Desde el Congreso Nacional en Valparaíso, la diputada por Atacama, Daniella Cicardini, junto a la alcaldesa de Caldera, Brunilda González, manifestaron su malestar por el rechazo de la Cámara de Diputadas y Diputados a la admisibilidad del proyecto de ley de royalty portuario. La moción buscaba que las empresas navieras aportaran un dólar por tonelada transferida, como compensación a los impactos que soportan ciudades puerto como Huasco, Chañaral y la propia Caldera.
Cicardini calificó la decisión como un error político con graves consecuencias sociales “para aquellas comunas donde la operación de los puertos trae consigo impacto ambiental, urbano, en conectividad y en la vida cotidiana, es bien lamentable cuando el Congreso le cierra la puerta a una moción que buscaba mejorar la calidad de vida de sus habitantes”.
La diputada enfatizó que el rechazo al proyecto impulsado por el diputado Luis Cuello, junto a otros parlamentarios, golpea directamente a la ciudadanía, indicando que “hoy el Congreso mostró su peor rostro, porque a quienes principalmente afecta esta decisión es a la gente común, que pide justicia territorial. De eso se trata este proyecto de ley”.
En la misma línea, la alcaldesa de Caldera, también presidenta de la Asociación de Municipalidades de Ciudades Puerto Concesionados, calificó lo ocurrido como una “injusticia enorme”. Agregó: “La injusticia del desarrollo de las ciudades no puede estar en función exclusiva del crecimiento económico de un país costero, que necesita una política portuaria moderna. Después no nos quejemos de que Perú desarrolla una estrategia más potente: allá sí pagan una tasa que queda en beneficio directo de sus ciudades”.
Ambas autoridades coincidieron en que la discusión debe continuar. Cicardini anunció la conformación de una bancada transversal para insistir en el royalty portuario, recordando el precedente del royalty minero, inicialmente declarado inadmisible pero hoy convertido en ley que beneficia a 345 municipios.
“Aunque hoy no logramos la admisibilidad, no vamos a bajar los brazos en esta lucha. Exigimos al Ejecutivo que patrocine el proyecto y pediremos a los candidatos presidenciales definiciones claras sobre su respaldo”, subrayó la diputada.
Finalmente, González cuestionó: “Si el royalty pudo ingresar para la minería, ¿por qué no puede hacerlo para los puertos públicos y privados? Si el Congreso no quiere legislar, llegaremos hasta el Presidente de la República a exigirle que ingrese el proyecto con urgencia, porque es necesario para la justicia de los pueblos costeros”.
