Presentan querella por “ayuda” del Gobierno de Frei a Augusto Pinochet para evadir a la justicia

A 51 años de que una comitiva especial del Ejército recorriera Chile ejecutando a opositores de la dictadura, este viernes familiares de las víctimas de la Caravana de la Muerte presentaron una querella por el encubrimiento por parte del Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle del principal responsable: el general Augusto Pinochet.

El libelo —ingresado por la abogada Karinna Fernández— apunta a las últimas revelaciones sobre la ayuda prestada por el Gobierno de Frei a Pinochet entre 1999 y el 2000, cuando el general en retiro se encontraba detenido en Londres, luego de una petición de extradición a España para ser juzgado por crímenes contra la humanidad.

Tal como dio a conocer BBCL Investiga, el Gobierno llegó al extremo de elaborar un informe de alrededor de diez páginas para que el exdictador pudiera fingir una enfermedad mental, de acuerdo a lo que declaró Cristián Toloza, exasesor de Frei, al investigador británico Philippe Sands.

Según detalló Toloza en el último libro de Sands, Calle Londres 38, el dossier tenía cerca de diez páginas y “describía cómo debía ‘actuar’ Pinochet: tenía que decir que había pensado suicidarse, que tenía problemas de memoria, cosas irracionales y absurdas”.

Por si fuera poco, Toloza aseguró que había viajado a Londres con un documento desconocido de la Caravana de la Muerte, en el que Pinochet daba una autorización expresa para la operación, el que utilizó para convencer al gobierno británico de que se lo procesaría en Chile.

La querella apunta que con estos nuevos antecedentes “se deduce inequívocamente que, ante la inminente posibilidad de ser juzgado en el marco de la jurisdicción universal, los agentes estatales involucrados en estos hechos desplegaron un esfuerzo coordinado al más alto nivel político para sustraer al dictador de la justicia internacional, y posteriormente nacional”.

“Ese gobierno se burló de la justicia, de todos los chilenos, se burló encima de todos los muertos y sus familiares”, comenta Angélica Palleras, una de las firmantes de la querella.

Detenido en una clínica

“¿Está seguro?”. José Miguel Insulza no terminaba de creer lo que le decía el embajador en Londres a través del teléfono. El canciller se dirigía a una entrevista televisiva cuando se enteró que ese 16 de octubre, mientras se hallaba internado en una clínica de Londres, Pinochet había sido detenido por Scotland Yard.

Insulza llamó entonces al presidente Frei, quien se encontraba en Oporto, Portugal, en una cumbre en la que también participaba el líder español José María Aznar.

“Aquella noche hablamos largo y tendido”, contó Insulza en Calle Londres 38. De acuerdo al entonces canciller, fue en ese momento que decidieron defender el derecho de Chile de hacer justicia.

Pinochet había sido arrestado tras una orden de captura internacional del juez Baltazar Garzón, quien perseguía en Madrid los delitos de la Operación Cóndor. Luego de la detención, Garzón recibió la autorización de llevar todos los casos en Chile, incluyendo la Caravana de la Muerte.

“Para nosotros fueron momentos cruciales… pero dudábamos de que pudiésemos triunfar”, cuenta Rosita Silva, hija de una de las víctimas de la Caravana de la Muerte: “Porque tanto los tribunales en Londres como en Chile iban a ser manoseados una vez más, como ya nos había pasado”.

“No sé de qué guerra me habla, mi general”

93 personas, al menos, fueron ejecutadas por el comando liderado por el general Sergio Arellano Stark durante la Caravana de la Muerte. Sin embargo, los objetivos de la operación iban más allá del exterminio de opositores.

Arellano, uno de los principales artífices del golpe de Estado en el Ejército, fue nombrado por Pinochet como enviado especial con amplias atribuciones poco después del golpe de Estado.

En una de sus primeras escalas, el 30 de septiembre de 1973 en Talca, dejó claro que no estaba contento con la paz que se vivía en la comuna, donde no había procesados.

—¡Acaso no sabe que estamos en guerra! —le recriminó al comandante del regimiento local, Efraín Jaña Girón, según recogió más tarde Patricia Verdugo en Los zarpazos del Puma.

