Un millón de dólares, cero resultados. Así terminó el fallido intento de modernización del sistema de interceptaciones telefónicas del Ministerio Público con el software Vigía Elite, bajo la gestión de Jorge Abbott. Prometía eficiencia y seguridad, pero no solo nunca funcionó: pese a los cuantiosos desembolsos, ni siquiera hubo contrato. La fiscalía siguió pagando $7 millones mensuales por un sistema “inservible”. Hoy, altos exfuncionarios del organismo son investigados por fraude al fisco y lavado de activos. Testimonios y documentos a los que accedió BBCL Investiga, develan el entramado tras el papelón institucional.
Más de mil millones de pesos tirados a la basura. Así podría resumirse el final de uno de los proyectos estrellas de la Fiscalía Nacional bajo la gestión de Jorge Abbott Charme (2015-2022). Se trata de la instalación del software Vigía Elite, que —en palabras del propio expersecutor— iba a significar un “radical proceso de modernización” y que permitiría “un alto estándar de seguridad” en las más de 4 mil interceptaciones telefónicas que realiza, diariamente, el Ministerio Público.
Pero no hubo ni modernización ni más seguridad: pese a los multimillonarios desembolsos de recursos fiscales, el sistema ni siquiera pudo echarse a andar. Una trama que no sólo devela el desprecio hacia dineros provenientes del erario fiscal, sino también sospechas de corrupción al interior del Ministerio Público.
Testimonios y documentos internos —a los que accedió la Unidad de Investigación de Bío Bío— reconstruyen el acuerdo “a puertas cerradas” que derivó en una investigación por lavado de activos y fraude al fisco, en la que hoy figuran como imputados altos exfuncionarios de la institución. Entre ellos, el entonces director de la Unidad de Drogas, Luis Toledo Ríos, y el exgerente de Informática, Oscar Zapata Díaz. A ambos, ya les alzaron el secreto bancario.
“En un curso de capacitación que me encontraba impartiendo en la Fiscalía Nacional (…) el director de la Unidad de Drogas, Luis Toledo, me preguntó si teníamos algún servicio tecnológico que les podría servir”, atestiguó uno de los lobbistas de Pegasus, la firma que permitió el aterrizaje del software al edificio de Catedral 1437, en Santiago Centro.
Mecanismo rudimentario
La historia va así. Cuando Ángel Valencia Vásquez sucedió en el cargo a Jorge Abbott se encontró con que nadie se había hecho responsable de investigar la compra del Vigía Elite. Un sistema que buscaba reemplazar al viejo y rudimentario RESIT. Este último corresponde al programa con el que el Ministerio Público coordina las solicitudes de interceptaciones telefónicas de persecutores de todo Chile.
Quienes conocen de cerca la plataforma, explican que las fiscalías locales del país canalizan sus peticiones para “pinchar” comunicaciones hacia la Fiscalía Nacional, a través de dos casillas de correos electrónicos.
Así, son dos funcionarios de la Unidad de Tráfico de Drogas, los que se encargan personalmente, y de forma análoga, de recoger el encargo e ingresar los números a ser intervenidos en el RESIT. Una vez completados esos pasos, la solicitud es enviada por el mismo sistema a las compañías telefónicas correspondientes para que éstas desvíen las comunicaciones que deben ser intervenidas.
Precisamente, el alto volumen de interceptaciones telefónicas hacia inicios de 2019 (más de 4 mil diarias), convertía al RESIT en un peligro latente. Y es que el hecho de estar operado manualmente lo hacía susceptible de equivocaciones que pudiesen llegar a afectar el curso de investigaciones.
“Debido a que este sistema RESIT es manual y con muchos errores, le solicitamos a la División de Informática que lo mejorara (…) Se podían presentar errores en la digitación de los números celulares o en los números de derivación, de fecha, etcétera”, atestiguó un alto funcionario del Ministerio Público en una de las indagatorias.
