La Contraloría General de la República -CGR- realizó un plan nacional para auditar los gastos y transferencias otorgadas por los municipios entre enero y septiembre de 2024.
Lo anterior, con la finalidad de fiscalizar la correcta utilización de los recursos públicos en periodo electoral.
Para ello, Contraloría analizó las transferencias efectuadas por cada municipalidad al sector privado, y que la finalidad del uso de estos recursos se ajuste a la norma y no tengan relación con actividades de campaña electoral, ni con publicidad y/o difusión.
Como resultado, en 32 municipios del país se detectó algún tipo de irregularidad. A continuación, te dejamos el listado completo con el detalle.
Municipalidades de la zona norte
• Municipalidad de Copiapó: Contraloría constató que no se contaba con la documentación necesaria para respaldar gastos realizados, no contaban con actas de entrega de cajas de alimentos y que el municipio no mantuvo un correcto control de sus vehículos.
El ente contralor también advirtió un posible conflicto de interés luego de la contratación de un proveedor que prestó sus servicios al alcalde durante su campaña electoral del año 2021. Por lo mismo, se inició un sumario.
• Municipalidad de Putre: Se usaron las redes oficiales del municipio para para llevar a los usuarios a las redes personales del alcalde, donde promocionaba su candidatura. Además, a través de declaraciones de funcionarios del municipio, se constató que se les habría solicitado en dependencias municipales y en horario laboral, que apoyaran la candidatura. Por lo mismo, Contraloría instruyó al municipio a iniciar un sumario.
• Municipalidad de Arica: Contraloría evidenció un eventual mal uso del vehículo fiscal por parte del alcalde, por lo que la entidad regional iniciará un sumario.
También, el municipio mediante redes sociales usó imágenes asociadas a actividades donde aparecía el alcalde, a pesar de no estar a cargo de la Municipalidad por periodo de reelección. Finalmente, se detectaron irregularidades respecto del pago de horas extraordinarias en el periodo auditado.
• Municipalidad de San Pedro de Atacama: El municipio transfirió al sector privado un monto de $22.367.716, sin rendición de cuentas. Asimismo, se verificaron observaciones sobre la bitácora de vehículos fiscales y se advirtió sobre la existencia de invitaciones a eventos en las cuales se menciona al alcalde como gestor y no al municipio.
• Municipalidad de Calama: Hubo falta de gestiones por parte de la Municipalidad respecto a fondos pendientes de rendición por $15.745.342.317 y se expuso una serie de irregularidades vinculadas al mal uso de vehículos fiscales, por los que la Contraloría iniciará un sumario.
También, se detectó que el municipio no proporcionó todos los antecedentes requeridos para acceder a los beneficios sociales entregados y un eventual mal uso de las redes de comunicación del municipio.
• Municipalidad de María Elena: El municipio no suscribió el convenio con entidades del sector privado, durante el periodo de revisión, en la transferencia de montos por un total de $42.850.000.
De igual manera, se comprobó que los decretos alcaldicios que aprobaron las horas extraordinarias, de junio a septiembre, no cuentan con antecedentes que justifiquen su asignación.
• Municipalidad de Vicuña: Contraloría expuso que la Municipalidad habría realizado pagos improcedentes en diversas actividades durante el periodo auditado, por un monto superior a los $11 millones.
• Municipalidad de Illapel: Hubo contratos y pagos a funcionarios municipales por el monto total de $13.838.305 sin que se justifiquen estos gastos.
En este sentido, hubo actividades realizadas por el municipio fuera de su jurisprudencia, por lo que esta Entidad de Control formulará el reparo por $35.315.683. Asimismo, se detectaron irregularidades sobre el pago de proveedores y la falta de documentación en expedientes de pago.
• Municipalidad de Camarones: Entre otras observaciones, se constató que nueve documentos del municipio poseen una imagen incrustada con la firma de diversos funcionarios, lo que evidenciaría una posible adulteración y/o manipulación del instrumento público.
Municipalidades zona centro
• Municipalidad de Recoleta: 2 funcionarios -a contrata- de la planta municipal registraban contrataciones a honorarios en la misma entidad comunal. Se precisó que no se encuentran acreditados los servicios y tampoco, que estas actividades hayan sido realizadas fuera de sus jornadas laborales.
Contraloría además constató irregularidades en el desempeño del cargo de director gerente de la Corporación Municipal de Deporte y Recreación de Recoleta, junto con la existencia de fondos pendientes por la suma de $5.065.362 de los cuales, $1.834.610 fueron otorgados a 6 concejales en ejercicio en esa data.
Finalmente, hay irregularidades en las bitácoras de los recorridos de vehículos municipales.
• Municipalidad de Melipilla: Se verificó que la municipalidad contrató el servicio denominado “Jornada en el recinto con servicio a almuerzo para 400 personas” al proveedor Administradora de Turismo Rosa Agustina por casi 20 millones de pesos, y autorizó la contratación directa del servicio de traslado de personas de distintas agrupaciones al referido resort por un monto de $5.500.000.
