“El Estado no tiene derecho a castigarme por sus cagadas”: los informes de derrame de Enap en Quintero

Cuando escuché del tema fuimos a mirar, pensamos que no era tanto. Cuando llegamos fue impresionante ver esa mancha, cómo se iba extendiendo. Me dio una cuestión, ganas de vomitar… vi lo que venía: era una tremenda mancha… era muy grande.

Durante la madrugada del 24 de septiembre de 2014, mientras el LR Mimosa descargaba petróleo en el Terminal Marítimo de Enap en la bahía de Quintero, un error en el reposicionamiento del buque provocó que se rompiera la manguera de descarga.

En apenas dos horas 38.700 litros de petróleo se liberaron a las aguas, expandiéndose por la costa de la región de Valparaíso.

A pesar de la magnitud del derrame, los efectos en el área siguen siendo, a una década, objeto de debate. En dos causas civiles, pescadores y empresarios turísticos del área piden casi $30 mil millones en indemnizaciones a Enap por los daños causados.

La estatal ha intentado desligarse de cualquier responsabilidad, asegurando que se logró limpiar la columna de agua en apenas 14 días. Sin embargo, los vecinos apuntan que la fauna marina demoró mucho más en recuperarse y que el daño reputacional a la zona ha sido irreparable.

Cuatro informes periciales solicitados por los demandantes y a los que accedió Bío Bío Investiga dan cuenta de contratos arruinados, empleos perdidos y familias quebradas luego de la tragedia.

―Ese derrame apagó nuestros sueños ―lamentó una de las víctimas.

El shock

La mancha comenzó a apoderarse de la bahía a partir de las 4:00 horas de ese 24 de septiembre. A medida que se hacía más visible, los vecinos fueron comprendiendo la amenaza que se cernía sobre sus vidas.

En una estimación inicial, Enap cifró el derrame en “apenas” 3 mil litros. Un número que los pescadores cuestionaron. Tres meses después sería corregido por la Capitanía de Puerto de Valparaíso, multiplicándolo por 13.

―Yo no entendí hasta que vi a las aves que empezaron a vararse. Había un grupo de personas que iban a lavar sus alas… Empecé a notarlo en Ventanas, en Quintero, en Loncura ―contó un lugareño en uno de los informes periciales.

En cada una de las causas civiles los demandantes solicitaron un informe psicológico. El de la perito Marta Quintana se encuentra recogido en el litigio iniciado por empresarios turísticos de Horcón, que exigen $2.982 millones por perjuicios materiales y $3.600 millones por daño moral a Enap.

La perito entrevistó a nueve demandantes, que le detallaron sus primeras reacciones frente al incidente.

―En la tarde bajé a Horcón. Estaba toda la gente triste, mal. Conversábamos, pensábamos que íbamos a hacer ahora, a dónde íbamos a llegar ―relató un entrevistado a Quintana.

Otro de los afectados contó que incluso vio a una familia de lobos marinos intoxicados por el petróleo:

―Fuimos a la Isla de los Lobos en un paseo de curso. Horcón tenía mucho que ofrecer por la costa virgen de esos momentos, lugares donde vivían los patos yeco, donde las aves ponían los huevos… Ahí nos dimos cuenta de que había una familia de lobos que se estaban muriendo, que estaban botando una cuestión negra por la boca, para mí eso fue fuerte.

Un insulto del Estado

A medida que iban pasando los días la situación se volvía más crítica. La primera semana de octubre la Seremi de Salud decretó la prohibición de extracción de productos del mar.

Para el Gobierno de la época ―liderado por Michelle Bachelet―, parte de la solución se resumía en una palabra: reconversión.

La psicóloga Rayén Colimán entregó su informe en la causa iniciada contra Enap por más de 180 pescadores, fileteros y viudas, además de dos sindicatos. En conjunto, solicitan 23 mil millones por perjuicios patrimoniales y daño moral.

Colimán llegó a la conclusión de que, aparte de las acciones de Enap, las políticas ―o falta de políticas― del Estado agravaron la situación. Esto porque la famosa “reconversión” que los políticos de la zona comenzaron a izar como solución no parecía realista para los pescadores.

―En una reunión el intendente dijo: “Y en caso de qué esto se agrave mucho, hacemos reconversión”. ¡Reconversión! ¡Adónde la vieron! ¿Le voy a enseñar a cortar el pelo a mi papá, con 70 años? El Estado no tiene derecho a hacerme eso por las cagadas que se manda el Estado ―reflexionó uno de los entrevistados.

Entre los organismos que ofrecieron ayuda en el proceso estuvo Codelco, otra empresa estatal con fuerte presencia en el área ―en ese entonces todavía estaba operativa la fundición Ventanas―.

Una de las pescadoras sindicalizadas recordó en su entrevista un encontronazo con un funcionario de la cuprífera, en el que les ofrecieron nuevos trabajos.