Sumario “exprés”
La solución para todos estos problemas, era una: reemplazar al RESIT por un nuevo software. Según antecedentes recabados por esta Unidad de Investigación, el elegido fue el Vigía Elite de la empresa Suntech/Verint, hoy conocida como Cognyte. Abbott dio luz verde a la compra a través de una resolución, por poco más de un millón de dólares. Sin embargo, el proyecto nunca se implementó.
Para cuando Valencia llegó al cargo, la iniciativa ya se había convertido en un escándalo al interior del organismo. Por ello, le encomendó a Alejandro Ivelic Mancilla, abogado asesor de la Unidad de Recursos Procesales, investigar quiénes habían sido los responsables del descalabro. Se trata de un viejo conocido de Toledo: fue su segundo al mando en la repartición que él lideraba y la relación entre ambos —cuentan conocedores de la interna— no era la mejor.
El funcionario demoró menos de cuatro meses en descifrar lo ocurrido. En un documento reservado, fechado el 7 de octubre del año pasado, Ivelic comunicó a Valencia una a una las irregularidades detectadas en su sumario, que algunos califican como exprés. Un proceso que, en todo caso, acumuló casi mil páginas.
De entrada, el investigador concluyó que el nuevo software “ofrecía una capacidad de interceptación muy inferior a la utilizada por la fiscalía”. Si a través del RESIT se mantenían hasta 4.700 interceptaciones diarias, el Vigía Elite sólo permitía un máximo de 1.000.
Según descubrió Ivelic, el millonario acuerdo se dio “a puertas cerradas”. A ninguno de quienes trabajaban en las interceptaciones telefónicas se les informó de la compra de la flamante plataforma. Mucho menos le pidieron la opinión respecto de cuáles eran las necesidades. Los analistas, por ejemplo, supieron de la adquisición en una reunión cuando ya todo estaba oleado y sacramentado.
“Momento tenso”
Una de las funcionarias recordó en su declaración ante el investigador que, poco antes de la pandemia, llegó a la Fiscalía Nacional una delegación de Brasil a cargo de la instalación del software. Se le invitó a participar. Era febrero de 2020.
“En un momento, dicen que el Vigía Elite tenía una capacidad de interceptación para 1.000 líneas telefónicas. Sergio Segeur (entonces analista de la Unidad de Tráfico) hace el comentario que el Ministerio Público tenía aproximadamente un promedio de 4.000 interceptaciones diarias. En ese momento, todos los asistentes quedamos asombrados debido a que el software ya se había comprado”, lanzó.
La servidora pública puso en evidencia lo desprolijo que fue la adquisición, puesto que “esa información (que se necesitaban al menos 4.000 interceptaciones diarias) era fácilmente obtenible por el propio sistema RESIT o consultando a la División de Informática”.
“Fue un momento tenso, los brasileros reaccionaron mal. Dijeron que el programa había sido solicitado con 1.000 líneas de capacidad y aumentarlas significaba aumentar los recursos económicos. Noté que tenían una actitud muy comercial, que todo involucraba dinero”, complementó.
El murmullo después de la reunión se hizo evidente. Los analistas no entendían cómo un proyecto tan caro no serviría para reemplazar al añoso sistema, puesto que “debería haber cubierto todas las interceptaciones del Ministerio Público”.
Un abogado asesor también desclasificó esa reunión. Dijo que fueron convocados por los representantes brasileños. También participó Carlos Paniagua, representante de Pegasus, que sirvió como intermediaria; además de Luis Toledo y Carolina Zavidich Diomedi. Esta última corresponde a una histórica asesora de la Unidad de Drogas, quien es sindicada como otra de las responsables de lo sucedido. Sin ir más lejos, en marzo de este año, el entonces fiscal de la causa penal, José Morales, allanó, en un inédito procedimiento, a la Fiscalía Nacional para incautar su teléfono.
“Producto inservible”
Según recordaron los funcionarios en el sumario, Zavidich —también encargada del RESIT— había seguido de cerca la compra del Vigía. Viajó a Brasil a conocer este programa, pero los resultados de esa visita no fueron transparentados al resto del equipo de analistas.