Estos gastos habrían sido descontados en cuentas referidas a una celebración de carácter nacional y en el ejercicio de las atribuciones municipales relacionadas con el desarrollo comunitario. La CGR efectuará el reparo correspondiente a $25.460.108.
• Municipalidad de La Pintana: El municipio no acreditó la realización efectiva de trabajos encomendados a 12 servidores contratados mediante la modalidad de honorarios por un monto de $29.389.401.
Asimismo, se evidenció que la entidad edilicia contrató a la empresa Servicios Gastronómicos S.A. por medio de licitación pública para el desarrollo del evento “Reconocimiento a dirigentes sociales y comunitarios 2024” por un monto de $29.038.000, sin ser procedente este gasto.
Además, se efectuó la contratación de la empresa Servicios y Eventos Gacec Spa, para el servicio de coctel para 700 personas en el evento “la noche de las ferias” por un monto de $3.496.234, siendo dirigida a solo un grupo en particular y sin tener relación con las finalidades del municipio. Formulamos el reparo de todos los montos expuestos.
También, se advirtió que la bodega central de la Municipalidad de La Pintana no contaba con el registro de control sobre la entrada y salida de 100 cajas de mercadería y 94 camarotes por un total de $44.207.310, destinadas a la asistencia social en diversos programas.
• Municipalidad de Nancagua: El municipio efectuó tres procesos de licitación del “Servicio de Mantención de Áreas Verdes”, de los cuales terminaron con declaraciones desiertas o inadmisibles, de modo que dicha entidad comunal efectuó la contratación del servicio por trato directo por un monto de $195.000.000, sin fundamento por parte del municipio para renovar de forma mensual.
Además, pagaron $44.006.876 en la remuneración de personal a honorarios, sin que conste la acreditación de las actividades realizadas mensualmente.
• Municipalidad de Maipú: La entidad comunal no respondió a las reiteradas solicitudes de Contraloría para poder fiscalizar y realizar la auditoría. Por lo mismo, el ente contralor iniciará un sumario.
A su vez, se estableció que la entidad comunal entregó ayuda social a siete personas que se encontraban fallecidas al momento de recibir el beneficio y se comprobó que 6 viviendas pertenecientes a la municipalidad se encuentran en uso por personas que no cuentan con la calidad de funcionarios municipales y tampoco con un decreto alcaldicio que los autoriza.
• Municipalidad de La Florida: El municipio pagó más de $30 millones por la prestación de servicios honorarios durante 2024, con finalidades ajenas a los objetivos de la entidad.
Bajo el contexto de la celebración del día del dirigente vecinal y comunal, el exalcalde de la comuna presentó a los candidatos a cargos públicos de La Florida solo de su pacto electoral, situación que podría constituir una eventual infracción al principio de probidad.
Finalmente, el municipio entregó 5.600 gift cards por la suma de $140.000.000 en el contexto de una emergencia climática, sin que los antecedentes de respaldo resultaran suficientes para acreditar la necesidad de los beneficiados.
• Municipalidad de Puente Alto: Se determinó un gasto improcedente por $129.899.999 a la empresa Administradora de Turismo Rosa Agustina para el servicio de producción del evento “Jornada de capacitación para dirigentes sociales de la comuna de Puente Alto”, no siendo posible verificar que hayan invitado a la totalidad de dirigentes vecinales de la comuna.
Además, advertimos irregularidades en el uso de vehículos fiscales; en la participación de funcionarios en campañas electorales en horario laboral; rendición de cuentas y gastos, y respecto de la revisión del libro de asistencia y remuneraciones.
•Municipalidad de Santiago: El municipio de Santiago no proporcionó antecedentes de respaldo sobre los documentos requeridos. Dada esta situación, la Contraloría iniciará un sumario.
De igual manera, se constató una serie de irregularidades en las bitácoras y el uso de vehículos fiscales. Asimismo, la auditoría arrojó observaciones en el pago de horas extraordinarias sin acreditación de la ejecución de las labores y una serie de anomalías en los registros contables del municipio.
• Municipalidad de Colina: Contraloría comprobó que el municipio pagó $14.513.991 por los servicios a honorarios en programas comunitarios, sin que se respalden las actividades ejecutadas.
Asimismo, se expuso que el municipio habría pagado $3.073.063 por viáticos al extranjero, sin que se antecedentes suficientes sobre cómo se determinó la correspondencia del pago de éstos.
• Municipalidad de Renca: Hubo diversas observaciones sobre pago de honorarios. Además, se comprobó que las prestaciones desarrolladas por 11 personas que desempeñaron la función de asistente de concejal, para las cuales la Municipalidad de Renca se pagó $68.128.738, no se ajustaron a las consideraciones de la norma.
También se verificó que 12 personas contratadas no cuentan con la documentación que respalde las actividades realizadas, por las que se pagó un monto de $48.570.818.