—No sé de qué guerra me habla, mi general —contestó Jaña, quien tuvo que dejar su puesto y estuvo tres años detenido.

A su paso, Arellano fue sacando a los militares que eran considerados “blandos” y ordenando a su comitiva la ejecución de prisioneros sin procesos judiciales.

En Copiapó, el helicóptero Puma aterrizó el 16 de octubre a las 19:00 horas. Dos días después, se publicó en el Diario de Atacama un bando militar que informaba que, durante un traslado de prisioneros, se había producido un intento de fuga.

“Pese a que los centinelas les gritaron ¡Alto! varias veces e incluso dispararon al aire para amedrentarlos, no se detuvieron. En vista de esta situación, procedieron a disparar contra los fugitivos, hiriendo a trece de ellos que fallecieron en el lugar“, decía el comunicado.

La realidad era muy diferente: los habían masacrado. “Teníamos la certeza por todos los relatos de los mismos militares que vieron y vivieron esa situación”, cuenta Angélica Palleras, cuyo hermano Adolfo —de 26 años, dirigente poblacional y militante del MIR— fue asesinado.

“Los militares sintieron los gritos, el olor a sangre, una masacre de 13 personas o 16 —con certeza son 13 en una sola habitación— y los cortaron enteros con corvos, mazazos, cuchillos, punzones y yataganes. O sea, les destrozaron los cuerpos”, detalla.

Angélica interpuso la primera querella por el crimen de su hermano en 1985. A pesar de que con el regreso a la democracia se empezaron a investigar los casos de violaciones a los derechos humanos, la Ley de Amnistía de 1978 se siguió aplicando hasta poco antes del arresto de Pinochet.

De esta forma, aunque Arellano Stark había actuado como delegado de Pinochet y los crímenes de la Caravana eran conocidos a nivel mundial, el ex comandante en jefe se sintió lo suficientemente seguro como para viajar en 1998 a Londres con el objetivo de operarse por una hernia.

Luego de dar una entrevista al New Yorker y reunirse a comer con Margaret Thatcher, Pinochet ingresó a la London Clinic el 8 de octubre. Unos días después, su arresto significó para los familiares de las víctimas la primera oportunidad real de que lo procesaran.

Impunidad

A esas alturas, Rosita Silva llevaba años persiguiendo justicia por la muerte de su padre Mario Silva Iriarte, abogado, dirigente socialista y gerente de Corfo-Norte.

El hombre tenía 37 años y cinco hijos cuando viajó de Santiago a Antofagasta para entregarse voluntariamente, luego de haber sido nombrado en un bando militar.

La madrugada del 19 de octubre, mientras Arellano Stark se encontraba en la ciudad, fue ejecutado junto a otras 13 personas por miembros de su comitiva y efectivos militares locales, según consta en el Informe Rettig.

“Frei no movió un dedo por la muerte de su padre y tiene las manos manchadas no sólo con la sangre de su padre, sino que con gente Caravana y de este país, porque en definitiva lo que hicieron ellos fue resguardar a un criminal”, comenta Silva.

De acuerdo a Cristián Toloza, el Gobierno chileno elaboró una estrategia para traer de vuelta a Pinochet. La primera etapa del plan consistió en esperar que el arresto se volviera un problema para los británicos, lo que ocurrió cuando fue anulada la primera sentencia del Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores por los vínculos de lord Leonard Hoffmann con Amnistía Internacional.

A partir de aquello, se negoció un acuerdo con el gobierno de Tony Blair, que consistía en que los problemas de salud de Pinochet impedirían su extradición, por lo que volvería a Chile, donde perdería su fuero y sería juzgado.

Dado que igualmente el ministro del Interior británico, Jack Straw, pidió un reconocimiento médico independiente, se elaboró el informe que instruía al exdictador sobre cómo fingir una enfermedad mental. El dossier fue entregado al comandante en jefe del Ejército, Ricardo Izurieta, quien viajó a Londres para reunirse con Pinochet.

Finalmente, el 2 de marzo del 2000 Straw anunció que no lo enviaría a la nación ibérica por “razones humanitarias”, argumentando que sufría de demencia senil.

