“Ya se encuentra en curso la realización de una investigación interna para determinar si existen funcionarios que, estando con licencia médica, hayan salido del país”, dijo el domingo el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN). Horas después, recibió una carta de la Asociación de Funcionarios de Trabajadores de Parlamentarios de Chile, donde expresan su preocupación por el anuncio.
En el documento señalan que la fiscalización “comprendería, según lo señalado, un cruce de información con la Policía de Investigaciones de Chile (PDI)” y que “dicha situación resulta preocupante, no solo por la forma en que ha sido comunicada públicamente, sin mediar instancia institucional alguna que lo anticipe o trabajo previo con los sindicatos, sino especialmente porque este tipo de procedimiento excede las atribuciones legales y constitucionales que posee la Cámara de Diputadas y Diputados en materia de solicitud de informaciones personales de los trabajadores parlamentarios”.
Argumentan que “la PDI no es un órgano subordinado a esta Corporación, ni se encuentra obligada a entregar información sensible sobre desplazamientos de personas físicas a un poder del Estado que no forma parte del Ejecutivo y sin orden judicial que lo indique. A diferencia de los órganos de la administración del Estado, respecto de los cuales la Contraloría General de la República puede solicitar datos con fundamento constitucional y legal, en este caso no existe habilitación normativa que permita requerir tales antecedentes a un órgano policial”.
Trabajadores parlamentarios
Uno de los puntos que más inquieta a la asociación es que la investigación no se limitaría a funcionarios de planta, sino que abarcaría a asesores, periodistas, conductores, secretarias y otros trabajadores y trabajadoras parlamentarios.
“Esto es preocupante porque prestan servicios bajo modalidades contractuales distintas, que no requieren presencia física permanente en el Congreso Nacional, y cuyas funciones pueden desarrollarse legítimamente en cualquier lugar del país, e incluso fuera de él. El desconocimiento de estas características contractuales y laborales constituye una amenaza a los principios que rigen la función parlamentaria y a la autonomía técnica y territorial del trabajo que el personal parlamentario realiza”, argumentan.
La carta también plantea la necesidad de revisar los protocolos y medidas que ha adoptado la Cámara para abordar la salud mental de sus trabajadores. Y subraya que, si lo que se pretende es equiparar las obligaciones del personal parlamentario con las del personal de planta, debe avanzarse también en igualdad de condiciones laborales.
“La simetría en las exigencias debe ir acompañada, por tanto, de simetría en los derechos”, enfatizan.
Finalmente, advierten sobre el riesgo de que la investigación se utilice con fines distintos a los declarados. “Nos preocupa especialmente que una iniciativa de estas características, cuya supuesta finalidad sería fiscalizar y transparentar, termine siendo instrumentalizada con fines mediáticos o políticos, sin el debido respeto por las normas legales ni por los derechos fundamentales de los trabajadores”.
Y concluyen: “Si realmente se quiere avanzar en un sistema de fiscalización y transparencia, es indispensable hacerlo en el marco de reglas claras, con un diseño normativo adecuado, y no recurriendo a mecanismos de presión o exposiciones públicas que configuran verdaderas ‘cacerías de brujas’. (…) Nuestro llamado es a que se haga de forma seria y sin amarillismo”.
Ver carta:
