Multas de entre un 10% del sueldo hasta la suspensión de dos meses con goce de media remuneración. Así terminó el boom de sumarios iniciados al interior del Ministerio Público, luego de que fiscales, funcionarios y administrativos husmearan en antecedentes reservados del caso Monsalve.
Según información recabada por la Unidad de Investigación de Bío Bío, durante todo 2024, el organismo persecutor finalizó más de un centenar de procesos administrativos por distintas causas, que —en la mayoría de los casos— terminaron con algún tipo de sanción que van desde la amonestación privada hasta la remoción.
El número se mantuvo constante durante los dos primeros trimestres, sin embargo, para fines de ese año, la apertura de sumarios experimentó un explosivo aumento. Si para comienzos de 2024, las razones iban desde el maltrato laboral hasta irregularidades en el registros de causas penales, a contar desde octubre, el foco cambió drásticamente. El “acceso indebido y no autorizado a información reservada” se tomó casi la totalidad de las investigaciones internas.
Así, tanto funcionarios administrativos, como técnicos y hasta un fiscal adjunto revisaron estas y otras causas sin tener sin arte ni parte.
Funcionarios indiscretos
Al poco andar de que explotara en la prensa el denominado caso Monsalve, que mantiene hasta de hoy al exsubsecretario del Interior en calidad de imputado por la violación de una mujer, las alertas se encendieron en la Fiscalía Nacional. A esa altura ya se habían detectado “numerosos” ingresos de funcionarios a la causa en el sistema.
“Distintos funcionarios del Ministerio Público, a lo largo de Chile, accedieron a la delicada información”, publicaba La Segunda en su edición del lunes 21 de junio, cuando habían transcurrido cuatro días desde que se conociera públicamente la indagatoria de la Fiscalía Centro Norte.
Lo cierto es que ese antecedente concuerda con los datos obtenidos vía Transparencia por BBCL Investiga: sólo entre el martes 22 de octubre de 2024 y el 18 de noviembre de ese mismo año, justamente al interior del órgano persecutor se iniciaron 15 sumarios administrativos.
De ese total, en 13 oportunidades los procesos terminaron con multas de entre el 10% y el 30% de su remuneración por un mes a los administrativos, el profesional y el técnico informático que fueron objeto de la investigación. Otro caso terminó con una censura por escrito para un administrativo, mientras que un fiscal adjunto —cuyo nombre no fue revelado por el organismo— recibió un castigo de dos meses de suspensión con goce de medio sueldo.
Conocedores de la dinámica interna del Ministerio Público sostienen que efectivamente entre los meses de octubre y noviembre de 2024 se produjo un “boom” de husmeos en el sistema interno de causas del Ministerio Público. ¿Las más revisadas? La del propio Monsalve y también la que se inició a partir de la denuncia por violación en contra del exfutbolista de Colo-Colo y La Roja, Jorge Valdivia, confirman los mismos consultados.
Los otros sumarios
Fisgoneos aparte, los sumarios también abordaron otros problemas al interior del organismo persecutor. De los cuatro procesos investigativos iniciados en el Ministerio Público por acoso sexual entre enero de 2024 y abril de 2025, dos culminaron con sanciones efectivas: una dirigida a un administrativo que fue apartado de sus funciones por dos meses con media remuneración y otra protagonizada también por un funcionario de rango administrativo que fue suspendido por un mes con medio sueldo.
Los otros dos procesos restantes por esta misma materia, en los que los investigados fueron un administrativo y un abogado asistente subrogante, terminaron en sobreseimiento.
En el caso de los sumarios por maltrato o acoso laboral, de los 26 procesos iniciados, sólo ocho finalizaron con sanciones: dos administrativos, una recepcionista, una fiscal adjunta, un fiscal adjunto y un fiscal adjunto jefe recibieron una amonestación privada, mientras que a otra fiscal adjunta y a otro administrador se les aplicó una censura por escrito.
Ninguno de los nombres de los involucrados fue develado por el Ministerio Público. Según indicaron a través de una carta firmada por la directora ejecutiva nacional, Mónica Naranjo López, ese detalle fue omitido en base al Artículo 21 de la Ley 19.628. Ésta señala expresamente que los organismos públicos no podrán comunicar las identidades ni otros datos personales de funcionarios relativos a infracciones o faltas disciplinarias, “una vez prescrita la acción penal o administrativa”, tal como ocurre en este caso.
Removidos
Asimismo, en tres de los cinco procesos por vulneraciones sexuales que iniciaron y terminaron en el periodo analizado se decidió aplicar sanciones. La más grave afectó a un empleado público de la fiscalía de rango administrativo, quien fue removido en febrero de este año por un “delito sexual no especificado”.
Otro servidor público del mismo rango fue suspendido por dos meses con medio sueldo, mientras un administrador fue sancionado con la suspensión por un mes con media remuneración.
Los otros cuatro removidos del periodo en estudio fueron una abogada asistente en octubre de 2024 por “irregularidad en registro SAF”, otra abogada asistente en noviembre de ese mismo año por “falta referida a los deberes del cargo”, un fiscal adjunto en febrero de este 2025 por “falta referida a deberes del cargo” y un funcionario sin cargo identificatorio también por “falta referida a deberes del cargo”.
Como sea, de las 101 investigaciones sumarias iniciadas, sólo dos afectaron a fiscales regionales: una por maltrato y acoso laboral y otra por acoso laboral. En ambos casos los procesos culminaron con sobreseimiento del investigado. Según conoció BBCL Investiga, al menos uno de esos procedimientos fue contra la fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena.
Fuente: BioBioChile.cl