“No tuve mayor conocimiento de ese viaje, ya que nunca participamos en el proceso de evaluación de este software, tampoco nos informaron respecto del resultado de esa reunión en Brasil”, recalcó una de las asesoras.
“Estos funcionarios no fueron capaces de convocar a su propio equipo de trabajo que operaba el RESIT con el objeto de deliberar sobre el mejor sistema para su reemplazo”, cuestiona el informe de Ivelic.
Versiones encontradas
De acuerdo al investigador, los involucrados “tampoco consultaron a la operadoras telefónicas (con quienes tienen contacto permanente) sobre las posibilidades de interoperabilidad, ni consultaron la viabilidad del sistema con otras unidades de la Fiscalía Nacional y menos con las policías”.
Respecto de este último punto, hay versiones que se contraponen. Según averiguó este medio, para que funcionara el Vigía Elite, era necesario que las compañías telefónicas poseyeran un sistema compatible para el traspaso de la información. Lo que no está claro, es si las empresas estuvieron disponibles o no para adaptarse a las nuevas necesidades del Ministerio Público.
Zavidich, por ejemplo, dijo ante Ivelic que “se hicieron pruebas técnicas con operadoras que sí fueron positivas”. Una versión que coincide con la de otro funcionario de la Unidad de Drogas.
“Nos reunimos virtualmente con las operadoras, con los brasileros y sus representantes en Chile, durante los años 2020, 2021, у 2022, con el objeto de poner en marcha el sistema. Hicimos pruebas, preparáramos simulaciones (…), dando resultados positivos. Sin embargo, nunca se implementó el Vigía. Desconozco la razón por la cual nunca se instaló el software”, atestiguó.
Otros analistas desecharon de plano esa hipótesis.
“Movistar derechamente dijo que no iba a participar”, atestiguó, por ejemplo, el jefe de Software de la Fiscalía Nacional.
“El representante manifestó que no estaba en condiciones como empresa de hacer una inversión y comprar un software compatible con el del Ministerio Público”, acotó otro profesional de la misma división.
La única con la que se llegaron a hacer pruebas —continuó el mismo funcionario— fue con WOM, “con resultado positivo”. “Sin embargo, con las otras operadoras no se pudieron hacer pruebas, por la falta de un software compatible con el Vigía”.
Sin contrato
Más allá de la disyuntiva, lo cierto es que el sumario estableció que antes de la compra no se realizó prueba alguna que pudiera detectar cualquier posible incompatibilidad. El entuerto llegó a tal punto que —pese a los millonarios desembolsos— a nadie le pareció necesario firmar siquiera un contrato. Menos se solicitaron garantías ante eventuales incumplimientos de la empresa Suntech/Verint —hoy Cognyte—, cuya sede para Latinoamérica está justamente emplazada en Brasil y dirigida por brasileños.
Esto se sabe porque el actual gerente de la división de Informática de la Fiscalía Nacional, declaró que no encontró “ningún contrato para la compra del Vigía Elite, solamente una orden de venta”.
“Debió haberse suscrito un contrato, debido a los montos involucrados y a la función que desempañaría el programa (interceptaciones telefónicas). De esa forma se resguardaba la institución”, se lamentó en el testimonio que prestó ante el investigador.
En su alocución también develó otra irregularidad. Pese a nunca haberse ejecutado el proyecto, la fiscalía continuaría pagando servicios asociados por otros cuatro años. ¿El costo mensual? $7 millones. Según explicó uno de los funcionarios, estos dineros correspondían a servicios de almacenamiento, con Sonda; y de comunicación, con Entel.
Los desembolsos, sin mediar un documento de respaldo, se realizaron en tres tandas: un pago inicial por más de 481 mil dólares; luego otros US$394 mil; y finalmente US$154 mil. En total, se pagó poco más de US$1 millón. Algo así como 1.000 millones de pesos chilenos a cambio actual. Fuentes de esta Unidad de Investigación apuntan que los recursos pagados en 2019 por esta iniciativa, ascendían a la totalidad del presupuesto asignado para programas informáticos de la institución. En simple, la Fiscalía Nacional puso todas las fichas a un proyecto en el que no perseveró.
