El pasado 4 de marzo la Fiscalía de Calama solicitó una audiencia de no perseverar en la investigación contra 20 dirigentes sindicales de Codelco. Esto, en el marco del llamado caso Seguros, en que los trabajadores fueron sindicados por la cuprífera estatal de haber montado una supuesta maquinaria fraudulenta usando los seguros de vida.
El Juzgado de Garantía de Calama, acogió esta solicitud y citó a una audiencia este 2 de mayo, donde se ratificó la decisión de no perseverar en la querella de Codelco contra los sindicatos 1,2 y 3 de Chuquicamata y de Trabajadores de Radomiro Tomic.
La decisión de no perseverar tuvo como base que durante 5 años de diligencias, declaraciones, allanamientos y peritajes por parte de la Fiscalía, la investigación no obtuvo antecedentes ni pruebas para fundar una acusación formal contra los Dirigentes Sindicales.
A esto, se suma lo expresado por el Tribunal Constitucional en abril de 2022, donde declaró inconstitucional el actuar de Codelco respecto de la petición de desafuero que ésta interpuso en contra de los dirigentes de los sindicatos de Chuquicamata.
La decisión de la Fiscalía se comunica semanas después que los sindicatos 1 y 2 de Chuquicamata, más ex dirigentes sindicales de la empresa, presentaran ante el Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago una denuncia por prácticas antisindicales e indemnización por daños.
Al respecto, el Presidente del Sindicato N°1 de Chuquicamata y la Federación de Trabajadores del Cobre, Héctor Roco, señaló: “Siempre estuvimos convencidos de este resultado. Nuestra plena inocencia se demostraría, con la falta de antecedentes, que no existe prueba para acusarnos del supuesto fraude orquestado que Codelco divulgó reiteradamente por los medios, como una campaña publicitaria. Codelco y los ejecutivos que crearon esta artimaña abusaron al presentar estas querellas y demandas. Abusaron de la confianza de sus trabajadores, de la responsabilidad de gestionar los recursos de Codelco y del compromiso que los dirigentes tenemos con Codelco y el país. Lo único que buscaba la administración de la época era eliminarnos como dirigentes sindicales y pasarnos la cuenta por la huelga legal de julio de 2019”.
“Estamos en búsqueda de resarcir los daños sufridos por los sindicatos, los dirigentes y los compañeros despedidos por la empresa en este proceso, para lo cual en octubre del año 2024 iniciamos acciones laborales con ese objetivo. Creemos que la decisión de la Fiscalía es, además, una oportunidad para que la actual administración repare todo el mal causado al movimiento sindical y a los trabajadores despedidos”, agregó Roco.
Esta nueva acción laboral está patrocinada por el estudio Rossel, Fuentes y Urzúa, RFU Abogados, mismo estudio que diseñó la estrategia general de defensa en la causa de desafuero ante el Juzgado del Trabajo de Calama y ante el Tribunal Constitucional.
