La propuesta debería zanjarse la primera semana de septiembre, de manera de pasar a Sala a la brevedad. Académicos, abogados y pacientes participarán del debate.
Votar en general el proyecto que establece el derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica con el objeto de acelerar la muerte en caso de enfermedad terminal e incurable, la primera semana de septiembre, fue el acuerdo adoptado por los integrantes de la Comisión de Salud.
La instancia comenzó la ronda de audiencias el martes 19 de agosto, escuchando al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Alejandro Miranda. Las exposiciones continuarán el lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de septiembre. Al final de la última sesión, se espera que se someta a votación la idea de legislar.
Cabe recordar que la propuesta que cursa su segundo trámite y tiene suma urgencia, fue presentada en diciembre por la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y en junio pasado, la autoridad detalló las indicaciones presentadas al texto ya aprobado en la Cámara Baja.
La norma establece que solamente aquel que ha sido diagnosticado de un problema de salud grave e irremediable, tiene derecho a decidir y solicitar, de acuerdo con los requisitos y formas establecidas en la ley, asistencia médica para morir.
Algunos requisitos son haber sido diagnosticado de un problema de salud grave e irremediable, por dos médicos especialistas en la enfermedad o dolencia que motiva la solicitud; y encontrarse consciente al momento de la solicitud (en caso de que el paciente se encuentre inconsciente y dicho estado sea irreversible o esté privado de sus facultades mentales, procederá la asistencia médica para morir solo si media una declaración que conste en un documento de voluntad anticipada).
AUDIENCIAS
En la sesión del martes 19, la senadora Ximena Ordenes y sus pares Iván Flores (presidente), Juan Luis Castro, Sergio Gahona y Francisco Chahuán debatieron la metodología que utilizarán para escuchar a los académicos, pacientes y referentes relacionados con el mundo de las enfermedades terminales y los derechos de los pacientes.
El cronograma original, que fue ratificado, establecía que cada parlamentario propondría a dos expositores dando lugar a cuatro sesiones en las que intervendrían en total 10 oradores. Luego esa decisión fue cuestionada por la senadora Ordenes y el senador Castro, quienes propusieron hacer una sesión, en la que se escuchara a dos representantes por postura (a favor y en contra del proyecto) argumentando que “no queremos dilatar más el debate”. Los senadores Flores y Gahona optaron por mantener el cronograma mientras que el senador Chahuán se mostró dispuesto a ambas opciones.
De esta forma el lunes 1, martes 2 y miércoles 3 se escucharán a dos expertos en cada jornada. Preliminarmente, se mencionaron entre los invitados al arzobispo de Santiago, el cardenal Fernando Chomalí; el abogado, doctor en filosofía y académico Felipe Widow; la paciente con distrofia muscular de la cintura escapulohumeral, Susana Moreira; la abogada especialista en bioética Alejandra Zúñiga; el doctor Juan Carlos Bertoglio; y la abogada especialista en bioética, Javiera Bellolio.
Ya comenzando con los argumentos en contra de la iniciativa, el decano Miranda hizo ver que “la propuesta si es aprobada debilitará la protección legal de las personas particularmente de las más vulnerables como son los enfermos, adultos mayores y discapacitados (…) La persona está dotada de un valor intrínseco y la eutanasia y el suicidio asistidos atentan contra ese valor”.
También aseguró que “cuando se permite esta eutanasia voluntaria luego se da paso a la eutanasia no voluntaria (…) Se habla de la autonomía de la voluntad, pero es un argumento falaz porque siempre los médicos se reservan el juicio respecto a que si la vida del paciente es una vida que vale la pena vivir”.
Dichas declaraciones dieron paso a un intenso debate en el que la senadora Ordenes y el senador Castro cuestionaron este enfoque indicando que “estamos frente a un proyecto que abre una posibilidad, a nadie se le obliga a la eutanasia”, “no puede ser que en el siglo XXI las personas no tengan derecho a decidir sobre los últimos días de su vida y sí puedan hacerlo los médicos y el Estado”, “se ponen límites al ejercicio de este derecho, se presentan una serie de requisitos para solicitar las muerte asistida respecto al paciente y su enfermedad” y “no podemos seguir dilatando una discusión que ya tiene más de 14 años”.
En contraposición, los senadores Sergio Gahona y Francisco Chahuán coincidieron en que “el Gobierno no ha puesto el énfasis en hacer cumplir la ley de cuidados paliativos que es donde debería ponerse el acento”, “el derecho a la vida es el principio fundamental” y “es nuestro deber escuchar a todos los invitados sin excluir a nadie”.
