Hasta la Comisión de Seguridad Ciudadana concurrió el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, para exponer sobre las remuneraciones de los funcionarios de dicha repartición.
Revisar los montos de los sueldos de las y los funcionarios pertenecientes al Ministerio de Seguridad Pública, particularmente de la subsecretaría dependiente de éste, fue el objeto de la sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana. El análisis se realizó en el marco de una publicación realizada por el diario La Segunda, que informó sobre las elevadas remuneraciones que tendrían altos cargos de la nueva cartera.
El subsecretario del ramo, Rafael Collado, fue enfático en aclarar que ningún funcionario de la cartera tiene una renta mayor a la del ministro. Recordó, además, que esta se encuentra fijada de acuerdo al artículo 38 bis de la Constitución de la República.
El personero explicó que en la creación de la nueva cartera hubo un reordenamiento. Este implicó, en algunos casos, que jefes de división reciban un sueldo menor al que tenían cuando eran parte del Ministerio del Interior.
Asimismo, el subsecretario Collado remarcó que el diseño institucional de la cartera está centrado en el profesionalismo.
“Los jefes de división profesional y expertos de la Subsecretaría de Seguridad Pública cuentan con capacidades y la experiencia requerida para el cargo (…) Gran parte de ellos provienen de la Subsecretaría del Interior y tienen experiencia en seguridad y capacidad de gestión intersectorial, como es el caso de la Subsecretaria de Prevención del Delito”, puntualizó.
Frente a la exposición, gran parte del grupo parlamentario hizo hincapié en que los jefes de departamentos deben ser personas preparadas y expertas. Ello, considerando que el Ministerio de Seguridad Pública tiene características distintas a las de otras carteras.
En ese contexto, la comisión acordó enviar un oficio al ministerio para solicitar los perfiles de cargo de los funcionarios y la información respectiva sobre los procesos de contratación.
Proyectos de ley
En materia legislativa, la instancia inició en esta jornada la discusión del proyecto que busca modificar el Código Procesal Penal para aumentar el plazo para considerar una situación entre las hipótesis de flagrancia (boletín 16481).
Sobre la materia, el subsecretario Rafael Collado explicó en detalle la iniciativa en segundo trámite y originada en una moción de senadoras y senadores.
El texto incorpora a la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) entre las instituciones que actúan como auxiliares del Ministerio Público en las investigaciones.
Del mismo modo, junto a la policía marítima, suma a los funcionarios de Gendarmería entre los funcionarios autorizados para actuar sin orden previa de fiscales.
Adicionalmente, la comisión abordó el proyecto que establece medidas y nuevos mecanismos para enfrentar la evasión del pago de tarifa en los sistemas de transporte público el país (boletín 17441).
La propuesta pretende reducir la evasión tarifaria a través de una estrategia integral que combina fiscalización, control de acceso, educación ciudadana, nuevas tecnologías y coordinación intersectorial.
La instancia acordó continuar el trámite de ambas iniciativas en la sesión del próximo miércoles 6 de agosto.