Además, el alcalde de la municipalidad registraba audiencias por plataforma del lobby hasta el 22 de marzo de 2024. No obstante, mantuvo reuniones con empresas o privados, hasta septiembre.
Municipalidades zona sur
• Municipalidad de Chiguayante: Se comprobó una serie de irregularidades respecto del uso de las redes sociales y plataformas de difusión. Asimismo, se comprobó que el municipio pagó $771.382 por la adquisición de una nota periodística al medio Sabes.cl y por la publicación de 65 frases radiales a la empresa Cordillera SpA.
También se verificó el pago de casi $2 millones por el servicio de un seminario al proveedor Gastronomía y Turismo Coll y Compañía Ltda. advirtiéndose que dicha actividad no consistió en un seminario y tampoco fue abierto a la comunidad.
• Municipalidad de Río Bueno: Constatamos que de la revisión de 20 egresos por adquisición de bienes y servicios por un monto de $161.258.494, los expedientes de pago no cuentan con la acreditación de la recepción conforme ni comprobantes de pago.
También hubo mal uso en la rendición de cuentas y gastos, así como en la entrega de becas.
• Municipalidad de Talca: Hubo 15 transferencias al sector privado por $65.196.040 sin cumplir con la rendición de éstas. También hubo desigualdad en los mismos beneficios entregados. Finalmente, hubo falta de rendición y gastos y mal uso de beneficios fiscales.
•Municipalidad de Los Lagos: Verificamos que la Municipalidad de Los Lagos no sometió a trámite de toma de razón los decretos alcaldicios por los cuales aprobó la contratación del servicio de concesión para el servicio de aseo, mantención de áreas verdes y servicios generales.
Entre otras observaciones, el municipio aprobó el pago de 21 servidores a honorarios por supuestos servicios prestados que no se encontraban considerados en sus contratos originales.
• Municipalidad de Sagrada Familia: Verificamos que la entidad edilicia contrató vía trato directo un servicio de cóctel para 200 personas por $2.094.400, desembolso que resulta improcedente.
Además, se constató que el municipio no pudo acreditar la suma de $668.041 correspondiente a ayuda social, toda vez que no fue posible acreditar el estado de carencia de los beneficiados.
• Municipalidad de San Javier: Hubo irregularidades en la asistencia y pago de remuneraciones de funcionarios de la Municipalidad.
A su vez, constatamos que el municipio registró las compras de cajas de alimentos denominadas “Para personas” por un total de $38.046.230, sin que lo dispuesto se ajustara a la norma.
• Municipalidad de Coyhaique: adquirió gift cards para ser entregadas como ayudas sociales, sin incorporar especificaciones que limitase el canje solo a productos de primera necesidad.
El municipio desembolsó la suma de $19.635.000 a la producción del evento “Día del Dirigente Comuna de Coyhaique 2024”, en circunstancias que dicha celebración -según Contraloría- no constituye una festividad que sea propiamente municipal.
Además, identificamos que se efectuaron 22 adquisiciones, por un monto de $769.774.797, que no fueron tramitadas por medio del Sistema de Información de Compras y Contratación Pública.
• Municipalidad de Aysén: Se comprobó que el organismo comunal pagó horas extraordinarias con recargo del 25% y 50%, excediendo tanto las horas aprobadas por decretos alcaldicios, como el límite de 40 horas diurnas.
• Municipalidad de Cisnes: Se verificó que, en dos oportunidades, funcionarios municipales intervinieron o participaron en la tramitación de transferencias efectuadas por $12.650.000 y $200.000, destinadas a grupos en los que mantienen participación o vínculo de consanguinidad.
• Municipalidad de Torres del Paine: Advertimos que la Municipalidad de Torres del Paine llevó a cabo las celebraciones de los eventos “Celebración del día de la familia comuna Torres del Paine 2024” y “Celebración del día del trabajador” por la suma de $5.000.000 y $7.500.000, respectivamente, sin que estas actividades se ajusten a la función propiamente municipal.
• Municipalidad de Punta Arenas: no cuenta con un mecanismo de control para el cumplimiento de la jornada de trabajo del alcalde. Asimismo, se constató que los funcionarios de la Dirección de Desarrollo Comunitario, de esa entidad edilicia no realizan marcaje de horario de los trabajos extraordinarios efectuados fuera de las dependencias municipales.
• Municipalidad de Trehuaco: Contraloría evidenció que el municipio no justifica la autorización de horas extraordinarias y no mantiene control sobre el cálculo de éstas. También se verificó que la entidad edilicia mantiene contrataciones de familiares de funcionarios municipales.
• Municipalidad de Pemuco: Hubo inasistencias injustificadas de parte del personal, además de la omisión de marcación de entrada o salida de la jornada laboral, sin descuento, totalizando un monto de $731.916. Asimismo, se observó la existencia de horas extraordinarias ascendentes a 295 diurnas y 973 nocturnas que no cuentan con la debida justificación que respalde su realización.
Fuente: BioBioChile