―Vino el gallo que mandaba ahí, y me dijo: “Señora Eugenia, le tengo la solución”. Yo me pasaba las películas, como ignorante. ¿Sabí lo que nos ofreció? Que fuéramos a hacer soleras y a regar plantas. Me paré enfrente a él, me levanté las mangas y le planté el guaracazo en las narices. Le dije: “¡Somos pescadores y lo llevamos en la sangre! Esta opción no es pa’ nosotros!”. Y salimos de ahí…

De acuerdo al análisis de Colimán, al no haber existido un diagnóstico de las competencias de los afectados, no se establecieron las áreas donde pudieran desarrollarse. Por ello, las opciones que se presentaron poseían un evidente “límite fijo”, lo que convirtió la idea de la reconversión en un “insulto agravante para cada uno de ellos”.

Enap alega rápida limpieza

Enap informó una inversión de alrededor de $4 mil millones para asear las playas. Además, realizó diversas acciones para contener el derrame y luego limpiar la columna de agua y el fondo marino.

De acuerdo al informe solicitado por la estatal y firmado por el biólogo Víctor Correa Rueda, las acciones de Enap permitieron reducir rápidamente los restos de hidrocarburos.

Según el perito, ya al tercer día en las playas que se habían visto principalmente afectadas el petróleo había disminuido a “pequeños conglomerados”. A dos semanas del derrame, la columna de agua no presentaba rastros de contaminación.

En base a los informes técnicos y datos de monitoreo generados tras el derrame, Correa determinó que la macrofauna bentónica [del fondo del mar] “no se encontró afectada por el derrame”, mientras que la flora marina resultó “afectada medianamente”.

Sin embargo, respecto a los peces, el informe no entregó mayores conclusiones por la falta de datos al respecto.

―No hubo muestras de tejidos de peces en el área del desastre por el derrame y que circulan en la columna de agua, solo hay observaciones de pescadores locales que han reportado que la contaminación afectó a la pesca durante meses ―menciona el reporte.

Para suplir esto, Correa realizó una visita a la caleta de Horcón en mayo de este año. Allí, pudo ver que actualmente se obtienen una gran variedad de especies desde la bahía ―como jurel, merluza, pejeperro, congrio rojo, entre otras―.

―Si hay diversidad de pescados en el mercado actual, significa que la calidad de la columna de agua se ha recuperado bastante en el ecosistema marino ―concluyó.

Sin embargo, no realizó ninguna evaluación respecto a si había existido una afectación durante los últimos 10 años.

“Un machito que lo tenía que alimentar la mujer”

Aparte de la veda, con el derrame los turistas comenzaron a escasear, según contaron los empresarios de Horcón a Marta Quintana. De acuerdo con un entrevistado, de cinco visitantes que reservaban, sólo uno llegaba el fin de semana.

Por ello, los locatarios debieron usar sus ahorros y acostumbrarse a otro nivel de vida. Algunos pasaron a depender de sus parejas.

―No hacía ningún número, y mi señora me tuvo que alimentar, eso fue feo. Un machito que lo tenía que alimentar la mujer ―lamentó uno.

En otros casos, el derrame provocó que volvieran a vivir con sus padres, o derechamente partieran de la zona.

―Ese derrame nos apagó nuestros sueños, cerró el negocio que siempre quise tener con mi familia ―recordó uno de los entrevistados―. Hacer deportes náuticos, trabajar en mi pueblo con mi familia, era todo lo que quería hacer. Y a partir de ahí tuve que emigrar.

Incluso, otro afectado aseveró que había terminado con su pareja debido a las complicaciones derivadas del derrame:

―Con tantos problemas nos costó sostenernos y finalmente nos separamos. También nos separamos como familia. Mi madre con su pareja y su hermana también se fueron a hacer lo suyo, como si yo hubiese provocado eso.

Daños persistentes

En sus conclusiones, Quintana afirma que los “daños morales identificados son multidimensionales y persistentes, afectando salud mental, economía y autonomía, vínculos sociales y familiares, e identidad cultural”.

―Existió daño moral severo en la comunidad de Horcón, siendo los demandantes víctimas directas de las consecuencias ambientales del derrame del buque Mimosa el año 2014 ―escribió la perito.

En tanto, Rayén Colimán concluyó que los pescadores de Ventanas y Horcón sufrieron una “afectación a la salud física y mental” por el derrame.

La profesional detalló que el daño psicológico se traduce en una “sensación de pérdida y sufrimiento”, que se derivaba del perjuicio sobre la zona en que “desempeñaban sus oficios, en algunos ejercido por generaciones”.

Miles de millones

Para cuantificar económicamente el daño se encargaron otros dos peritajes, a petición de los demandantes. En ambos casos, tomaron como base el informe del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), que evaluó el perjuicio ambiental producido por el incidente.