El lobbista
Carlos Paniagua, el entonces lobbista de Pegasus e intermediario entre Cognyte y la fiscalía, también declaró. Su testimonio es el que más complica a Toledo y a Zapata. Dijo que fue el propio director de la Unidad de Drogas quien se le acercó, personalmente, para ver qué tenía para ofrecer.
“Durante 2019, en un curso de capacitación que me encontraba impartiendo en la Fiscalía Nacional (…) el director de esta unidad, Luis Toledo, me preguntó si teníamos algún servicio tecnológico que les podría servir a la Unidad de Tráfico. Yo le señalo que parte de nuestro portafolio era el programa Vigía Elite, pero el año pasado había sido rechazado por razones presupuestarias de la fiscalía”, partió diciendo.
“Entonces, el señor Luis Toledo me preguntó si podía conseguirle la revalidación de propuesta con los mismos valores ofrecidos al año anterior. Yo le dije que tenía que consultar a la empresa proveedora de ese software que era Verint. Verint aceptó la propuesta, manteniendo los mismos valores anteriores, por lo cual estuvimos a la espera de la resolución del Fiscal Nacional”, atestiguó.
Panigua aseveró también que en una reunión en el edificio de calle Catedral, el gerente de Informática del Ministerio Público, Oscar Zapata, “manifestó que para ese tipo de proyectos no se requería un contrato”.
“También recuerdo que, en ese contexto de negociación, desde Verint me preguntaron si se iba a hacer un contrato, pero fue una decisión de la fiscalía no hacerlo. Tampoco la fiscalía exigió boleta de garantía”, sostuvo.
Sin concursos ni sorteos, el Ministerio Público terminó pagando el millón de dólares para comenzar la implementación. Fue el propio fiscal nacional de la época, Jorge Abbott, quien de puño y letra firmó la resolución que oficializó los desembolsos. Sólo contó con un documento para su fundamentación: una propuesta comercial de la empresa en la que, a simple vista, ya se advertía sobre su limitadas capacidades.
Esto “no fue reclamado ni representado por ninguno de los funcionarios de la Fiscalía Nacional que participaron en la elección del software. Esto es, ni por el director de la Unidad de Tráfico, Luis Toledo, ni por la coordinadora del RESIT, Carolina Zavidich, ni por el gerente de Informática, Oscar Zapata”, reza una de las conclusiones del sumario.
Pateando la pelota
Zavidich, en su declaración durante el procedimiento, discrepó. En buen chileno, le pasó la pelota a Zapata. Si bien reconoció que la idea de renovar el RESIT era “atractiva” dada sus dificultades operativas, sostuvo que, como Unidad de Tráfico de Drogas, sólo eran “los usuarios del sistema”. Cualquier decisión relativa a las propuestas de esta índole “debían estar necesariamente visadas por la División de Informática, ya que ellos son los que debieran tener el conocimiento competente”.
De este modo, aseguró que le “consta” que los problemas en la instalación del Vigía Elite fueron reportados por Luis Toledo, tanto a la repartición que presidía Zapata “para una solución”, como al fiscal nacional de entonces, Jorge Abbott.
“Desconozco si se dio alguna respuesta. Yo incluso le envié correos a Oscar Zapata pero no recibí respuesta”, detalló.
Requerido por BBCL Investiga, Luis Toledo reconoce que “es probable” que él haya sido personalmente quien le solicitó al representante de Pegasus venderle el Vigía Elite.
Eso sí, advierte que “existía una presión desde distintos órganos, y sobre todo del Senado de la República (…) en orden a que el Ministerio Público pudiera mejorar los estándares de las interceptaciones telefónicas”.
“Yo no tuve reparos en la adquisición del Vigía Elite, porque es un software de carácter internacional (…), probado y que incluso fue adquirido por la PDI en 2015”, afirma (ver entrevista completa al final de este artículo).
