colchane
Entre los principales hallazgos, la Contraloría advirtió que tanto la Policía de Investigaciones como el Servicio Nacional de Aduanas carecen de unidades técnicas especializadas para enfrentar delitos vinculados al tráfico ilícito de drogas, pese a que se trata de ilícitos regulados por la Ley 20.000.
A ello se suma una dotación de personal inferior a la requerida. El complejo fronterizo opera con menos funcionarios de la PDI en labores de Policía Internacional y con una presencia limitada de Carabineros, lo que reduce la capacidad de control permanente en la zona, dicen desde el organismo.
El informe también constató el tránsito irregular de personas a través del denominado “Paso Ancestral”, que conecta la localidad boliviana de Pisiga con Colchane, además del deterioro de la malla que delimita la frontera, lo que facilita el cruce no habilitado.
Equipos clave fuera de servicio
Otro de los puntos críticos detectados es la inoperatividad de equipamiento esencial para las labores de fiscalización.
La Contraloría verificó que el Body Scan utilizado por la PDI, una máquina de rayos X y el incinerador del Servicio Agrícola y Ganadero se encuentran fuera de servicio, sin que existan gestiones concretas para su reposición o reparación.
En el caso de Aduanas, se advirtió que el único camión scanner disponible revisa en promedio solo 16 camiones al día y que no existen registros que respalden los criterios utilizados para seleccionar las cargas inspeccionadas.
Órdenes y medidas correctivas
A raíz de estos antecedentes, la Contraloría instruyó una serie de medidas. Entre ellas, exigió a la PDI acreditar la operatividad del Body Scan y asegurar la presencia permanente de la Brigada Antinarcóticos en el complejo fronterizo.
Asimismo, ordenó a Aduanas aumentar la frecuencia de las fiscalizaciones y optimizar el uso del camión scanner, mientras que el SAG deberá garantizar el funcionamiento de su incinerador y mejorar sus procesos internos.
Finalmente, la Delegación Presidencial fue mandatada a coordinar la reposición de los equipos faltantes y reforzar la infraestructura considerada crítica para el control fronterizo.
Fuente: BioBioChile