Hace algunos días, el país vio con asombro como el funeral de Carlos Acevedo, conocido como el “Guatón Mutema”, paralizaba la ciudad de Santiago. Pero el asombro fue mayor al ver el uso de recursos públicos en una verdadera procesión escoltada de quien más que ciudadano parecía un verdadero santo.
Ante esto surge la duda sobre qué plantea la ley N° 21.717, llamada “Ley de narco funerales”, publicada el 25 de noviembre de 2024.
Esta ley busca restringir los funerales de riesgo que pretenden exaltar la memoria de mártires para las bandas criminales. Eventos de alto riesgo, porque suelen ir acompañados de delitos, incivilidades y actos violentos que alteran el orden público y la vida cotidiana, atemorizando a los ciudadanos.
La ley establece medidas como que el delegado/a presidencial regional califique de riesgo el funeral, ordenando que se realice en un plazo máximo de 24 horas. Esa calificación de riesgoso contará con el informe técnico de Carabineros, pudiendo pedir antecedentes a la PDI y Gendarmería.
Carabineros determinará el trayecto desde el lugar del deceso hasta el lugar de sepultación, el Servicio de Registro civil y el Servicio Médico legal deberá dar prioridad a la inscripción y pericias respectivas, entre otras medidas.
Pero más allá de lo que establece la ley, llama la atención como el Estado ha fallado en el control de este tipo de delincuencia. En primer lugar, aún no se ha dictado el reglamento que hace que ésta pueda entrar en vigencia y la negativa a la apertura del secreto bancario son, entre otras cosas, algo que no tiene mucha explicación.
Parece que el Estado, está más preocupados de peleas personalistas y partidarias o de levantar candidatos presidenciales en vez de ocuparse de lo que realmente ocupa y preocupa a la sociedad.
Solo queda esperar que cuando reaccionen no sea demasiado tarde.
Karina Saavedra
Académica Facultad de Derecho U. Andrés Bello, sede Viña del Mar