Inquirido Jorge Abbott, declinó emitir un pronunciamiento al tratarse de un proceso judicial en curso.
“De categoría mundial”
Según explica la abogada de Pegasus, Montserrat Rodríguez Ferrer, en la decisión de la compra, la firma que ella representa “no tuvo nada que ver”, ya que el Ministerio Público tuvo conversaciones con Suntech (Verint) desde 2016. Es decir, mucho antes de que ellos fueran los patrocinantes de la compañía en Chile (2018-2019).
“Es importante señalar que al tratarse de una licencia perpetua, la fiscalía siempre podrá utilizarla, ya que es de su propiedad. La entrega de esta por parte de Pegasus fue recepcionada conforme en cantidad y calidad”, precisa.
Respecto del Vigía Elite, asegura que es un software “de categoría mundial, de una empresa internacional que cotiza en bolsa en Estados Unidos bajo el nombre CGNT, y está listado en el mercado Nasdaq (NasdaqGS)”.
“De hecho, es utilizado actualmente por la PDI desde 2015 y por todas las compañías de telecomunicaciones, en ese entonces, que operaban en Chile (Movistar, Entel, Claro, etc.), sin existir reparo alguno”, sentencia, en la misma línea de Toledo. De ahí la sorpresa de la firma respecto de la incompatibilidad con esas empresas.
Causa penal
La investigación administrativa, cerrada a fines del año pasado, terminó sin sanciones. En el caso de Zavidich, los hechos estaban prescritos, mientras que Toledo y Zapata, para cuando el caso explotó, ya se habían desvinculado de la institución. El sumario fue aprobado el 2 diciembre de 2024 por el fiscal nacional, Ángel Valencia, según consta en una resolución que se hizo pública, a través de un recurso ingresado por el propio Toledo.
A través del mismo documento, el jefe del organismo persecutor dio “de baja” el Vigía Elite y remitió los antecedentes a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, a fin de que “determine la eventual existencia de hechos constitutivos de delitos”.
Los resultados del informe de Ivelic sirvieron de base precisamente para esa investigación penal. Según conoció este medio, la causa se encuentra reservada y se indaga fraude al fisco y lavado de activos. En una primera instancia, la tarea se le encomendó a José Morales, persecutor de esa repartición, quien consiguió una orden judicial no sólo para allanar la sede central del Ministerio Público, sino también para levantar el secreto bancario de los dos principales implicados. Es decir, Toledo y Zapata.
En su solicitud ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago —a la que accedió BBCL Investiga— Morales calificó a ambos funcionarios como hombres de “exclusiva confianza” de Abbott y enumeró tres hechos que le sirvieron para conseguir la diligencia.
Primero, las irregularidades detectadas durante la adquisición. Es decir, la falta de contrato, de garantías, que el software nunca se usó y, desde luego, el millonario perjuicio a las arcas fiscales. Luego, detalló la contratación de una segunda empresa, Aligare. Como el Vigía Elite nunca sirvió, a Zapata se le ocurrió mejorar el sistema antiguo y crear una versión 2.0 del RESIT. La Fiscalía Nacional, nuevamente bajo contratación directa, desembolsó más de 167 millones de pesos para ello, pero… tampoco funcionó.
Según el escrito de Morales, el nuevo RESIT “nunca se ejecutó o se concretó en algún sistema para la tramitación y gestión de todo lo relacionado con las interceptaciones telefónicas realizadas por el Ministerio Público”.
Morales fuera de juego
El tercer hecho apunta directamente a Zapata. El 25 de octubre de 2022, tras el retiro de Abbott y mientras la Fiscalía Nacional era dirigida por un subrogante, el funcionario, por si todo ya fuera poco, solicitó contratar nuevamente a la empresa Cognyte para la actualización del Vigía Elite. Pretendía desembolsar otros $318 millones, según la investigación. Le dieron un portazo.
“Se pretendía contratar a una empresa, para actualizar un software, que se conocía que no era compatible con las compañías telefónicas y otorgar líneas de interceptación adicionales, aún cuando el sistema anterior no era utilizado”, reclamó Morales.
