Por Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri.
A la gente le pagan en pesos, pero le cobran en UF. Esa frase atraviesa el núcleo de nuestro proyecto: No más cobros en UF. El debate ciudadano debe centrarse en una pregunta fundamental: ¿por qué el riesgo de la inflación recae completamente sobre el consumidor? Cuando se cobran servicios en UF, ese riesgo no se distribuye: lo paga la gente.
No más cobros en UF
Este proyecto no pretende eliminar la UF, como malintencionadamente quieren instalar. Su objetivo es restringir su uso en cobros cotidianos, donde ha generado un efecto perverso. Educación, salud y arriendos se reajustan solos cada mes, aunque los ingresos de las personas permanezcan estancados.
La UF fue creada en 1967 para proteger ahorros en tiempos de alta inflación. Pero su uso se ha extendido a universidades, colegios, salas cuna, gastos comunes, arriendos y hasta escuelitas de fútbol. Así, ha devenido en un mecanismo que sube precios sin mediación y sin que el consumidor tenga herramientas para enfrentar ese riesgo.
Lo que comenzó como un escudo se transformó en un mecanismo de traslado automático de riesgos hacia quienes no tienen poder de negociación.
El Consejo Fiscal Autónomo lo dijo sin ambages en su informe de noviembre de 2022 (página 38): “Una economía con contratos indexados puede generar inercia inflacionaria”, y eso implica que controlar la inflación se vuelve más difícil cuando muchos contratos están atados a la UF. Es decir, cuando los precios están amarrados al pasado, controlar la inflación se vuelve más complejo.
Parafraseando a quienes gustan de metáforas: si la inflación fuera la fiebre y la UF el termómetro, este termómetro mal usado no solo mide la fiebre, ayuda a mantenerla.
Algunos economistas cuestionan la idea de un “terremoto” al avanzar este proyecto en el Congreso. Un exconsejero del Banco Central advirtió a El Mercurio que “con una inflación contenida, como la que ha evidenciado Chile por años —a excepción del periodo postpandemia— no se necesita una indexación diaria, como lo es la UF”. Y recuerda que la mayoría de los países —dentro de ellos, gran parte de los desarrollados— no tienen a la UF y “funcionan bien”.
El economista Álvaro Gallegos ha señalado también que “cuando hay economías con inflación bajo 5%, la indexación diaria de la UF puede ser innecesaria”. Y agrega que hay que tener calma ante una posible eliminación de la UF en determinadas áreas, y plantea “que se podría pasar a otro sistema”.
Algunos dicen que, de restringirse el cobro en UF, tendría el efecto de que se aplicaría un reajuste en IPC. La verdad es que esto ya pasa. Muchos contratos —como arriendos o servicios anuales— no solo se expresan en UF, sino que, al terminar el período, además se reajustan por IPC. Les cobran el colegio en UF y, a final de año, les avisan que el próximo arancel viene reajustado al IPC. Es decir, en la práctica, UF + IPC: una doble indexación que encarece aún más el costo para las personas. Legal, pero abusivo.
Restringir la UF en servicios de consumo recurrente ya fue recogido en el programa presidencial de Carolina Tohá, liderado por el economista Álvaro García. Thomas Piketty lo ha señalado con fuerza: “El capitalismo no resuelve las desigualdades; las crea.” Hoy en Chile, en contratos indexados, el riesgo lo absorbe el que menos puede hacerlo: el consumidor final.
En la comisión, el ministro de Hacienda expuso reparos legítimos en materia hipotecaria. Los escuchamos. Actuaremos con responsabilidad. No hay hostilidad al crédito; por el contrario, queremos un sistema que permita acceder a la vivienda con condiciones justas, y donde el riesgo inflacionario sea compartido entre consumidores y entidades financieras.
La académica Carolina Erices, de la USM, ha planteado alternativas razonables: crear índices híbridos UF–IPC, establecer períodos de transición regulatoria y desarrollar instrumentos de cobertura financiera que gestionen el riesgo inflacionario sin trasladarlo íntegramente al consumidor.
Además, la discusión en particular probablemente apunte a regular otras prácticas que hoy afectan directamente a las personas. Por ejemplo, que nadie quede amarrado a contratos eternos; terminar con las fórmulas engañosas como “UF más IPC”, que duplican el alza; o evitar que se suba el arancel educacional a mitad de camino. Todo eso debe explorarse con seriedad. Este es el debate que algunos no quieren que se abra. Cualquiera de estos puntos en los que avancemos ya será un triunfo para la gente.
Proteger a las personas
Este proyecto fue presentado hace dos años, sin cálculos electorales. Y lo hacemos porque estamos convencidos de que la economía no puede seguir tratándose solo de proteger contratos: tiene que empezar a proteger a las personas. Joseph Stiglitz lo dice de manera contundente: “La desigualdad debilita la fortaleza de nuestra economía y contribuye a la inestabilidad económica.”
Este proyecto no es una cruzada ideológica; es una reforma técnica y ética. Esta es nuestra visión: una economía moderna, progresista y, sobre todo, al servicio de la gente.
Nos han caricaturizado, insultado y descalificado. ¿Qué fue lo que tanto les dolió? ¿Decir que la UF debe volver a su propósito original y no seguir usándose contra la gente hasta en escuelitas de fútbol? ¿Pedir que abramos la discusión sobre quién asume el riesgo de la inflación? ¿Atrevernos a decir lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a plantear?
Cuando se incomoda a los poderosos, no discuten ideas: insultan. Pero nosotros no vinimos a gustarles. Vinimos a representar a la gente. Y si lo que decimos molesta, es porque estamos tocando donde duele. Por eso hoy invitamos a todas y todos a informarse, a debatir con seriedad. Chile merece contratos comprensibles, precios predecibles y reglas que protejan a quienes hoy no tienen poder de negociación.