El MMA había determinado $2.689 millones como costo de recuperación de recursos bentónicos, $4.073 millones como costo de recuperación de recursos pelágicos (que habitan en la columna de agua) y $2.434 millones anuales por concepto de perjuicios sociales.

El perito Marcelo Seguel utilizó esa última cifra para realizar su estimación sobre la afectación a los empresarios turísticos de Horcón. El contador auditor proyectó la pérdida en cinco años para Quintero y Puchuncaví en $7.427 millones.

Considerando los flujos de visitantes, concluyó que a Horcón le correspondía un 21% de esa cifra, o sea, $1.560 millones.

En cambio, el perito Eduardo Haye proyectó los perjuicios sociales a ocho años en $13.129 millones. De ellos, estimó que la mitad correspondía a los pescadores de Horcón y Ventanas, por representar el 50% de los sindicalizados en la bahía.

Bajo esa misma lógica, Haye sumó el 50% de los recursos pelágicos perdidos ($2.036 millones). Por otro lado, basándose en la fracción históricamente extraída por los trabajadores de las caletas demandantes, añadió el 70% del valor de los recursos bentónicos destruidos ($1.882 millones).

Por último, el perito hizo una evaluación de cómo el derrame habría afectado los precios, estimando un daño de $7.905 millones.

Así, los perjuicios totales alcanzaron los $18 mil millones para los demandantes.

De un lado para otro

“El derrame de petróleo significó la destrucción completa de la bahía y las secuelas se mantienen hasta el día de hoy. Por el tiempo transcurrido, hay víctimas que ya han fallecido”, se lamenta Claudio Díaz, abogado de los demandantes en ambas causas.

Desde su perspectiva, existen pruebas contundentes de la responsabilidad de Enap y la cuantía de los daños.

“La compañía no ha ofrecido ninguna solución razonable, ha negado responsabilidad y, en el mejor de los casos, ha señalado que debe esperarse el pronunciamiento judicial. Por los tiempos de los procesos, eso significa que los pescadores y comerciantes y sus familias deberán esperar con suerte tres años o más para ser finalmente indemnizados”, acusa.

Al respecto, el abogado añade que la actitud dilatoria de Enap en las causas civiles incluso llevó al juez a exigir consignaciones previas para promover nuevos incidentes.

Más allá de la respuesta de la compañía, Díaz afirma que intentaron obtener una respuesta directamente del Estado pero que no hubo coordinación entre los distintos entes. “Recurrimos a distintos ministerios, los cuales señalaron que esto debía ser tratado a nivel multiministerial. Por esa razón recurrimos al Presidente, quien nos respondió que lo debían resolver los ministerios. Por lo tanto la posible solución a nivel gubernamental se transformó en un círculo vicioso”, asegura.

De acuerdo al legista, en la causa de los empresarios turísticos sólo falta que el Ministerio de Medio Ambiente envíe copia del informe de evaluación de daños —el mismo que usaron como base los peritos contables—.

En la de los pescadores, se encuentra pendiente además un peritaje encargado por Enap, que podría prolongar aun más la tramitación.

Enap cuestiona informes

Aunque Enap intentó que los cuatro informes fueran desestimados, finalmente el Juzgado de Letras de Quintero decidió mantenerlos en las respectivas causas.

La empresa cuestionó, por ejemplo, falta de rigor metodológico en el informe de Quintana, al entrevistar a sólo nueve de los demandantes y extender sus conclusiones a todos ellos. Además, acusó que en el documento se justifica la estigmatización de Horcón como “zona de sacrificio” en base al derrame.

―La etiqueta de “zona de sacrificio”, no es algo que se haya generado con el derrame (…), sino que proviene de una situación
histórica que incluso reconocen los propios demandantes.

En cuanto al informe de Haye, la empresa aseguró que “carece de integridad”, ya que no “abordó la totalidad de los asuntos que le fueron encargados”.

―El perito Haye (…) parte de la errónea premisa de que los perjuicios patrimoniales a los demandantes efectivamente existieron, en circunstancias en que es precisamente el presente procedimiento el que está destinado a determinar aquello, y su encargo, incumplido, era justamente determinar si estos existían o no.

La Unidad de Investigación de Bío Bío contactó a Enap para profundizar sobre algunos de estos puntos. Desde la estatal respondieron mediante un comunicado, en el que destacaron que será el tribunal, finalmente, el que determine la “validez y conclusiones” de los informes periciales.

―La empresa ha planteado objeciones sustanciales sobre la admisibilidad de dichas acciones, entre ellas, la ausencia de pruebas que demuestren los supuestos perjuicios económicos y morales alegados por los demandantes; la desproporción de las indemnizaciones solicitadas; y la falta de una conexión directa entre los daños patrimoniales reclamados y el derrame de petróleo ocurrido en la bahía de Quintero ―añadió la compañía.