Pese a conseguir el levantamiento del secreto bancario de Toledo y Zapata, además de la incautación de los celulares de ambos y de Carolina Zavidich, el actual fiscal nacional, Ángel Valencia, decidió —entre gallos y medianoche— remover a Morales de la causa. La asignó a una funcionaria de su confianza, la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel.
Un artículo de Ciper reveló que Zavidich está casada con un abogado que trabajó con Luis Hermosilla. “Existe la probabilidad de que el teléfono incautado a Carolina Zavidich contenga información y chats no solo relacionados con la compra del software para interceptar llamadas, sino también mensajes referidos a otros temas de interés público”, reza la publicación.
Amparo en la Corte
Toledo, por su parte, pasó a la ofensiva. Según pudo comprobar este medio, a fines de junio interpuso un recurso de amparo con el que buscaba frenar el levantamiento de su secreto bancario, bajo el argumento de que se trataba de “una decisión judicial ilegal y arbitraria”. El hoy docente de la Universidad San Sebastián aprovechó también de repasar a Alejandro Ivelic Mancilla. Este último, el funcionario que se encargó de la investigación administrativa que derivó en la causa penal por fraude al fisco y lavado de activos en la que Toledo hoy figura como imputado.
En la presentación que ingresó para su tramitación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en representación de Toledo, el abogado Miguel Ángel Chaves cuestionó la decisión del juez suplente del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Cristian Azócar Carmona, quien la semana pasada confirmó la validez de una resolución del 16 de enero en la que el juez de esa misma sede penal, Mario Cayul Estrada, decretó el alzamiento del secreto bancario.
En concreto, apuntan a que el delito que fundamentó el fiscal al momento de solicitar la medida intrusiva a principio de este año era únicamente fraude al fisco y no lavado de activos.
Viejos conocidos
Para cuestionar la investigación que actualmente lleva adelante el Ministerio Público en su contra, se esgrime que los antecedentes contenidos en el sumario administrativo, y que hoy sirven de base para la arista penal, la realizó un funcionario que —a su criterio— estaba inhabilitado para ejecutarla, considerando que fue subrogante en la Unidad de Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas que dirigía Toledo Ríos.
En tal sentido, Toledo y su abogado plantean que —pese a una solicitud expresa para que se inhabilitara— Ivelic Mancilla terminó encabezando el sumario de todas formas, aunque había participado de reuniones de equipo destinadas a la adquisición del software.
Concretamente, sostienen que la inhabilidad de Ivelic Mancilla era evidente “en virtud de que participó en los hechos que el mismo investigó en el sumario”.
Sin embargo, el tribunal de alzada capitalino resolvió declarar inadmisible el recurso presentado por Toledo. La Corte estimó que los antecedentes vertidos no dan cuenta de hechos que deban ser subsanados por la justicia mediante la tramitación de una acción constitucional de amparo.
Revisa la entrevista completa a Luis Toledo a continuación:
—El representante de Pegasus en Chile declaró que usted personalmente le pidió el Vigía Elite. ¿Recuerda cómo se dio esa solicitud?
“Efectivamente existía una presión desde distintos órganos, y sobre todo del Senado de la República, particularmente de la de la comisión de Seguridad, en orden a que el Ministerio Público pudiera mejorar los estándares de las interceptaciones telefónicas, porque no se cumplía con requisitos mínimos legales de acuerdo a lo que sostenía el mismo senador (Alfonso) de Urresti o el entonces senador (Felipe) Harboe en 2017 aproximadamente. En 2018 y 2019, particularmente el senador de Urresti, fue muy crítico del Ministerio Público en torno a que no se cumplían los mínimos estándares legales.
En consecuencia, se solicitó en 2018 inicialmente a la empresa Suntech representada en ese entonces por una determinada empresa chilena, no recuerdo si en aquella época era Pegasus o no, una cotización.
El primer año nos dijeron que no había recursos, luego el segundo año nos dijeron se podría adquirir y, en consecuencia, nos pidieron que revaloricemos el presupuesto. Por eso seguramente es probable, si esto (la solicitud a Pegasus) ocurrió el 2019, que yo me haya acercado en alguna capacitación a este caballero para preguntarle”.
—¿Usted en algún momento manifestó algún tipo de reparo durante el proceso de adquisición y/o implementación del Vigía Elite?
“Es que yo no tuve reparos en la adquisición del Vigía Elite, porque es un software de carácter internacional (…), probado y que incluso fue adquirido por la PDI en 2015 (…) Pegasus era el proveedor único de un software probado por diversas empresas públicas y privadas del país. La PDI tiene este mismo software y lo utiliza Inteligencia y causas penales.
Aquí hay mucha ignorancia en el tema. Yo creo que quien dirigió el sumario no tenía mucha claridad de lo que estaba pasando. Al parecer el sumario fue dirigido con el objeto de buscar responsabilidades respecto de personas que ya no estábamos en el Ministerio Público”.
—¿Entonces, en su criterio, la actual administración tiene interés de perjudicarlos? Porque también hay abierta una investigación penal…
“Yo fui de fiscal por más de 16 años operativo, habiendo obtenido los cargos de desde fiscal adjunto hasta fiscal regional. Luego fui asesor de la Fiscalía Nacional por cerca de 6 años, estando cerca de 22 años y más en la fiscalía.
Tengo mucho respeto y cariño por la función que se desarrolla y confío en la objetividad de quienes están indagando todas las investigaciones penales, pero hay errores… y a veces hay malas intenciones. Espero que este no sea el caso”.
—Hay un hecho concreto y es que se tiraron a la basura más de mil millones de pesos. ¿Quién, a su juicio, conociendo de cerca cómo fue el proceso de adquisición, es el responsable o contra quién se debería dirigir la investigación en vez de hacia usted?
“Esto es sencillo: el software se utiliza, sirve y efectivamente es homologable y conversa con el software de las compañías telefónicas, porque es ocupado por la PDI. El gran error de todo esto es que durante casi 2 años la administración actual del Ministerio Público tuvo este software alojado en sus bases de datos sin haberlo operacionalizado.
La decisión de botar el software es una decisión tremendamente equivocada, porque se botaron, ahí, a la basura los 1000 millones de pesos que podrían haberse recuperado si se hubiese convencido al Gobierno, a las instituciones y a las compañías que tenían que hacer las inversiones necesarias para permitir el funcionamiento del Vigía Elite. Y aun cuando eso no se hubiese logrado, este programa podía operar con correos electrónicos.
Se pudo haber usado el software igual, pero se decidió por una decisión política institucional, creo yo tremendamente errónea, darlo de baja de los activos del Ministerio Público”.
—¿Es la administración de Ángel Valencia la que, a su juicio, terminó tirando los mil millones a la basura?
“Es es lo que le estoy contestando. Yo lamento que hayan tomado esa decisión y espero que la reviertan porque el software existe, es una licencia perpetua y se podría hacer conversar con el programa de las operadoras si se hacen las inversiones necesarias. De hecho, se hicieron las pruebas con WOM y resultó”.
—Las operadoras, que son empresas privadas, bajo una lógica empresarial se negaron desembolsar dinero para hacer sus sistemas compatibles con la versión del Vigía Elite adquirido por el Ministerio Público. ¿Fue un error no anticiparse a eso?
Yo no podía anticipar una pandemia, un estallido social, las propias condiciones de mercado de las operadoras telefónicas las desconozco (…) A lo mejor pudieron haberse hecho las inversiones necesarias, incluso con apoyo estatal, pero no se no se exploró esa vía. Se terminó botando a la basura un software que era absolutamente útil.
Consultada la Fiscalía Nacional, indicaron que Carolina Zavidich continúa trabajando como asesora en la misma Unidad de Crimen Organizado y Drogas. BBCL Investiga intentó obtener una respuesta de Oscar Zapata, a través de su abogada, sin resultados hasta el cierre de esta edición.
Fuente:BioBioChile.cl
