En sus declaraciones ante fiscalía, los abogados del Ministerio de Bienes Nacionales revelaron cómo tuvieron que trabajar bajo presión para sacar en tiempo récord la documentación para la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. Una de ellas, Muriel Letelier, aseguró incluso que el jefe de la División de Bienes Nacionales, Pablo Maino, llamaba durante los fines de semana para apurar el trámite.
Los testimonios de los funcionarios —a los que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Bío Bío— coinciden en que los procesos se aceleraron. El más explícito en este sentido es el de Letelier, asesora jurídica de la entonces ministra Marcela Sandoval.
En su declaración ante la Brigada Investigadora Anticorrupción (Briac), Letelier detalló que fue presionada para —básicamente— firmar a ojos cerrados el Decreto Supremo nº38, que autorizó la desastrosa compraventa.
“Me dijo que mi opinión no cambiaría la decisión”
Según recordó Letelier, el 25 de noviembre Denisse Hernández, jefa de gabinete de la ministra, le dijo que no podía irse sin que antes llegaran los decretos de las compraventas de las casas de los expresidentes Patricio Aylwin y Salvador Allende.
—Denisse no quería que los revisara, sólo que los visara, señalándome que la opinión que yo tuviera no cambiaría ninguna decisión en la compra.
Letelier afirmó que revisó los decretos acompañada por Alejandra Poillot, también asesora jurídica de la ministra, lo que “no duró más que unos cinco minutos”. Mientras Letelier leía los de las dos propiedades de Aylwin, Poillot hizo lo propio con el de la casa de Allende.
—Una vez revisados los tres decretos los visé con mi media firma y se los entregué a Denisse —narró Letelier.
Así, sin siquiera haber leído directamente el decreto de la casa de Allende, lo visó. Ese documento era el que especificaba que entre las dueñas de la propiedad estaban Maya Fernández, entonces ministra de Defensa, e Isabel Allende, senadora. Sobre ambas pesaban inhabilidades por sus cargos.
No obstante, Letelier cree que si lo hubiese revisado tampoco habría dicho nada del problema.
—De haberlo revisado tampoco me hubiera referido a las prohibiciones establecidas en la Constitución, porque no soy constitucionalista. Además, cualquier opinión que hubiera manifestado de mi parte no hubiera cambiado la decisión de compra.
Los telefonazos de Maino
Letelier también aseveró que el jefe del Departamento de Adquisiciones, Felipe Lanchares, le comentó que Pablo Maino, jefe de División de Bienes Nacionales, tenía “mucha premura” para que el proceso se completara lo antes posible.
—Maino insistía mucho, llamándolo desde muy temprano hasta muy tarde, e incluso los fines de semana, todo para sacar el proceso en el menor tiempo posible —recordó la funcionaria.
Por otro lado, la abogada dijo haber sido testigo de cómo el representante de la familia Allende, Felipe Vio, llamó a Lanchares para “discutir” la tasación inicial que se había hecho de la propiedad, de $828 millones.
Ante las quejas del representante de la familia, Lanchares contestó que el avalúo se ajustaba a la normativa del ministerio y que “tendría que consultarle a Pablo Maino la posibilidad de realizar una nueva tasación”.
Finalmente, la cartera hizo otro análisis, en el que añadió el costo de otras propiedades cercanas, lo que aumentó el avalúo en cerca de $90 millones.
Versiones contrapuestas
En su declaración, Letelier cuenta que puso su cargo a disposición luego que Marcela Sandoval se viera obligada a renunciar y estallara el escándalo.
—Como opinión personal, considero que hubo una falta de criterio político de parte de todos los que estuvimos involucrados en este proceso de compra y no fuimos prolijos en resguardar a la ministra, ya que esta compra no debiese haberse realizado o a lo menos haber levantado las alertas de la
prohibición constitucional respectiva —reflexionó.
La declaración de Letelier apunta a que, aunque ella firmó el decreto, fue su excompañera Alejandra Poillot quien lo revisó. Algo que esta última negó ante la Briac.
—El Decreto Supremo N° 38 fue revisado íntegramente por la abogada Muriel Letelier. Yo no participé en dicha revisión, por tanto, no tengo mayores antecedentes que aportar —respondió escuetamente Poillot en su declaración policial.
Además, Poillot destacó que en el gabinete de la ministra todos tenían una “sensación de incomodidad” por la compraventa, aunque causada por un eventual impacto comunicacional. Según dijo, se lo manifestaron a la jefa de gabinete (Denisse Hernández), y ella lo comentó con Sandoval, quien “también tenía sus aprehensiones al respecto”.
El trabajo de 18 meses en tan sólo cuatro
Felipe Lanchares, por su parte, contó que recién en septiembre de 2024 Pablo Maino le encargó dar inicio a la compra de las casas de los expresidentes. A menos de cuatro meses de que finalizara el año y se cumpliera el plazo fatal para ejecutar el presupuesto asignado.
—El periodo de compra de la casa de Allende fue excepcional (…). El proceso normal de este tipo de adquisición es de 12 a 18 meses aproximadamente —contó Lanchares a la PDI.
—Me consultó si habíamos remitido los antecedentes de la casa de Allende a la División Jurídica, contestándole que no. Pablo me dijo que debía “irse hoy”, y que si se tenía que ir la funcionaria que le avisara y él lo iba a resolver, y que cómo nos íbamos sin enviarlo y sin avisar, que esto era urgente.
Media jornada
En la División Jurídica también hubo apuros. En su declaración policial, Cynthia Reyes, de la Unidad de Decretos, contó que recibió el mismo 25 de noviembre los antecedentes.
La jefa jurídica, Macarena Diez, ordenó tramitarlos durante la jornada. Cuando Reyes le hizo ver que los decretos de la casa del expresidente Aylwin tenían problemas de forma y que en ese tiempo no era posible hacer un análisis pormenorizado, Diez le contestó que “el análisis jurídico y estudio de títulos ya se había realizado”.
Igualmente, Reyes encontró discordancias en la numeración de la casa del expresidente Allende y en el valor a pagar —si este era en pesos o UF—. Las aclaró rápidamente y envió a las 18:21 los documentos a Diez.
El 6 de enero, luego que estallara el escándalo por las inhabilidades que pesaban sobre Fernández y Allende, se hizo una reunión en la Dirección Jurídica de Bienes Nacionales. En ella, Diez aseguró que sí se había informado a Presidencia de las incompatibilidades.
—Al escuchar eso, hice presente que las tramitaciones urgentes eran enemigas del trabajo habitual de la DIJUR, por tanto, no se podía tolerar ser sometido a esto nuevamente —contó Reyes—. La revisión de los tres expedientes fue requerida ser realizada en un poco más de media jornada laboral, lo que es totalmente inusual, pues debiera demorar, considerando la urgencia y prioridad para un expediente de esta complejidad, un tiempo estimativo de al menos dos días de trabajo.
Hasta el momento no ha habido formalizaciones en la indagatoria por fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias que lleva el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.
Fuente: BioBioChile