Al día siguiente, tras aterrizar su avión en el Grupo Nº10 de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), Pinochet fue sacado de la aeronave en una silla de ruedas por una rampa. Apenas alcanzó la losa del aeropuerto, se levantó a abrazar al comandante Izurieta.

“Ni siquiera sentí dolor: sentí vergüenza”, asegura Angélica Palleras. “Nunca había sentido una vergüenza tan profunda de mi país, de mi gente, del gobierno de Eduardo Frei, de la sociedad chilena, de los tribunales, de la justicia, de todos quienes de alguna manera trabajaron en la protección de este hombre”.

Un nuevo intento de justicia

La acción interpuesta este viernes ante Paola Plaza —ministra en visita extraordinaria para causas de derechos humanos— fue firmada por Silva, Palleras, Eduardo Cortés Barraza y Lorena Hoyos Muñoz.

“Si bien creo que esta querella es importante para mostrar que los delitos no terminan cuando acaban las dictaduras, es indispensable que contemos con los antecedentes. La clase política, la diplomacia, el Ejército están llamados a hacer una entrega de esa información“, resalta la abogada Karinna Fernández, con más de 25 años de experiencia en procesos de derechos humanos.

El escrito argumenta que, por los antecedentes de la ayuda prestada a Pinochet, se configura el delito encubrimiento. Aparte, por la utilización del papel secreto de la Caravana de la Muerte se acusan ilícitos “de sustracción y supresión de documentos e infidelidad en la custodia de documentos con grave daño a la causa pública”.

Como los crímenes que se imputaban al exdictador eran de lesa humanidad, la acción penal es imprescriptible.

Entre sus peticiones, el libelo solicita citar a declarar al actual canciller, Alberto Van Klaveren —quien fue funcionario diplomático durante la detención de Pinochet—; a los excancilleres José Miguel Insulza y Juan Gabriel Valdés; y al exembajador en el Reino Unido, Pedro Cabrera.

“Si ahora tenemos la oportunidad de hacer algo, una vez más, hay que hacerlo. Porque estamos moralmente comprometidos. Si nosotros podemos dejar un precedente, que se haga”, asevera Angélica Palleras.

Por su parte, Rosita Silva destaca que esta es una oportunidad para decirle a los compañeros de partido de su padre, como Insulza, “que son parte de las personas que tienen las manos manchadas con sangre”.

A pesar de que se encuentra en silla de ruedas y debe dializarse a diario, Silva llegó este viernes presencialmente a firmar en el edificio de tribunales: “Tengo 65 años, y no pierdo la esperanza de, antes de morirme, tener un rayito de luz, de justicia”, subraya.

Insulza insiste en que no sabía sobre ayuda a Pinochet

En conversación con BBCL Investiga, el excanciller y actual senador José Miguel Insulza comentó que “cuando ocurrieron todas estas cosas llevaba varios meses fuera del ministerio”, ya que había sido designado como secretario General de la Presidencia por Frei.

Consultado sobre si acudiría a declarar dijo que no había tenido hasta ese momento noticias de la querella: “Voy a preguntar qué quiere saber, de quién quiere saber”, respondió.

—¿Usted no ha tenido ocasión de hablar con Cristián Toloza a propósito de esto?

—No, no he hablado con Cristián Toloza, francamente. Y la verdad es que yo no tendría mucho que hablar con él. Me debería contar cosas tal vez, pero no hay muchas cosas que yo le pueda decir a él tampoco.

Las palabras de Insulza van en la misma línea de la declaración que había enviado a este medio en conjunto con Juan Gabriel Valdés, luego de difundirse el testimonio de Toloza.

“El supuesto documento [para ayudar a Pinochet a fingir] no fue conocido ni creado por nadie del Gobierno, y si hubiese existido, se hizo a espaldas del gobierno chileno“, aseguraron.

En tanto, desde el entorno del expresidente Frei comentaron que se encuentra fuera del país y no está opinando sobre contingencia.

Por su parte, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores dijeron no estar enterados sobre la querella y que el “rol del canciller [Alberto Van Klaveren] en el caso Pinochet es de conocimiento público”.

Cristián Toloza tampoco quiso emitir comentarios.