Diputados de Renovación Nacional (RN) presentaron un requerimiento a la Contraloría para que se pronuncie sobre la legalidad del procedimiento de expropiación anunciado por el Ministerio de Vivienda de la megatoma del cerro Centinela de San Antonio, en la región de Valparaíso.
La solicitud la presentaron los diputados Frank Sauerbaum Muñoz, Carla Morales Maldonado, Andrés Celis Montt y Andrés Longton Herrera a la contralora Dorothy Pérez para que dictamine “acerca de la legalidad de la utilización de procedimientos expropiatorios para sustraer del patrimonio de su titular inmuebles objeto de usurpación u ocupación y cuyo desalojo se hubiere determinado para resolución judicial firme y ejecutoriada”.
Esto ocurre luego de que el Ministerio de Vivienda confirmara el martes la expropiación de parte del terreno usurpado (100 hectáreas) para desarrollar un proyecto inmobiliario de vivienda social. En el lugar viven más de 10 mil personas.
En el requerimiento, los parlamentarios exponen que la toma ha generado un “conjunto amplio de situaciones no deseables que afectan profundamente la calidad de vida de los ciudadanos de San Antonio y de sus comunas aledañas, tales como el tráfico de drogas, otras actividades delictivas, problemas sanitarios derivados de la ausencia de sistemas formales de agua potable y alcantarillado, gran riesgo de emergencias en función de conexiones ilegales al servicio de electricidad o de telecomunicaciones y la ausencia de servicios esenciales como transporte público, salud, aprovisionamiento y educación”.
También exponen que “conjunto con tolerarse esta usurpación, el Estado ha debido realizar ingentes gastos en atender las necesidades básicas de miles de personas presentes en la toma, acercando los servicios públicos provistos tanto por el nivel municipal como por el central. De igual manera, en materia de seguridad, la toma ha propiciado una alteración considerable de las normales formas de organización y actuación de las Fuerzas Policiales de la comuna y de la región, con objeto de atender las contingencias que su existencia acarrea”.
Es por ello que fundamentan que la expropiación en este contexto “vulnera también el principio constitucional de igualdad ante la ley, pues convierte al propietario afectado en el único agente obligado a soportar el costo de la ocupación irregular, mientras que los ocupantes ven transformada su conducta al margen del derecho en un acto beneficioso”.
Por todo lo anterior es que piden a la Contraloría determinar si el Minvu puede “recurrir a la expropiación como mecanismo para resolver ocupaciones irregulares en inmuebles cuyo lanzamiento ha sido ordenado por los tribunales de justicia y si tal práctica se ajusta a los principios constitucionales de supremacía constitucional, juridicidad, proporcionalidad, respeto a la función jurisdiccional y prohibición de desviación de poder”.
Fuente: BioBioChile